La mortalidad de las privadas duplica a la de las públicas, y casi la mitad (4.260) han muerto en las residencias madrileñas. Multinacionales y fondos buitre controlan el 75% de las plazas en centros de la tercera edad. El negocio mueve al menos 4.500 millones de euros anuales. La masacre del coronavirus, que ha provocado ya al menos 8.500 muertos en sus habitaciones, lleva años gestándose. Según publica kaosenlared.net se les puede denominar Aparcamientos de Ancianos, S.A.
8.538 ancianos muertos por Covid-19 en las residencias, el 58% de los fallecidos en España.
Al menos 8.500 ancianas y ancianos fallecidos –el 58% del total de los muertos por coronavirus en España según los datos publicados el 8 de abril, de los que casi la mitad (4.260) han muerto en las residencias madrileñas. Cadáveres abandonados durante horas o días. Personal (religioso, sanitario y auxiliar) dándose a la fuga o confinándose con los enfermos para cuidarlos. Trabajadoras muy precarizadas –un 90% del total son mujeres–, sin medios ni formación para abordar el problema. Responsables empresariales y regionales mirando hacia otro lado. El Gobierno, desbordado, y obligado a enviar al Ejército para intentar averiguar el alcance del brote y contenerlo… La situación que se vive desde hace semanas en los centros de mayores por los contagios del Covid-19 es una tragedia cuyo balance final tardaremos en conocer. Pero lo peor es que es un drama no del todo imprevisto.
Hace ya un año, en la revista CTXT, Nuria Alabao contaba lo siguiente: «Respecto a las desigualdades entre regiones, probablemente el caso de Madrid sea uno de los más extremos. Las residencias de ancianos sufren falta crónica de personal –tanto las públicas, como las privadas– y están infrafinanciadas. La lista de los problemas que trascienden es de absoluto terror: comidas con cucarachas; ancianos que fallecen y nadie se da cuenta hasta el día siguiente o incluso muertes directamente relacionadas con la desatención –como la de una anciana cuya pierna quedó semiamputada por los barrotes de su cama una noche en la que un solo enfermero tenía que atender a más 340 residentes–. O como el caso de la Residencia de la Fundación Reina Sofía Alzheimer –gestionada por Clece [propiedad de Florentino Pérez]–, donde la empresa está despidiendo a las trabajadoras que recientemente denunciaron falta de material y de medios. Un lugar donde no había pañales o sábanas para cambiar a los ancianos que a veces tenían que pasar días sobre su propia orina. Mientras, esta gran empresa es capaz de mantener salarios de cuidadoras de 600 euros al mes por jornadas completas mientras declara millones en beneficios».
Los testimonios y los datos recogidos ahora para estos reportajes indican que los problemas se empezaron a gestar hace 15 años, y se agudizaron desde 2012 con los recortes y la fiebre privatizadora. Muchas residencias para ancianos poco tienen que ver con el modelo familiar y casi idílico que ofrecen sus anuncios. Son más bien factorías de la atención, aparcamientos de abuelos gestionados con espíritu de eficiencia mercantil, muchos de ellos por fondos de inversión no especializados; y su principal característica es la precariedad.
“Muchos trabajamos en turno partido, pero tenemos que tener disponibilidad total. Por esto hay muchas gerocultoras que trabajan en hasta dos y tres centros. Médicos y enfermeros ganan mucho menos que en el sector sanitario, por lo que tampoco se quedan, y el seguimiento se resiente”, comenta Pilar Ceprián, afiliada a CC.OO. y gerocultora desde hace más de 25 años.
El mercado de las residencias de la tercera edad lleva más de cuatro años creciendo a un ritmo superior al 4% interanual
Según los últimos datos publicados por el IMSERSO, de los 5.457 centros residenciales que hay en España, cerca de un 75% son de titularidad privada. Es decir, más de 4.000 centros pertenecen al sector privado, mientras que apenas llega a 1.400 el número de residencias públicas. El sector, integrado por más de 150 gestoras de centros y servicios, alcanzó unos ingresos superiores a 3.500 millones de euros en 2016 en España, según datos de Alimarket. Tres años después, en 2019, el negocio de la atención a mayores mueve más de 4.500 millones de euros al año y no deja de aumentar. Según la consultora DBK Informa, el mercado de las residencias de la tercera edad lleva más de cuatro años creciendo a un ritmo superior al 4% interanual.
Y sin embargo, la realidad en los centros dista mucho de ser boyante. “No tenemos EPIs [Equipos de Protección Individual] y no hay manera de confinar a los residentes porque en muchas residencias están hacinados”, cuenta María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora de Residencias 5+1, que agrupa a familiares de internados en varias residencias catalanas. “¿Cómo se van a diagnosticar los casos si en muchos centros durante la noche hay solo una gerocultora por planta, a cargo de 28 personas?”, añade Ceprián. “Se recorta por los trabajadores, y el problema laboral se convierte en un problema asistencial. Falta material desde mucho antes del Coronavirus, y no se retiene a las plantillas porque están mal pagadas y sobrepasadas de trabajo”, explica la sindicalista.
Desde el año 2012 el Sistema de Dependencia acumula un recorte en los Presupuestos de 5.864 millones
“Se está mandando a plantillas enteras a casa por contagio, y luego se sustituyen sin filtro, con personal que a veces abandona el mismo día por el estrés”, dice Raúl Camargo, dirigente de Anticapitalistas y exdiputado de la Asamblea de Madrid, quien en la legislatura pasada impulsó una proposición de ley para regular estos centros. La propuesta no salió adelante porque PP y Ciudadanos la rechazaron.
El contexto general explica que los recortes neoliberales y las privatizaciones masivas han agudizado esos problemas. Según el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, desde el año 2012 el Sistema de Dependencia acumula un recorte en los Presupuestos Generales del Estado de 5.864 millones de euros. España cuenta con una de las poblaciones más envejecidas del mundo: en 2030 se calcula que habrá más de 15 millones de habitantes por encima de los 60 años. La tercera edad es un mercado cautivo que requiere servicios asistenciales permanentes. El Estado y las Comunidades Autónomas comparten la financiación, teóricamente al 50 por ciento, pero la proporción se ha ido escorando y algunas CC.AA. pagan hasta un 80%. El país no tiene suficientes plazas públicas de residencia: hay entre 376.000 y 381.000 en total y harían falta como mínimo 18.000 más para alcanzar las 5 camas por cada 100 mayores que recomienda la OMS.
Muchas Comunidades han ido derivando o subcontratando plazas –los casos de Madrid y Galicia son paradigmáticos: el 80% de las residencias son privadas–, a grupos multinacionales. Aunque hay excepciones. En Canarias, el sector privado domina un 46% del total de plazas (un 50,5% en la provincia de Tenerife y el 39,8% en Las Palmas), pero la oferta pública no está cubriendo las plazas necesarias y va cediendo terreno al negocio privado.
En Catalunya, hace apenas un mes, un comunicado conjunto de sindicatos, asociaciones, colegios profesionales y patronales advertía de que el aumento previsto de 141 millones en los aplazados presupuestos era insuficiente. Patronales y sindicatos difieren en las soluciones, pero coinciden en el diagnóstico de algunos de los males endémicos del sector: escasa financiación que revierte en sueldos escasos –generalmente, en torno a unos 974 euros mensuales–; ratios muy elevadas de residentes; jornadas partidas, externalización de servicios, poca retención de los sanitarios y una gran precariedad general.
Es un sector altamente feminizado –hasta un 90% según algunos expertos–, en el que la formación es escasamente valorada y las plantillas suelen rotar mucho
Se trata de un sector altamente feminizado –hasta un 90% según algunos expertos–, en el que la formación es escasamente valorada, por lo que las plantillas suelen rotar mucho. María, que prefiere utilizar un nombre ficticio, es un ejemplo: lleva cinco años trabajando en distintos centros madrileños. Ahora es enfermera en una residencia del sur de la capital, uno de los 420 centros privados que, según los datos del IMSERSO, existen en la Comunidad de Madrid, por solo 72 públicos. También es una de esas residencias donde la CAM, a través de los fondos regionales, financia plazas públicas. Es decir, compra plazas, o las concierta, en centros de gestión privada. “Al final es un negocio y la gente quiere hacer dinero. Ahí la salud y el bienestar de la gente es secundario”, dice María.
Desde su experiencia, subraya que los problemas más graves son la falta de control y unos servicios ineficaces. “He trabajado en centros carísimos situados en buenas zonas y el servicio es pésimo. Realmente la gente recibe un 30% de lo que se ofrece al principio. Si en alguno de esos sitios entra el virus, no me quiero imaginar el horror”.
En estos días, desde que los brotes de Covid-19 entraron en las residencias, las autoridades solo se han puesto en contacto con ellos en una ocasión, comenta María durante la entrevista [a 24 de marzo]. Fue la Guardia Civil. El Ejército, que ha entrado ya en más de un millar de centros, todavía no ha pasado por allí. Según María, desde que sucedió el terrible incidente de Monte Hermoso –fallecieron 20 personas–, los responsables públicos se han puesto “algo más serios”, pero la sensación general es de “abandono”.
El 50% del total de fallecidos registrados en Madrid –4.260 ya el 8 de abril– procedían de residencias
La crisis de las residencias ha provocado una grave fractura política en la CM. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha arrebatado las competencias a Políticas Sociales, consejería en manos de Ciudadanos, para dárselas a Sanidad, controlada por el PP. La decisión se tomó después de que, el 26 de marzo, la consejería de Asuntos Sociales informase de que un total de 1.065 ancianos habían muerto en las residencias madrileñas en lo que iba de mes. Esto supone que han fallecido alrededor de un 2% de las 52.031 personas mayores que viven en las 475 residencias de la región. El dato implica que el 50% del total de fallecidos registrados en Madrid –2.090 el 26 de marzo– procedían de residencias.
Estado y Comunidades, que han recortado juntos la atención a la dependencia, se han ido pasando estos años un problema que se ha disimulado con la externalización. Dado el retraso en la concesión de la dependencia –la ley marca seis meses de plazo máximo, pero puede alargarse más de dos años, como pasa en Canarias–, se ha apostado todo a las subvenciones finalistas por número de camas. Los controles, ya escasos en circunstancias normales, se han revelado del todo insuficientes.
“Una carnicería”
¿Quién ha salido ganando de esta situación? El negocio de la asistencia a mayores está cada vez en menos manos. Del modelo cuasi familiar se ha pasado en menos de una década a la concentración de fondos nacionales y europeos, que ya controlan el 23% del mercado, según el observatorio sectorial DBK. La gestión de residencias es una perita en dulce: entre 2015 y 2017 atrajo más de 2.000 millones de euros en inversiones, según la consultora CBRE.
Seguir el entramado de fusiones y adquisiciones de los grupos que operan en el mercado español no es sencillo. Muchos tienen su origen en Francia y han ido consolidando una agresiva estrategia de compras de grupos españoles mediante fondos de capital riesgo, que han visto en el sector de la dependencia un refugio. La burbuja es tan grande que, según un informe de la consultora Angomed, los precios de los activos en residencias privadas se incrementaron un 50% de media en 2019, lo que pone aún mayor presión en el recorte de costes asistenciales para hacer cuadrar las cuentas de resultados.
Del modelo cuasi familiar se ha pasado en menos de una década a la concentración de fondos nacionales y europeos, que ya controlan el 23% del mercado
“Se trata de una carnicería anunciada”, resume el exmiembro de Unidas Podemos Raúl Camargo. “La mayor parte de estas residencias pertenecen a fondos buitres (como Azora, cuya consejera delegada, Concha Osácar, muy oportunamente es patrona del ICO), o a empresas que han entrado en el sector durante los últimos siete u ocho años sin tener ningún conocimiento sobre el mismo”.
“En Madrid, y sucede de un modo similar en el resto del país”, continúa Camargo, “acceden al negocio mediante un contrato marco que establece un precio por plaza y día tan bajo –en torno a los 54 euros– que algunas ni siquiera aceptan. De este precio, además, tienen que sacar sus beneficios, así que imagínate por dónde deben recortar…”.
Mortalidad privada
Camargo considera que las cifras dejan claro que la privatización del sector es la gran culpable de la masacre que hemos vivido estos días, cuyo balance final todavía no se conoce. “En Madrid, la mitad de los infectados están en residencias, y la mortalidad de las privadas casi duplica a las de las públicas. Y esto es extrapolable a lo que pasa en otros sitios”. A fecha 26 de marzo, las cifras oficiales de la CM contabilizan 102 fallecidos en residencias públicas y 999 en privadas (con tasas de mortalidad respecto a las plazas totales de un 1,6% y un 2,1% respectivamente).
La proporción es aún peor en el País Vasco, de los 24 muertos que había hasta el 26 de marzo en residencias de la tercera edad, 22 se habían producido en el centro privado San Martín de Vitoria, que gestiona Sanitas Mayores. El número de centros afectados se eleva ya a un centenar, la mayoría de ellas privadas, con un balance provisional de 121 infectados: 45 en Álava, 33 en Bizkaia y 43 en Gipuzkoa. Las diputaciones controlan 155 de las 432 residencias que hay en la comunidad. Las 277 restantes están dirigidas por empresas como Eulen, Sanitas, Albertia SL, Etorkizuna SL o Repregrepis.
En Catalunya, el dato que se conoce a esa fecha es de 150 fallecimientos en centros, pero no se ha desglosado por tipo de residencia, y hasta hace apenas dos días la Generalitat sólo facilitaba la cifra de contagiados. Hay 94 residencias afectadas, con 310 casos detectados. La de Santa Maria del Tura d’Olot, con siete muertos (sólo uno de los cuales había sido testado) es del Instituto de Religiosas San José de Girona. Y en Galicia se han registrado cinco fallecidos, todos ellos en residencias privadas. Y tres de ellos en centros gestionados por el grupo DomusVi.
Empresas, fondos y responsables
DomusVi es la principal operadora de residencias en España (Geriavi SAU). De capital francés, posee 25.000 camas y 198 centros en todo el Estado, y es resultado de la unión de Geriatros y SARquavitae, propiedad del fondo británico ICG y el francés SRS, que a su vez es el vehículo de inversión de Yves Journel, una de las fortunas más acaudaladas de Francia. Tiene un capital suscrito de casi 67 millones de euros, y su presidente es Sylvain Rabuel, quien antes estaba al mando de los clubs de vacaciones Club Med.
Orpea, el segundo grupo del país, también tiene capital francés. En su página corporativa, cuya última nota de prensa se titula “2019, un año de fuerte crecimiento”, cuesta encontrar nada sobre el coronavirus. Tampoco aparece en la página personal de su consejero delegado, Yves Le Masne, pese a que sus residencias atienden a diario a 8.000 personas en nuestro país.
Amavir, que también opera unas 8.000 plazas –en las que se cuentan también las de centros de día–, pertenece al grupo Maisons de Famille, que a su vez pertenece al holding Creadev (propietario de Alcampo, Decathlon, Leroy Merlin y Norauto, entre otras). Su consejero delegado es Patrick Arrosteguy.
Las dos siguientes en tamaño son una británica y una española. Vitalia (comprada a Portobello Capital por el fondo británico CVC Capital Partners), que gestiona 6.000 plazas en todo el Estado, anuncia en su web un plan de inversión que le permitirá llegar pronto a las 10.000. Ballesol controla 7.000 plazas. Su presidente ejecutivo y consejero delegado, José Ignacio Vivas, es también presidente de AESTE, la principal patronal de las operadoras de residencias españolas (cuyos objetivos son la “creación de valor para los operadores”, la “estructuración del mercado de trabajo”, y la “comunicación a la sociedad”), de la que forman también parte empresas como Eulen Sociosanitario, Caser o Sanitas Mayores.
Por debajo, el panorama no es mucho mejor. “Han entrado muchas empresas sin ningún tipo de experiencia en el sector que se han enriquecido gracias a los contratos públicos”, comenta Camargo, quien menciona el caso de Aralia, cuyo dueño, José Luis Ulibarri, forma parte de los sumarios de las tramas Gürtel, Púnica y Enredadera; y el de Albertia, controlada por el grupo La Rioja Alta, que se dedica a… los vinos.
En el negocio de las residencias hay también constructoras (ACS, Sacyr, Eulen), aseguradoras (BUPA, Santa Lucía), y unas pocas entidades del tercer sector, sobre todo religiosas, “que tampoco lo hacen mejor”, según Camargo. Por ejemplo, la Fundación San Rosendo, muy beneficiada por los gobiernos de Fraga en Galicia, y promovida por un cura, don Benigno, que fue condenado a pena de cárcel por quedarse con el dinero de una residente –pronto sería puesto en libertad por una supuesta enfermedad.
No es que los problemas de estas residencias sean novedad. En Canarias, por ejemplo, la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno autonómico ha clausurado en sólo dos años un total de ocho residencias de mayores tras las denuncias presentadas por la Fiscalía de Protección de Personas con Discapacidad que, tras realizar 114 visitas a residencias y centros de día, detectó “irregularidades en alguno de ellos con resolución administrativa de cierre definitivo y firme en vía contenciosa”, según la memoria del Ministerio Público de 2018. “Las residencias públicas cumplen los estándares bien”, pero “en las privadas unas cumplen por encima y otras operan al margen de la ley”, señala el informe.
Aunque se habló de la rápida respuesta de la UME, esta cuenta sólo con 3.000 efectivos, lo que a todas luces no basta
¿Qué pasará ahora? ¿Se regularizará el sector? ¿Se investigarán a fondo los casos de ancianos fallecidos y abandonados? El 25 de marzo, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, se reunió telemáticamente con sindicatos y patronales para abordar la emergencia y intentar plantear futuras medidas. Unos y otros le reiteraron la necesidad de que se dote inmediatamente a las residencias de EPIs y tests rápidos. Aunque se habló de la rápida respuesta de la UME, esta cuenta sólo con 3.000 efectivos, lo que a todas luces no basta; y se discutió sobre cómo cubrir las vacantes que la enfermedad está produciendo. Se sugirió incluso la idea de utilizar voluntarios o personal militar. Según los sindicatos, la reunión concluyó con una reflexión sobre la necesidad urgente de reordenar integralmente el sector en clave estratégica.
El Gobierno, que ha preferido no hacer comentarios para este reportaje, ha habilitado un fondo extraordinario de 300 millones de euros, y ha introducido la flexibilización en las titulaciones de los cuidadores para facilitar la contratación; una orden publicada el 28 de marzo en el BOE declara los servicios sociales como servicios básicos.
Por su parte, la Coordinadora de entidades del tercer sector ha anunciado que se personará como acusación particular en la investigación de la Fiscalía del Estado que deberá determinar las negligencias que hayan podido darse en las residencias donde el ejército encontró cadáveres.
Camargo propone soluciones claras. “El Estado debería intervenir y poner un funcionario a controlar cada residencia, puesto que las operadoras no son capaces de gestionarlas. Repartir los recursos con el ámbito sanitario, utilizar los médicos militares para atenderlas, y parar esta matanza. Y cuando esto pase, darnos cuenta de que necesitamos que sea un sector totalmente público”.
Una reordenación en la que nos jugamos el futuro, y la vida, de nuestros abuelos y abuelas. La disyuntiva es cruda, pero la pueda entender cualquiera: ¿preferimos que sus cuidados dependan de los fondos buitres o del Estado?
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Este reportaje ha sido elaborado con información de Mar Calpena, Ana Sharife, José Luis Marín, Xosé Manuel Pereiro y Gorka Castillo, e información suplementaria de Alberto García Moyano.
