Desde el Sindicato Cobas nos sumamos a las numerosas voces que desde otras organizaciones sindicales, Plataformas y Coordinadoras del personal temporal en fraude de ley, rechazan el mal llamado decreto de reducción de la temporalidad en el empleo público (Real Decreto-ley 14/2021), de 6 de julio, aprobado por una diferéncia mínima de un voto como proyecto de ley.
A la espera de las enmiendas que se presenten para su tramitación en el Parlamento y de ver por escrito como quedan las modificaciones introducidas en el último momento para salvar su aprobación, explicamos aquí algunas de las razones para su rechazo.
El gobierno «más progresista del mundo» nos deja «a los pies de los caballos»
El Icetazo es primo hermano del Acuerdazo de Montoro, que fue la chispa que encendió la indignación y la lucha del personal temporal en fraude de ley en las Administraciones, allá por 2017 y que ha demostrado ser un fracaso como mecanismo para acabar con la temporalidad.
Al igual que este, el nuevo acuerdo firmado con la burocracia sindical, pretende convertir los falsos procesos de estabilización, en la única y principal medida para reducir la temporalidad. Esto se traduce en la pretensión de que la Administración siga hasta 2025 con sus Ofertas de empleo público para estabilizar las plazas- que no a las personas que las ocupan- en fraude de ley.
Pero a diferencia de entonces, el nuevo Decreto pretende llevar a cabo estas Opes, infringiendo las reiteradas doctrinas del TJUE que han dejado muy claro que estos procesos de estabilización no son solución al problema de la temporalidad. Porque con ellos no hay sanción a las Administraciones incumplidoras y se castiga a las víctimas y no a los culpables.
Aunque el decreto pretende- según se reconoce en su exposición de motivos- sancionar el abuso y el fraude de temporalidad en la administración a futuro, las medidas que contempla no garantizan el cumplimiento de los objetivos de la Directiva Europea que llevan veinte años saltándose a la torera. Esto es; acabar con la precariedad laboral en la Administración pública. Es más, en su redacción original, abre la puerta a una reducción drástica de las plantillas en la Administración y/ o a la privatización de muchos servicios públicos, en una clara invasión de competencias de las CCAA.
Además de no solucionar a futuro el problema de la temporalidad en la Administración, pretende hacer «borrón y cuenta nueva» obviando y ocultando el fraude que cometieron las Administraciones en los últimos veinte años y que se mantiene, sin una sola medida efectiva que sirva de reparación a sus víctimas, que somos el personal en abuso de temporalidad.
Unas víctimas a las que ni siquiera se nos reconoce, porque el gobierno habla de 300.000 temporales en fraude de ley, pretendiendo ignorar que somos muchas más. Aproximadamente 800.000 trabajadoras y trabajadores, en un 70% mujeres, ya que hay muchas personas trabajando en puestos estructurales no reconocidos como tal.
Ni siquiera está claro que los y las actuales trabajadores/as temporales de la Administración, puedan acogerse a las medidas que contempla. En su redacción podemos leer que «las cuestiones relativas a la duración máxima del nombramiento del personal interino o contratación de personal laboral temporal,, así como los efectos y consecuencias previstas en este Acuerdo, incluida la compensación económica, sólo serán de aplicación a los nombramientos y contrataciones efectuadas con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma del TREBEP»
Ni nos van a regalar la plaza ni van a hacer fijo/a a nadie. Sólo intentan dividir al movimiento.
Pese a las mentiras o medias verdades que se han ido publicando en los medios, su arbitraria decisión de «otorgar» al personal interino que lleve diez años en esta situación la posibilidad de obtener su plaza únicamente por concurso de méritos, es un lavado de cara y un intento de dividir al movimiento.
Ya que el requisito exigido para ello es que esos diez años han de ser siempre en el mismo puesto, cuando es habitual que la Administración te obligue a rotar funciones a lo largo del tiempo. Además, se exige que tu puesto no haya salido nunca en ninguna convocatoria.
Como ha dejado claro ya el TJUE y recientemente en nuestro país el propio Tribunal supremo, el fraude no se da a los 10 sino a partir de los tres años. Pero es que además es muy difícil, por no decir imposible, encontrar alguien al que no le hayan sacado su plaza. Como reconoce el propio Decreto: «el desarrollo de estos procesos ha supuesto hasta el momento que más de 218.000 plazas (en fraude añadiríamos nosotras), se hayan incluido en Ofertas de Empleo Público de estabilización y que se encuentran convocadas más de 154.000″. Eso sin contar que muchas han salido a concursos de traslados o promociones internas a las que el personal temporal no puede optar por no ser funcionario.
Por si fuera poco y para quienes sí reúnan los requisitos, el concurso de méritos si es de libre concurrencia y no restringido, tampoco garantiza que l@s trabajadores/as afectad@s por el abuso, la mayoría de l@s cuales ya han superado un proceso selectivo, puedan conservar sus puestos.
En su tramitación se incorporó igualmente la posibilidad de que la fase de oposición pueda no ser eliminatoria, dejando esto a criterio de cada CCAA. Una enmienda con la que también pretenden dividirnos, pudiendo crear situaciones distintas según el territorio, como ya ocurre en la actualidad
Tampoco la inclusión en bolsas de interin@s específicas o en bolsas ya existentes, supone ninguna novedad. El Acuerdo deja claro que en dichas bolsas «se integrarán aquellos candidatos que habiendo participado en el proceso selectivo correspondiente y no habiendo superado este, sí hayan obtenido la puntuación que la convocatoria considere suficiente».
Gobierne quien gobierne, Nuestra fijeza y los servicios públicos se defienden
Es gracias a la intensificación de la lucha en la calle que llevamos a cabo de forma unitaria durante meses en todo el Estado, que hemos logrado romper el cerco mediático y ganar visibilidad. Y es también gracias a la presión política a todos los partidos parlamentarios por parte del movimiento, que evitamos que este Decreto se aprobase sin pena ni gloria como pretendía el gobierno.
Pero más allá de la votación parlamentaria, en casi todas las CCAA, los gobiernos ya pusieron en marcha sus falsos procesos de estabilización y no dudarán en aplicar el Decreto del gobierno si este logra aprobarse con enmiendas. No podemos equivocarnos con esto: en nuestra lucha por la fijeza, el movimiento interino tenemos enfrente A TODOS LOS GOBIERNOS, tengan el color que tengan.
La lucha del personal temporal en fraude es apartidista, pero no es apolítica. Además de nuestra reivindicación laboral, tenemos una política clara que guía nuestro accionar en la lucha por el puesto de trabajo: la defensa de empleo público de calidad en el presente y en el futuro y de unos Servicios públicos de calidad para todas y todos y contra su privatización directa o encubierta.
Por eso, pensamos que la única forma de conseguir la fijeza y lograr rodear esta lucha del apoyo y la solidaridad del resto de la clase trabajadora que necesitamos para ganar, es ligar esta a una lucha más amplia contra las políticas antiobreras y antisociales que con la excusa de la crisis, todos los gobiernos pretenden imponernos, llevando como bandera la defensa de que gobierne quien gobierne, el empleo y los servicios públicos no se venden, se defienden».Desde Cobas hacemos un llamado al conjunto del sindicalismo combativo de clase, a perseverar en este frente común tras el obligado parón veraniego.
