En Marzo de 2017, los sindicatos mayoritarios (CC.OO, UGT Y CSIF) firmaron un acuerdo con el gobierno de Rajoy, que se vendió como una macrooferta de empleo público que permitiría bajar la alta temporalidad al 8% en tres años, al tiempo que daba la oportundidad de consolidar a miles de empleados públicos temporales. Lejos de eso, se trata de un ERE encubierto en las Administraciones que abre la puerta a una privatización aún mayor de servicios públicos esenciales.
Más de 700.000 empleados públicos, ya sean interinos, personal laboral, estatutario o indefinido no fijo, tendremos que presentarnos a un concurso-oposición, cuyas convocatorias quedaron en manos de los gobiernos autonómicos. Quienes no aprobemos iremos a la calle. Estamos hablando de un colectivo con 10,15, 20 o incluso 30 años de servicio, que ronda los 40-50 años de edad, con cargas familiares y donde en algunos sectores, la gran mayoría son mujeres.
En este tiempo, se han creado Asociaciones y/o Plataformas, para agrupar al personal afectado que han recibido el apoyo de distintos sindicatos como Cobas, que rechazamos desde el principo este acuerdo infame. Desde ahí, se han puesto en marchas distintas iniciativas: concentraciones, demandas judiciales, impugnación de las sucesivas OEPs (Ofertas de empleo público) o reuniones con grupos parlamentarios. Esto último ha permitido poner en marcha una ILP (Iniciativa Legislativa popular) en Andalucía o presentar una PNL (Proposicion no de ley) en la Asamblea de Madrid, que abren la posibilidad aún muy incierta, de lograr nuestra estabilidad mediante un concurso de méritos; si bien SÓLO para algunos sectores y no en todas las Administraciones.
¡Por un plan estatal de lucha y movilización en las calles, hasta lograr nuestra estabilidad!
En estos meses logramos visibilizar nuestra situación y demanda de soluciones justas, conformes a la ley, para que TOD@ podamos regularizar nuestra situación administrativa en base a la valoración exclusiva de nuestra experiencia y años de trabajo en el puesto. Muchas de las sentencias que salieron reconocen nuestra situación en fraude de ley por abuso de temporalidad, de quienes llevamos años cubriendo necesidades estructurales.También la equiparacion del personal interino, laboral o estatutario temporal en fraude de ley, al personal indefinido no fijo, lo que nos da cierta protección y derecho a una indemnización en caso de cese o despido, que antes ni siquiera teníamos.
Si bien aplaudimos todos estos avances, creemos que persisten varias debilidades y peligros que de no superarse, nos impedirán ganar esta lucha. En primer lugar, aún predomina la dispersión y la falta de coordinación entre los distintos sectores de empleados públicos en lucha.
En segundo lugar, creemos es necesario hacer un mayor trabajo de explicación entre nuestros compañeros y compañeras, porque predomina la desinformación o la apatía y resignación, donde la mayoría no ve otro horizonte que ponerse a estudiar para mayor negocio de academias y sindicatos cómplices del Acuerdo.
En tercer lugar, opinamos que hay una confianza excesiva en la judicialización del conflicto y en una salida institucional o parlamentaria de nuestro problema. Por más que algunas sentencias nos hayan sido favorables, la realidad demuestra que este sistema judicial no está al servicio de los trabajadores y trabajadoras, sino para favorecer los intereses de empresarios, banqueros, políticos y gobiernos corruptos.
Igualmente, allá donde PSOE, PP y otras fuerzas politicas nos atienden, escuchan y acuerdan con nuestras peticiones, en otras partes actúan a la inversa en base a sus luchas y enfrentamientos partidistas o a sus cálculos electoralistas. De este modo, consiguen ganar tiempo y «marear la perdiz», mientras el calendario de los mal llamados procesos de consolidación sigue su curso y amenaza con pasarnos por encima como un rodillo.
El próximo 9 de Febrero hay previsto un encuentro estatal de empleados publicos temporales y en fraude de ley en Madrid, en el que desde Cobas vamos a participar. Es una ocasión única para aprobar un calendario y un plan de lucha sostenido a nivel estatal, en base dos o tres puntos, que nos permitan avanzar en la unificación para salir a ganar.
¡Este es el desafío y la tarea que tenemos por delante!
Laura Requena. Valoradora Dependencia
Juan P. Bombero forestal
