La patronal del campo recientemente lanzó la alarma de que faltaban unos 80.000 trabajadores y trabajadoras para las labores agrícolas, amenazando de que si no los conseguía, habría desabastecimiento a la población. Como respuesta a ese reclamo, el Gobierno ha publicado el Real Decreto Ley 13/20 sobre empleo agrario.
El decreto permite la incorporación de parados y de quienes estén cobrando el subsidio agrario, sin tener que renunciar a sus prestaciones. También alarga los permisos de trabajo para aquellos temporeros a quienes se les acabara durante el Estado de Alarma. Por último, a jóvenes extranjeros de 18 a 21 años, se les concede un permiso de trabajo temporal.
Sin embargo es falso que falte mano de obra. Lo que falta son condiciones dignas de trabajo. Los jornaleros y jornaleras del campo sufren condiciones de explotación abusivas e intolerables. No se respetan convenios ni legislación laboral: se trabaja más de lo estipulado, por menos sueldo. Además, las medidas de protección frente a la actual epidemia son inexistentes o son a cargo de los propios trabajadores.
La situación incluso llega a traspasar los límites más básicos de la dignidad humana, especialmente contra los trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Gran parte de los temporeros viven hacinados en condiciones infrahumanas (https://elpais.com/politica/2020/02/14/actualidad/1581695225_597400.html ), y se han registrado en más de una ocasión ataques físicos (https://www.publico.es/sociedad/jaen-patron-finca-apunala-migrante-contrato-no-seguridad.html ) o agresiones sexuales (https://elpais.com/politica/2018/06/09/actualidad/1528569474_339395.html).
El Gobierno, en lugar de acabar con esta situación, toma partido por la patronal, nutre de esclavos a los empresarios, facilitándole la incorporación de nueva “carne de cañón”, cuya situación de extrema necesidad le impide poder elegir. Especialmente sangrante es el caso de los jovencísimos inmigrantes a los que se les da un permiso de trabajo, para volver a darles una “patada en el culo” una vez que no sean necesarios. Trabajadores y trabajadoras que no son tratadas como personas, sino peor que animales de carga.
Lo que el Gobierno debería hacer es parar de una vez esta esclavitud en pleno Siglo XXI. La situación es bien conocida, la Inspección de Trabajo debe dejar de hacer la vista gorda:
- Es necesario hacer cumplir los convenios y la legislación laboral, y reconocer los derechos laborales y sindicales de los temporeros eventuales.
Que se habiliten viviendas dignas para todos los temporeros y temporeras que tengan que desplazarse lejos de su residencia.
Los trabajadores y trabajadoras extranjeros sin papeles deben poder regularizar su situación, extendiendo los permisos de trabajo no sólo durante esta emergencia, sino de manera permanente.
Simplemente aplicando estas medidas tan elementales, el problema de la “falta de mano de obra” desaparecería al instante.
