28 de abril Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Según los datos aportados por el Ministerio de Empleo, 461 trabajadores y 23 trabajadoras fallecieron en 2017 en su puesto de trabajo, y 134 más en accidentes “in itinere” yendo o volviendo a él. En total 618 víctimas de accidentes laborales, 11 más que en 2016. A estas cifras habría que añadir aquellos fallecimientos que se producen posteriormente a que se haya rellenado el parte del accidente, y que el sistema de registro oficial no recoge.
Cifras de terror, a las que por supuesto los medios de comunicación mayoritarios no le prestan ni una milmillonésima parte de lo que le dedican al esperpento infame de la telebasura política y social, y a las que hay que sumar más de medio millón de accidentes laborales con baja, un 7% más que el año pasado los muy graves y un 2% más los graves, además de los miles de incapacitados e incapacitadas como consecuencia de la realización de su trabajo en condiciones inadecuadas, que quedan a merced del oscuro futuro de las pensiones, empeñados como están tanto los sucesivos gobiernos como los “agentes sociales” en desarticular lenta, sutil y “pactadamente” este pilar fundamental de la solidaridad entre la clase trabajadora.
No es casualidad que todos los sectores de actividad que han sufrido un aumento de la siniestralidad laboral son además aquellos donde la precariedad y la explotación resultantes de las sucesivas reformas laborales es mayor.
Construcción | +14,6% |
Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares | +10,9% |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | +6,9% |
Hostelería | +5,8% |
Industrias Manufactureras | +5,8% |
Transporte y Almacenamiento | +5,2% |
Comercio | +4,1% |
Contratos basura, subcontratación, salarios de pobreza, jornadas irregulares y abusivas e incompatibles con la conciliación de la vida laboral y personal o familiar, desprecio empresarial por el descanso adecuado y el tiempo libre de los trabajadores y trabajadoras, violencia psicológica, discriminación de género y represión del sindicalismo que no sea pactista, burocrático e incluso amarillo, son las condiciones habituales para millones de trabajadores y trabajadoras, y las que configuran las características del trabajo actual en el que la siniestralidad laboral es un mal menor para la ambición empresarial.
Lo peor de todo es que estas condiciones laborales la mayoría de las veces son fruto del pacto “social” entre las patronales y la burocracia sindical, que da lugar a convenios colectivos que normalizan la precariedad.
Un ejemplo es el convenio colectivo de Grandes Almacenes, donde tras la foto sonriente de la firma de los dos sindicatos mayoritarios con las multinacionales del sector se esconde la facultad empresarial de desregularizar la jornada laboral durante todo el año, el derecho a sólo seis fines de semana libres al mes sin posibilidad de disfrutar de ningún descanso más de dos días seguidos, al más puro estilo siglo XIX, o el derecho del empresario a “birlar” sin ningún problema la subida salarial anual restándola del complemento funcional.
Jóvenes, camareras de Piso, trabajadoras domésticas, falsos autónomos, trabajadores nocturnos y expuestos al amianto, jornaleros/as, y en definitiva, y poco a poco, todos y todas, sufrimos las consecuencias del desprecio de la salud para quien sólo piensa en su beneficio, y recortan o directamente no invierten en la prevención de los riesgos laborales aunque sea una obligación legal. Tampoco ayuda el ratio de un Inspector o Inspectora de Trabajo por cada 15.000 trabajadores aproximadamente, mientras en Europa la media es de uno/a por cada 7.300.
Por todo lo anterior desde co.bas pensamos que la protección de salud en el trabajo debe ser una lucha diaria de cada uno de nosotros y nosotras, sin delegarla en nadie, sobre todo en quien te dice una cosa y hace otra.
Y exigimos la derogación de todas las reformas laborales, la equiparación al ratio europeo de Inspectores/as de Trabajo, la gestión de las contingencias profesionales por parte de la Sanidad Pública, salarios y descansos que permitan vivir, pensiones dignas y la persecución del fraude, la explotación laboral y los incumplimientos en materia preventiva con todos los recursos necesarios.
PORQUE SUS RECORTES EN PREVENCIÓN MATAN.