Entre gestionar la desprotección o implementar alternativas sociales y sindicales
La búsqueda de beneficio en la gestión de pisos para menores tutelados se traduce en la precarización de sus trabajadores; pero hay otros modelos, como el de la CEMU de Leganés.
Nicolás y Gloria fueron contratados por Grupo Educativo a principios de 2016 para ejercer su profesión como técnicos superiores en integración social en unos pisos para menores tutelados en Rivas. Sin embargo, realizaban las funciones de educadores y en su contrato figuraban como monitores. También sus compañeros. “Esta práctica se da en muchísimos centros porque a la Comunidad de Madrid le presentan que tienen los profesionales adecuados, pero se desentiende de si están contratados de una manera o de otra”, asegura Nicolás.
Además, observaron que en la plantilla había una persona menos contratada (nueve en las dos viviendas) de lo que exige el pliego (11, 5,5 por vivienda) y averiguaron que el salario de los demás era superior al de ambos. En ese momento comenzaron a reclamar sus derechos laborales y acudieron a la representante sindical de la empresa (de UGT). Sin embargo, se quedaron perplejos cuando vieron que su posición consistía en “disculpar a la empresa”. “Al ver que esta representación sindical no estaba dispuesta a defender nuestros derechos, fue cuando decidimos organizar una sección sindical de Co.Bas”, cuentan.
Tutifruti de empresas
Grupo Educativo Escuela de Ocio S.L. es una de las empresas a las que la Comunidad de Madrid ha externalizado la acogida residencial de menores de entre 12 y 18 años en situación de guarda o tutela. Asimismo, aglutina a otras tres empresas: Campa. Ocio y Tiempo Libre S.L., Actividades Escolares S.L. y Fundación GE Social. Todas ellas comparten administrador: Francisco Vicente Roselló Baldó.
La adjudicación se firmó en 2006 entre el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) y la unión temporal de empresas GE Escuela de Ocio S.L. con la colaboración de Fundación La Caixa y Fundación Banco de Alimentos de Madrid. Ya en ese momento, el IMMF le aportó a la adjudicataria dos pisos con ocho plazas cada uno, en Rivas-Vaciamadrid, en los que sigue a día de hoy. Dos aspectos que no pasan desapercibidos en el pliego de la adjudicación son la duración de la prórroga y la valoración de las ofertas presentadas a concurso. Por un lado, tal y como recoge el documento, existe la posibilidad de prórroga cada uno o dos años durante 25 años debido a que, en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, no se consideran servicios sanitarios. Y así ha sido hasta el momento.
En la prórroga de 2016 se detalla que la “ejecución se llevará a cabo por el mismo adjudicatario (…) por importe máximo de 377.184,96 euros (IVA excluido)”, lo que significa una cantidad por plaza ocupada y día de 64,41 euros (también sin IVA). Respecto a la valoración de las ofertas, la puntuación máxima es cien puntos, distribuidos en dos criterios: la calidad de la oferta (70) y el presupuesto (30). En este segundo, obtendrá mayor puntuación la oferta más económica. ¿Y cómo se consigue una oferta más económica? Para Nicolás, está claro: “O reduzco de mis trabajadores o de la intervención que desarrollo con los chavales”.
Miedo a represalias
En este sector son muy pocas las empresas que consiguen los concursos. Por ello, el miedo a futuras represalias o al posible cierre de la empresa provoca que la mayoría de los trabajadores renuncien a exigir sus derechos. Nicolás está convencido: “Todo el mundo tiene miedo porque son empresas muy grandes, con mucha importancia en el sector, incluso con ciertos contactos”.
Aún así, ellos han acudido a los tribunales para defender su profesión: “¿Hasta qué punto estoy aceptando cosas que son irregulares o ilegales, dando por hecho que se hace así y no pasa nada?”, se pregunta Nicolás, quien recuerda indignado: “El argumento era que la empresa no está ganando lo suficiente; cuando a mí me vienen con esto en un servicio como este, me hierve la sangre. Y ¿cómo lo va a ganar la empresa?, ¿a costa de mis derechos? ¿A costa de los derechos de los menores? Porque eso era lo que estaban planteando”. Nicolás afirma que, si queremos proteger a los menores, “hay que denunciar cómo está montado todo el servicio de protección a la infancia”. Gloria añade que, “con tantos chavales y tan pocos recursos humanos, al final no podemos darles una atención como nos gustaría”.
Y es que, con el sistema de externalización empleado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, cada recurso destinado a los menores es gestionado por empresas diferentes con maneras diferentes de trabajar. En la opinión de estos profesionales, debería haber un ente público que coordinase todo, encarnado, por ejemplo, en la Comisión de Tutela.
“Hay un muy escaso control de lo que se hace por parte de la Comunidad de Madrid. Al final la tutela es suya, lo que pasa es que la delega a empresas, que son las que deciden cómo se interviene con los chavales, qué recursos invierten en ellos… Es difícil esta manera de funcionar y que sea positiva porque entran unos intereses en la variable que no deberían entrar”. A pesar de que la Comisión de Tutela debe velar por los niños y niñas tutelados, este técnico considera que lo es así “en teoría” porque “al fin y al cabo hace una labor que es eminentemente administrativa”.
La gota que colmó el vaso fue un grave incidente que ocurrió en el centro estando Nicolás al frente de los dos recursos, debido a que no se cubrió la baja de Gloria, a pesar de que ella avisó con tiempo suficiente. Ella es tajante ante este hecho: “Ese fin de semana explotamos ante la desprotección del menor porque Nico se encuentra en una situación límite solo”. Teniendo toda la información recopilada, contactaron con la dirección “para que revisasen lo que estaban haciendo”.
No solo denunciaron este hecho, sino también los incumplimientos de los pliegos del contrato. Nicolás narra cuál fue la reacción por parte de la empresa: “La directora del centro nos dijo claramente: ‘Sabéis lo que hay aquí, ¿no? Si no os gusta, os vais’. ¡Y yo no puedo dejar de trabajar! Ese es un planteamiento que solo te hace alguien que a lo mejor no necesita trabajar para vivir. Y así se lo dijimos”.
Esas funciones de dirección las encarna Aurora Martín González, también miembro del grupo municipal del Partido Popular en la Junta de Arganzuela. El Salto ha contactado con ella para preguntarle cómo se gestiona un piso tutelado, los servicios que ofrecen a los menores, el papel de la Comunidad de Madrid y por la labor de los profesionales, pero no ha accedido a responder; únicamente ha aclarado que “la Comunidad de Madrid se porta perfectamente y los educadores son de vocación porque, si no, este trabajo no podrían realizarlo”.
Si algo comparten ambas partes, aunque sea desde planos diferentes, es la opinión sobre la esencia vocacional de esta profesión. Gloria recuerda haber tenido que ir al hospital con un chaval cuando ya había acabado su jornada. “En cualquier otro trabajo dirías: me da igual, manda a alguien, que yo me piro. Pero ellos saben que no vas a dejar al menor solo, porque algo te une a él; convives muchas horas con ellos, se convierten en alguien importante en tu vida y es una situación de la que la empresa se aprovecha”.
El pasado 11 de mayo, Nicolás y Gloria fueron despedidos. La reivindicación de todos estos meses llegará posiblemente a su meta en la sentencia de dos juicios: por un lado, han interpuesto una demanda de cantidad y derechos por la diferencia salarial entre sus funciones marcadas y realizadas como educadores, y su contrato como monitores; y por otro lado, una demanda por despido nulo por vulneraciones de los derechos fundamentales, en concreto, el de la libertad sindical y el de la indemnidad, es decir, el de poder reclamar los derechos ante los órganos pertinentes.
Este juicio ya se ha realizado y, aunque al cierre de esta edición se desconocía la sentencia, ellos tienen esperanzas. “El Ministerio Fiscal dejó bien claro que se había vulnerado nuestro derecho a la libertad sindical; esto es una cosa gravísima y muy pocas veces se pronuncia así porque es muy difícil demostrarlo. Pero se presentaron varias pruebas que evidenciaban que la causa del despido había sido la acción sindical”, señala Nicolás.
Pedagogía de la ética
Sin embargo, hay excepciones en el turbio ámbito de la protección de los menores. Uno de ellos es la Ciudadescuela de los Muchachos (CEMU), un proyecto creado en 1970, ubicado en Leganés. Su fundador es Alberto Muñiz Sánchez, apodado ‘Tío Alberto’, un reconocido arquitecto, poeta y pintor con una clara dedicación a la infancia y juventud con carencias o problemáticas. No sin detractores de su sueño hecho realidad —pues llegaron incluso a acusarle de corrupción de menores, señalamiento del que quedó absuelto en 1990—, diseñó un proyecto educativo por y para esa chavalería que emula una ciudad con todos los servicios —escuela, residencias, barrios, ayuntamiento, radio, peluquería, ágora, albergue, granja, piscina y fiestas populares—, en la que aún, a día de hoy, se crece y educa en valores de respeto, libertad y ciudadanía. Una ciudad en la que ya en sus orígenes vivían y practicaban la democracia mientras el resto del Estado sufría la dictadura de Franco.
El pasado 9 de octubre la comunidad cemunera ejerció de nuevo su derecho a voto para elegir la alcaldía. “Las candidaturas presentan un proyecto, mandan emails, porque también hay voto por correo, tienen sus dípticos y dan sus discursos en las asambleas para que la gente les vote y el día de la votación, votamos todos con nuestro pasaporte o visado”, nos cuenta Noé García-Quijada, coordinador de la residencia de la chavalada de 4 a 12 años.
Marisol Martín, por su parte, es la coordinadora de la residencia de adolescentes, y señala: “A diferencia de las elecciones de fuera, aquí el segundo más votado es el teniente alcalde. Tienen que unirse y entenderse”. Con el apoyo de los educadores, toman decisiones que atañen a la CEMU, desde la celebración o no de Halloween, hasta los castigos a sus propios compañeros.
La CEMU cuenta con sus propias instalaciones e integra a dos grupos: los externos, que es el alumnado del colegio, y alrededor de 55 derivados por la Comunidad de Madrid que, por diferentes razones, están en situación de guarda o tutela. Según recoge su web: “El hecho de convivir diariamente en un ambiente ‘normalizado’, con una mayoría de niños ‘sin problemas’, no les infiere el sentimiento de marginación de los centros donde solamente conviven seres tipificados como reformatorios, asilos, etc”.
Marisol y Noé nos cuentan cómo aterrizan en la residencia los primeros días: “Al principio los chicos llegan muy amenazantes, con la palabra ‘denuncia’ en la boca, pero enseguida se les pasa. Se vinculan rápido. Ven que esto es un centro abierto y al final conectan”. Noé continúa: “La clave de este centro es el entorno, que favorece muchísimo, la libertad con responsabilidad, la democracia directa también”. Marisol añade: “Y el diálogo, la palabra, que somos muy cariñosos los educadores y tenemos mucha paciencia”.
El caso de Jimy es especial. Hoy es el responsable de cocina de la CEMU, pero realmente llegó en 1981, con 12 años. Se crió en un barrio marginal de Palma de Mallorca y hacía lo que veía: “Yo necesitaba salir de ese entorno porque con siete años había visto cómo mataban a un hombre a punta de pistola y ya había dormido en comisaría”, cuenta. “Eso era un bucle y un juez que conocía al Tío Alberto y que sabía el buen resultado de otros chavales que habían estado con él, me mandó a la CEMU; aquí vi que había más niños con los mismos problemas que yo y, sobre todo, encontré alguien que me dijo: ‘Tú tienes una oportunidad y te la vamos a dar’. La CEMU fue mi salvación”.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/educacion/menores-tutelados-desproteccion-comunidad-madrid
