Desde los ochenta las privatizaciones han sido una práctica común. En España, a partir de la entrada en la Comunidad Económica Europea, la competencia propia de la política económica liberal se ha convertido en la prioridad y en la justificación de la venta de empresas públicas al sector privado y de la contratación externa de servicios públicos a empresas privadas .La espiral de reducción de gastos por un lado y de búsqueda de rápida liquidez por otro, ha puesto en jaque los servicios esenciales, el bienestar de la ciudadanía y el mantenimiento de las funciones sociales básicas.
La sanidad, la vivienda, la educación, el empleo o el desarrollo social precisan de unes políticas públicas comprometidas con la resolución de los problemas que afectan la calidad de vida y los derechos fundamentales de tod@s y no solo de quienes los pueden pagar. El tan vitoreado Estado del Bienestar es una conquista de la clase trabajadora y debe garantizar, en igualdad de condiciones, el acceso a los Servicios públicos. Cuando los gobiernos no invierten en ellos, todos se resienten, pero especialmente las mujeres, que deben asumir mayor trabajo y en peores condiciones, ya que son ellas las que sostienen el trabajo de cuidados.
La privatización ha propiciado que empresarios y políticos hayan hecho negocios millonarios, administrando su poder de manera totalmente corrupta y llevándonos a la pérdida de derechos laborales y sociales, demostrando que este sistema no prioriza la vida ni los derechos fundamentales de las personas sino la obtención de beneficios económicos.
“Lo público” hace referencia a lo que atañe al colectivo, a lo abierto; mientras que “lo privado” atañe al interés particular, a aquello que está vedado; así que aunque por definición, lo público debiera proteger a los más vulnerables, no vemos freno al deterioro del sistema sanitario público, con el consiguiente incremento de las listas de espera y paralelamente, de los seguros privados. La sanidad no puede ser un negocio, como tampoco los centros sociosanitarios y de los cuidados en la dependencia.Nuestros mayores y dependientes se merecen unos servicios públicos de calidad en el que primen los cuidados, el respeto y la dignidad, y no ser un negocio más de este sistema.
Tampoco vemos freno a los recortes en salud, educación, ciencia y servicios sociales que evidencian la gran mentira de que el sector privado es siempre más eficiente que el público para gestionar lo de tod@s.
