Considerando:
1.- Que la Intersindical de Aragón (IdA) y co.bas venimos desde hace tiempo trabajando en una línea de actuación común.
2.- Que la unidad ha ido más allá entre nuestras dos organizaciones sindicales dado que hemos compartido y compartimos una comprensión común de los acontecimientos y las tareas que de ellos se derivan. Es decir, la defensa común de un programa obrero y de ruptura con los Gobiernos patronales al servicio de la UE y la troika. En esencia un programa de salida de clase a la crisis capitalista. Ese programa se ha expresado en demandas comunes como la derogación de las reformas laborales; poner fin a los desahucios, Pan trabajo y techo; No al pago de la deuda; ruptura con la UE y el euro; derecho de los pueblos a decidir…
3.- Que esa misma unidad se ha expresado en la comprensión común, de que la reconstrucción del sindicalismo de clase es indisoluble de la lucha contra la burocracia sindical, cuya entrega política ha convertido a los llamados grandes sindicatos (CCOO y UGT) en instituciones del Estado, al servicio de éste, del sistema capitalista y del régimen. La dependencia material del Estado de estos aparatos burocráticos no solo les inhabilita como instrumentos de lucha de la clase obrera, sino que les convierte en cómplices y agentes directos de la aplicación de los planes patronales contra la clase obrera. Las firmas de Reformas laborales y de las pensiones, los EREs y ERTes, los acuerdos salariales, son la prueba tangible de este papel criminal de la burocracia.
4.- Que la actuación cotidiana de la Intersindical de Aragón y de co.bas se acabó expresando en la conformación del Comité de Enlace que mantenemos desde el año 2016 y en cuyo acta de conformación decíamos:
“compartimos un proyecto estratégico de construcción del Sindicato. No hemos nacido para autoproclamarnos “Un sindicato alternativo” más a añadir a la larga dispersión sindical que impera. Entendemos que el proyecto estratégico es la recomposición de la unidad de la clase obrera, la conformación de una Central Unitaria de los Trabajadores regida por el principio de la democracia obrera.”
5.- Que el tiempo transcurrido, la situación objetiva de la clase obrera y el trabajo que hemos mantenido, corrobora los acuerdos de conformación del Comité de Enlace y especialmente el punto 9 de los mismos que afirma:
“Consideramos pues que existen bases teóricas, estratégicas y prácticas para caminar hacia la unidad de ambas organizaciones.”
6.- Que estamos convencidos/as de que esta unidad nos permitiría no solo dar un salto en el crecimiento cualitativo y cuantitativo sino, lo que es más importante aún, fortalecer una referencia sindical de clase, mostrando que es posible avanzar en superar la actual diáspora sindical de los trabajadores/as y activistas dispuestos a plantar cara a la patronal, a sus gobiernos, y a la burocracia sindical.
Resolvemos
1.- Proponer a los compañeros/as de la Intersindical de Aragón proceder ya a la fusión de ambas organizaciones.
2.- Mandatar a la Coordinadora Estatal entrante para que esta sea la primera tarea y se concreten y cierren con los compañeros /as de la Intersindical de Aragón todos los aspectos organizativos, económicos y legales de la fusión.
En 1919 el Gobierno creaba el primer sistema público de pensiones en España, con una jubilación a la edad de 65 años. Hoy en 2019 no solo se mantiene la misma edad de jubilación sino que desde la maquinaria capitalista (FMI, BCE, Troika, BE, etc.) y desde los diferentes gobiernos españoles, tanto del PP como del PSOE, se han aprobando reformas para aumentar esta edad a los 67 años y apuntando a aumentarla cada vez más, con la única justificación que saben dar: no hay dinero pagarlas,
El agravante es que esas medidas están bendecidas por algunas organizaciones sindicales, y por otros partidos políticos de izquierdas u organizaciones, que se conforman que como mínimo en que se queden en 65 años.
Con la industrialización de los medios de trabajo se están mejorando la salud de todas las personas, se genera más producción, en todos los sentidos, medicinas, alimentación y sobre todo riqueza, pero solo para unos pocos, esos que quieren que trabajemos hasta la edad de casi estar muertos como nuestros antepasados. Con el único propósito de enriquecerse y tenernos esclavizados toda la vida.
Sabemos que nos mienten, las pensiones nuestras nos la pagamos nosotros/ as y no los que vengan después de nosotros/as, otra cosa es que no sepan gestionar el dinero que nos sustraen en cada nomina en nuestra vida laboral, larga o corta por su ineptitud en no ser capaces de crear un tejido industrial en todos los aspectos, agricultura, pesca, industria y servicios.
Pero aun así, la pensión tiene que estar garantizada por los Presupuestos Generales del Estado, como un bien social, como la sanidad y la enseñanza y dotada de unas cantidades mínimas para tener una jubilación digna y poder hacer frente a cualquier gasto que el capital te impone, luz, agua, gas, vivienda, etc..y no verte tirado/a en un parque o incluso llegar al suicidio.
Por estos y muchos motivos que sería largo de explicar, la jubilación tiene que ir disminuyendo en edad, y desde co.bas tenemos que incidir en, asambleas, convenios y demás, que la edad de jubilación tiene que ser por ley a los 63 años.
Tiene que ser un objetivo de lucha y referencia en nuestro sindicato, y no solo eso, se tiene que acompañar de una reforma, que incluya también el contrato de relevo a los 60 años, pero para todos los sectores y toda la clase trabajadora, en empresas grandes o pequeñas y que no sea para unos pocos o para el sector que les venga bien a ellos.
En los últimos dos años los/as pensionistas del estado español, al igual que pensionistas de todo el mundo, se han movilizado en defensa de sus pensiones frente a los ataques de los diferentes Gobiernos. En el Estado español, los/as pensionistas, han estado a la vanguardia del enfrentamiento con el Gobierno del PP en Defensa del Sistema Público de Pensiones, luchando contra las diferentes reformas que desde los Gobiernos del PSOE y PP se impulsaron para recortar las pensiones. Luchando contra el Pacto de Toledo que abrió las puertas para sacar de los Presupuestos Generales del Estado el pago de las pensiones y dar vía libre a los fondos privados de pensiones, cuyos principales beneficiarios son los bancos, las compañías de seguros y (desgraciadamente) los sindicatos CC.OO. Y UGT.
Por la necesidad de enfrentar estas políticas y defender las pensiones presentes y futuras, nació la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones y co.bas desde el principio participó en la misma defendiendo las reivindicaciones que se aprobaron en su reunión estatal.
Es cierto que las movilizaciones de pensionistas durante el último año han logrado importantes victorias, aunque todavía parciales, se ha logrado derribar el tope de subida del 0,25, se ha logrado la revisión al IPC, el APLAZAMIENTO para aplicar el factor de sostenibilidad, etc., todo ello gracias a la lucha y la movilización de pensionistas y trabajadores.
Sin embargo los puntos centrales que dieron origen a esa lucha, garantizar las pensiones desde los Presupuestos Generales del Estado; lograr una pensión mínima igual a la que marca la Carta Social europea (1.084 euros) y liquidar al factor de sostenibilidad, siguen pendientes.
Las expectativas puestas, por una parte de la Coordinadora en Defensa de las Pensiones Públicas, en el Gobierno de Pedro Sánchez y en la vía institucional para resolver el problema, está siendo decisivo para desinflar el movimiento de lucha, dividirlo y acabar con las Coordinadoras como instrumento del propio movimiento.
Desde co.bas nos comprometemos a redoblar esfuerzos por continuar con la lucha y las reivindicaciones, por lograr incorporar a este movimiento a cada vez más trabajadores/as activos que son contra los que más directamente van dirigidos los ataques y cuyas pensiones están más en peligro.
Por todo ello, desde el Sindicato de Comisiones de Base reafirmamos hoy más que nunca nuestro apoyo a las reivindicaciones originales de la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones, las cuales resumimos en cuatro ejes centrales:
✓ Pensión mínima de 1.084 Euros
✓ Pensiones Públicas garantizadas por los Presupuestos Generales del Estado
✓ No al pacto de Toledo,
✓ No al factor de sostenibilidad
✓ Contra la brecha salarial entre mujeres y hombres
✓ Derogación de las reformas laborales (la del PSOE y la del PP)
Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden.
Desde el sindicato co.bas, llevamos tiempo denunciando el mal llamado “Acuerdo por la mejora del empleo público”, firmado el 29 de Marzo de 2017 entre el gobierno anterior y las direcciones sindicales de CC00, UGT y CSIF, como una burla y un nuevo “Pacto social”. Un acuerdo que obliga a sacar a oposición todas las plazas ocupadas en los últimos tres años en las Administraciones Públicas. Con ello pretenden reducir la alta temporalidad como la Unión Europea le exige desde hace 17 años, en cumplimiento de la Directiva Europea 1999/79/CE, so pena de pagar una multa de más de 100 millones de euros.
Según este acuerdo, las tasas de reposición serán del 100%, pero tan solo en algunos servicios. En otros se queda en el 50%, lo que supone seguir perdiendo puestos de trabajo. Como muestra valga decir que sólo en las Administraciones locales, se perdieron en los últimos años más de 100.00 puestos de trabajo según datos de la propia FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), cuya reposición en los Ayuntamientos y entidades locales, ni siquiera se garantiza. La firma del acuerdo obliga asimismo a abrir las negociaciones a niveles autonómicos y locales de aquí a 2010, porque son estas administraciones las encargadas de convocar las plazas en sus ámbitos.
Esta convocatoria de oposiciones “masivas”, sin haber puesto previamente sobre la mesa los derechos laborales de quienes llevan 5, 10, 15 o más años dentro, ocupando plazas estructurales, es una estafa y un lavado de cara para ocultar el hecho de que miles de empleados públicos están en fraude de ley porque los distintos gobiernos incumplieron durante años sus propias leyes y normas y no sacaron las ofertas públicas de empleo (OPEs) necesarias, ni suficientes plazas. Es un “ERE encubierto” que va a sustituir a unos trabajadores por otros “más baratos”, ya que muchos irán a la calle, incluso sin indemnización, por muchos años que lleven trabajando en la Administración pública.
Un buen acuerdo hubiera sido haber consolidado estos puestos de trabajo YA EXISTENTES, y conquistar de la Administración la reposición de más del 100% para aumentar la oferta hasta poder cubrir los miles de puestos de trabajo perdidos; eso sí sería garantizar unos verdaderos servicios públicos. Una “victoria sindical” hubiera sido recuperar los salarios perdidos y las condiciones de trabajo previas a la crisis, cuando menos. Un Acuerdo que “dignifique la Administración Pública” hubiera sido recuperar para la pública los servicios externalizados y privatizados, desde el mantenimiento de hospitales hasta comedores; y rechazar medidas privatizadoras como las áreas de gestión en la sanidad, en la que quieren convertir en reinos de taifas a los diferentes servicios (“divide y vencerás”). Una “victoria” sería crear empleo nuevo, en base no a los criterios de rentabilidad acordados en la Unión Europea, bajo la exigencia del Control del Déficit. Porque ese criterio va dirigido exclusivamente a derivar los servicios públicos a la privada, en lugar de hacerlo en base a las necesidades sociales reales, que es obvio que con las plantillas actuales no las cubren .Pero el Acuerdo cuando se firmó, tenía en su esencia un profundo contenido político: dar un “balón de oxígeno” más al gobierno del PP en pleno debate de los Presupuestos; en minoría en el Parlamento.
Por todo ello, resolvemos:
Seguir apoyando, difundiendo y tratando de unificar desde el Sindicato Comisiones de base, la lucha de todos los empleados públicos en fraude de ley y en abuso de temporalidad, ya sean personal funcionario interino, laboral temporal o estatutario, así como del personal laboral indefinido no fijo por sentencia y pendiente de resolución judicial, tanto de las Administraciones como de sus distintos entes instrumentales, en base a tres ejes:
1. La exigencia a los distintos gobiernos, central, autonómico y local, de la puesta en marcha de mecanismos legales y justos que permitan su consolidación y estabilidad en base a la valoración exclusiva de su experiencia y años de trabajo en el puesto. Y exigimos que mientras, no se produzca NI UN SÓLO CESE O DESPIDO más.
2. La recuperación de todas las plazas amortizadas: Exigimos que saquen a oferta de empleo público, todas las plazas que han ido desapareciendo en estos años, para que las puedan ocupar todas aquellas personas que quieran acceder a la función pública. Esta y no otra, es la única manera de crear empleo público de calidad y de acabar con las plantillas deficitarias actualmente existentes en la Administración
3. La reversión de los servicios públicos privatizados: Los falsos ”procesos de consolidación” que están en marcha”, supondrán un adelgazamiento aun mayor de la Administración pública andaluza. De esta forma, se allana el camino para la privatización que el gobierno andaluz lleva a cabo desde hace años, con el consiguiente encarecimiento, empeoramiento y aumento de la precariedad laboral, en servicios públicos básicos.
La grave crisis económica que ha sufrido el capitalismo en la última década, -como consecuencia del colapso de su sistema financiero-, y de la que todavía no ha terminado de recuperarse, se ha saldado, finalmente, con un gran deterioro en los derechos y las condiciones de vida de las clases populares de toda Europa. En el estado español, igual que en los países de su entorno,(Grecia, Italia, Irlanda o Portugal), el resultado ha sido la aceleración del desmantelamiento del raquítico «estado del bienestar», con el que contábamos. Los importantes recortes en sanidad, en educación, y la amenaza permanente sobre el futuro del sistema de pensiones, han venido acompañados, además, con la reducción de los salarios, el precio abusivo de la vivienda, o la subida generalizada de los precios en los servicios básicos para la subsistencia.
Esta situación ha provocado un amplio descontento entre la clase trabajadora, que desde los partidos de la vieja y nueva derecha radicalizada PP y Cs, hasta la extrema derecha de VOX, tratan de capitalizar electoralmente, a través de un discurso racista lleno de falsos tópicos, que culpabiliza a la inmigración de todos los males y problemas que padece la clase trabajadora, y que se extiende con éxito por toda Europa. Este discurso xenófobo, ha calado en amplios sectores de la clase trabajadora, que ven una amenaza real, para sus puestos de trabajo y sus salarios, la llegada de los inmigrantes, que huyen de la pobreza de sus países de origen, ya sea por las economías completamente desbastadas por largos periodos de ocupación colonial, o como refugiados de las guerras permanentes que libran por el control de sus recursos naturales.
Pero este nuevo fascismo con su discurso hipócrita, que pretende cerrar la entrada a nuevos inmigrantes y expulsar a los ya establecidos, choca con la necesidad material del propio sistema que requiere de una mano de obra que la baja tasa de natalidad y el envejecimiento de la población del país no puede garantizar. Las grandes corporaciones económicas y los grandes empresarios ya han resuelto esta contradicción a su favor: financiar económica y mediáticamente el discurso antiinmigración, con la verdadera finalidad, no de echar o cerrar el paso a los trabajadores/as inmigrantes, sino el de contar con un mercado de trabajo con abundante mano de obra, en situación de ilegalidad y marginación, que asegure bajos salarios y condiciones laborales de semi esclavitud, y presione, a la baja, sobre los salarios y condiciones laborales de los trabajadores «legales», a la par que divide a la clase trabajadora entre nativa o extranjera.
Ante esta situación, que pretende enfrentar a la clase trabajadora en función del lugar de nacimiento, ha de ser tarea prioritaria del sindicato: rechazar el racismo y todas sus expresiones del seno de la clase obrera, ganarse a los trabajadores/as, que por confusión o por desconocimiento, ven en los inmigrantes sus enemigos y no sus aliados de clase, apoyar la lucha de los inmigrantes por la consecución plena de derechos, denunciar el racismo institucional, la ley de extranjería y del refugiado, los abusos policiales y los centros de internamiento para extranjeros, defender el derecho a la libre circulación y exigir la igualdad de salario y condiciones laborales que para toda la clase obrera.
Nativa o extranjera la misma clase obrera.
En el año 2017, 55 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, en el año 2018 ya van 52. Las denuncias por agresiones sexuales y violaciones fueron 2200 durante el año 2017.
Estas escalofriantes cifras nos confirman que el sistema patriarcal y de dominación de un género sobre otro sigue existiendo, y que aunque el camino por la igualdad de derechos de las mujeres ha sido largo y ha tenido un avance significativo, aún nos queda un largo trecho por recorrer hasta erradicar esta lacra que nos está asesinando.
En el ámbito laboral no salimos mejor paradas, muy al contrario, al ser éste un ámbito sustentado en el sistema capitalista, en el que una clase dominante ejerce su poder sobre la clase trabajadora, y donde las cuotas de mujeres en puestos de mando es inferior al de los hombres, un sistema con una precariedad laboral estructural que ya sabemos que índice en un porcentaje mayor en las mujeres, y en el que las mujeres tenemos de media un 25% menos de salario, un sistema en el que el que las tasas del desempleo siguen siendo muy elevadas, cebándose éste mucho más entre las mujeres.
Todos estos ingredientes hacen el caldo de cultivo perfecto para que las violencias agresiones sexuales en el mundo laboral hacia las mujeres queden silenciadas y las trabajadoras totalmente desprotegidas.
Son muchas las violencias ejercidas en el puesto de trabajo: desde los comentarios sobre nuestro aspecto físicos, chistes machistas, hasta agresiones sexuales, pero también son violencias que cobremos menos, que no podamos progresar en los puestos de trabajo, que tengamos más dificultad para emplearnos,….y un sinfín más de casuísticas imposible de enumerar en su totalidad.
Es en este ámbito del mundo laboral en que los delegados y delegadas de co.bas tenemos la responsabilidad de incidir para que este tipo de violencias se vayan eliminando, si somos una organización de clase, feminista y transformadora debemos ponernos al frente contra esta violencia sistemática hacia las mujeres, educando a nuestros compañeros de trabajo en el respeto, no mirando hacia otro lado cuando se producen agresiones hacia nuestras compañeras, incidiendo en los convenios para eliminar la brecha salarial y formándonos para poder identificar las violencias que se producen en el ámbito laboral.
En la actualidad nos encontramos a las puertas de la 4º Ola de Feminismo. Desde el Área de de la Mujer, defendemos que el sindicato ante dicho movimiento debe de posicionarse junto al feminismo de clase, entendiendo que las mujeres trabajadoras no sólo debemos de luchar contra el patriarcado que produce y reproduce nuestras opresiones, sino también contra el sistema capitalista que en el cual se apoya y sustenta para perpetuar las desigualdades
Y es que, las mujeres en el Estado español, nos encontramos en condiciones laborales más precarias, padecemos mayor tasa de desempleo que los hombres, estamos sobrecargadas por los trabajos de cuidado y la violencia machista nos oprime y asesina diariamente. Todo ello, sin poder olvidar que, desde el 3 de noviembre hasta el final de año, las mujeres trabajaremos gratis por la existente brecha salarial entre ambos sexos.
Considerando dicha situación, el pasado 8 de marzo (2018) desde co.bas se convocó Huelga General, dando a ese día un carácter de clase y combativo, donde nos unimos en un bloque mixto para reivindicar la igualdad real, al que se sumaron cientos de personas, pero no podemos conformarnos con eso.
Por ello, Resolvemos:
Que debemos trabajar para que el feminismo de clase tome protagonismo en el siguiente 8 de marzo, creando las alianzas necesarias con otras organizaciones para componer un bloque unitario, mixto de feminismo de clase y combativo, para que la lucha por los derechos de las mujeres se extiendan por toda la clase obrera.
co.bas convocará la huelga de 24 horas para el próximo 8 de marzo de 2019
Ante la necesidad de seguir profundizando el debate sobre la abolición o la sindicalización de la prostitución se mandata a la Coordinadora Estatal entrante para que organice un seminario estatal para tratar este tema y poder definir la posición de co.bas.
Considerando:
1º Que las Consultas Populares acerca de Monarquía o República forman parte de una campaña que arrancó desde principios del año 2018 y han sido impulsadas por diferentes colectivos vecinales, sociales y políticos.
2º Que estas Consultas están sirviendo y contribuyendo en gran manera a abrir el debate sobre el derecho a decidir acerca de esta cuestión.
3º Que esta iniciativa ha ido cogiendo un importante peso y en un corto período de tiempo se ha ido extendiendo a otros lugares y Territorios con diferentes Universidades del país a la cabeza de dicha iniciativa.
4º Que la participación y los resultados obtenidos demuestran que se trata de un movimiento que ha arrancado con bastante fuerza y expresa el interés de muchas personas por ejercer su derecho democrático a decidir sobre qué modelo de estado quieren (más de 100.000 personas han participado a día de hoy en un total de 41 consultas, 23 en barrios y pueblos de Madrid y 18 universidades en todo el estado español, de las que un 86,6% han votado República, frente a un 10,5% que ha preferido Monarquía).
Resolvemos:
1º Que como sindicato de trabajador@s que en nuestro Estatuto (Articulo 6), nos definimos de clase, reivindicativo, democrático, participativo, asambleario, independiente, internacionalista y unitario con los movimientos sociales antineoliberales, seguiremos APOYANDO cuantas iniciativas se impulsen encaminadas a acabar con una institución reinstaurada a dedo por Franco y que supone la negación misma de las libertades.
2º Que consideramos que ha llegado ya el momento de que decidamos si queremos mantener el status quo y los privilegios de unos pocos o se abra un proceso constituyente, de protagonismo obrero y popular que impulse unas Cortes Constituyentes para una nueva Constitución que blinde el Pan, Trabajo, Techo e Igualdad.
3º Que nuestro objetivo principal debe ser vincular esta demanda democrática con un claro contenido de clase e intentar por todos los medios mostrar la relación que la Monarquía tiene como institución heredada de Franco, con los problemas cotidianos que hoy sufre la clase obrera de este país: el papel que ha desempeñado en la cuestión catalana, el retroceso en los derechos democráticos, el aumento de la represión, la corrupción, los recortes, los desahucios, etc…
4º Que continuar esta batalla e ir extendiendo este movimiento a nivel estatal es clave para seguir avanzando en las movilizaciones y en todo aquello que denuncie y ayude a acabar con este régimen y sus colaboradores. En este sentido el sindicato de Comisiones de Base (co.bas) se compromete a impulsar y participar en nuevas consultas para que entre tod@s logremos alcanzar dicho objetivo.
Siendo cierto que la huelga ha sido una de las principales formas de lucha del movimiento obrero en el siglo XX es cierto también que otras formas se combinaron con esta. Los boicots a determinados productos o empresas, el trabajo lento, etc, Tenían como finalidad el legítimo daño a los beneficios del empresario para que éste cediera a las reivindicaciones de los trabajadores.
La sociología nos enseña que la principal herramienta es la hegemonía cultural respecto a las reivindicaciones, Por ello muchas veces la forma más masiva por la que se inicia una reivindicación es la recogida de firmas, las concentraciones, las manifestaciones y posteriormente la huelga.
La realidad de estos últimos años nos ha demostrado que la vulneración del derecho de huelga por parte de los empresarios tiene unas sanciones muy pequeñas y se extiende una idea falsa de que la huelga no es útil porque el empresario no cede. Las huelgas de Movistar, Panrico, Coca Cola, Titan, etc., han sido vulneradas por la patronal y solo tenido pequeñas sanciones. Exigimos mayores sanciones a los patrones que vulneran este derecho.
Siempre se calculaba el mejor momento para hacer la huelga cuando los almacenes estaban vacíos y era necesaria la producción urgente para vender en la época Fordista. Ahora con la globalización y los diferentes centros de trabajo y distribución, los empresarios intentan ponerles límite a los daños vulnerando el derecho de huelga. También la ocupación de fábricas o de sedes empresariales o de la administración han sido útiles para la conquista de derechos.
Los recortes que este derecho está imponiendo la Unión Europea y los decretos unilaterales de servicios mínimos han hecho florecer otras experiencias como han sido las de legítimo daño a la imagen corporativa de una empresa o sector, obligando al empresario a invertir más en publicidad para recuperar la mala imagen.
Por ello las campañas en Twitter Facebook y redes sociales se han demostrado una herramienta complementaria necesaria en este siglo XXI, pero La participación digital en consultas o referéndums no debe hacer desaparecer la asamblea y la votación a mano alzada como herramienta de democracia directa del movimiento obrero
Si analizamos lo que ha sucedido en diversas luchas, como las de Francia y América Latina, nos han mostrado que también los cortes de carretera de piqueteros, los bloqueos en las grandes ciudades sin utilizar la huelga han sido herramientas útiles para una proyección mediática, pero la represión del Estado, encasillando la lucha con la imagen de violencia, no nos debe hacer renunciar a estos métodos. El hecho de sostener durante varios días o meses una lucha ante el reiterado ocultamiento en la prensa, ha permitido una proyección mayor entre la sociedad y convencer de la legitimidad de una lucha.
El ejemplo de los chalecos amarillos durante muchos fines de semana de movilización en Francia, aún sin convocar huelga general, contrasta con las huelgas generales de solo un día que después serán canalizadas por la administración y los sindicatos institucionalistas.
Los movimientos sociales han aportado también algunas experiencias de estas formas sostenidas de lucha, como hemos visto con la marea pensionista y todas las manifestaciones semanales, especialmente en Bilbao.
La hegemonía de las ideas feministas se está consiguiendo al combinar acciones cotidianas de reparto de todos los trabajos, manifestaciones contra la violencia de género y las huelgas generales de un día el 8 de marzo. La mejor forma de lucha por lo tanto es la que pueda ser más asumida por el conjunto de trabajadoras y trabajadores.
La necesidad de cambios culturales en el consumo ante la grave crisis ecológica y energética deberá enseñarnos también nuevas formas de lucha.
Desde co.bas creemos que podemos aprender de nuevas formas de lucha impulsadas por movimientos antineoliberales o anticapitalistas y mientras continúen prohibidas las huelgas de solidaridad, debemos aprender a utilizar todas las herramientas necesarias para los objetivos planteados de cambiar este injusto sistema capitalista.
Seguiremos reivindicando la legitimidad de la huelga y del daño económico, junto a otras formas para la necesaria expansión de nuestras propuestas, hasta lograr una hegemonía mayoritaria en la sociedad que garantice los derechos sociales y laborales.
El sector del taxi está en lucha y desde nuestro sindicato de clase, como no podía ser de otra manera, apoyamos esta huelga, porque somos conscientes de que esta huelga es la vanguardia de la lucha contra la “uberización” de la sociedad. Los y las taxistas están luchando y dando una buena pelea para no entregar su puesto de trabajo.
Por desgracia otros sectores en su día no lo hicieron y hoy están en la ruina. Desde los medios de comunicación, nos están vendiendo este conflicto, como un conflicto tecnológico, cuando en realidad es un conflicto por los derechos laborales.
No es un problema de limusinas con botella de agua, sino de neoliberalismo salvaje de corrupción política y de puertas giratorias. A las y los taxistas les acusan de monopolio cuando la realidad es que unos 20 empresarios acumulan casi 10000 autorizaciones (no licencias) de VTC que adquirieron por 36 euros cada una, eso sí es monopolio, y curiosamente esos empresarios son o han sido políticos o gente próxima al poder que se encargó de legislar a su favor.
A pesar de ser un conflicto que muchos usuarios/as no comprenden, no podemos permitir la criminalización sistemática de las luchas de los y las trabajadoras. Solo buscan acabar con el derecho a la huelga, constantemente con la desinformación consciente de los medios de este sistema.
A los y las taxistas les quieren cambiar el derecho de huelga por el derecho a la resignación, y no lo están tolerando. por eso tienen todo nuestro apoyo y solidaridad
En este como en todos los conflictos, siempre hay responsables, que a lo largo de estos últimos años han dado como solución pasarse el problema de unos a otros. Por eso, son responsables los gobiernos centrales autonómicos y locales, de todo signo político, que no han hecho más que escurrir el bulto, e incluso no sancionar la ilegalidad de UBER y CABIFY
Desde co.bas proponemos para la solución al conflicto:
La exigencia al gobierno central de una ley integral del taxi que contemple:
1º El cumplimiento de un VTC por cada 30 taxis, como dice su ley.
2º Eliminación de falsos autónomos y la precariedad a la que están sometidos los y las trabajadoras de los VTC.
3º Reconocer al taxi como transporte público, y trabajar por la municipalización del servicio, para que sea realmente público. Y que en estos empleos una vez municipalizados tengan prioridad los y las asalariados del Taxi y de VTC
También hacemos un llamamiento a que se sumen a este conflicto las y los asalariados de VTC que no son los enemigos de las y los taxistas, en este caso son las víctimas directas de la uberizacion de la sociedad a las que nos están llevando
Viva la lucha de las y los taxistas
Viva la lucha de la clase obrera
Desde el sindicato co.bas queremos denunciar la grave injerencia que el imperialismo de EEUU, con el presidente Trump y sus aliados a la cabeza, está cometiendo contra la soberanía de Venezuela.
Condenamos que, durante meses, varios gobiernos capitalistas y neoliberales han estado planificando un golpe para nombrar a un nuevo presidente para sus intereses económicos y energéticos.
El golpe contra el gobierno no es ninguna garantía de más democracia ni de mejoras para la clase trabajadora venezolana. Al contrario, la historia nos demuestra que cuando el imperialismo interviene, se suceden baños de sangre que perjudican a lucha de la clase trabajadora venezolana es la mejor opción para resolver esta situación.
La lucha de la clase trabajadora venezolana es la mejor opción para resolver esta situación.
Desde co.bas, defendemos que los pueblos rechacen intervenciones extranjeras, y que sean ellos quienes salden cuentas con los gobiernos.
Nos seguimos reivindicando de la movilización obrera y popular, y del rechazo a cualquier intervención imperialista, como el mejor método para avanzar en derechos y democracia para las clases populares.63
Considerando:
Que Daniel Ruíz, sindicalista petrolero, miembro del PSTU y de la Red Sindical Internacional fue está detenido desde el día 12 de septiembre de 2018 acusado de haber participado en la manifestación que tuvo lugar en Buenos Aires en defensa de las pensiones públicas
Que dicha detención carece hasta la fecha de algún sustento legal, violando derechos fundamentales como la presunción de inocencia o la libertad condicional.
Que el compañero está encarcelado junto a presos comunes, sin considerarlo preso político.
Que su persecución es parte de un plan organizado desde el actual gobierno de Macri, para reprimir todo intento de organización o protesta que vaya contra las medidas de ajuste del gobierno
El Congreso Estatal de Cobas resuelve:
-Mandatar a la dirección del sindicato entrante para que redacte una carta de apoyo al compañero preso para expresarle nuestro apoyo y solidaridad para el para sus compañeros/as y su familia.
– Exigir al gobierno de Macri y al juez de la cauda, su inmediata libertad así como la de todos los presos/as, procesos o detenidos por luchar. (Se adjunta propuesta de carta).
La Unión Europea ha creado infinidad de regulaciones que protegen las grandes empresas y atentan contra los derechos de la ciudadanía.
Una de ellas es la llamada Directiva ‘Bolkestein’ para liberalizar los servicios en el mercado único de la UE que entró en vigor el 28 de diciembre 64
de 2009 (Directiva 123/2006/CE). La “Directiva Bolkestein” ha tenido como consecuencia una serie de regulaciones. Una fue la Directiva (UE) 2015/1535, en función de la cual los Estados miembros tienen la obligación de notificar a la Comisión Europea sobre los proyectos de reglamentaciones técnicas (por ejemplo en el ámbito de servicios públicos o contratación pública) antes de su adopción. A partir de la fecha de notificación del proyecto, existe un período de tres meses durante el cual el Estado miembro no puede adoptar la reglamentación en cuestión hasta que la Comisión resuelva sobre su adecuación a las normativas Europeas. Es una de las muchas cuestiones cuando la Comisión “interviene” otros Estados y reduce su soberanía democrática al tener el poder de cambiar el proyecto notificado. La Comisión también puede bloquear un proyecto durante un periodo de 12 a 18 meses si se van a llevar a cabo o ya están en curso trabajos de armonización de la Unión Europea.
La UE pretende extender este “procedimiento de notificación” también a los municipios.
El pasado 6 de noviembre, Corporate Europe Observatory (CEO), Transnational Institute (TNI) y Barcelona en Comú organizaron el evento ¡Municipalizar Europa! en el Parlamento Europeo con representantes de las ciudades de Barcelona, Nápoles, Grenoble, París y Ámsterdam para discutir políticas municipales progresivas sobre vivienda (asequible), energía (transición), agua pública, remunicipalización, solidaridad con las personas refugiadas, etc. Entre los diferentes debates se destacó que las instituciones de la UE están preparando durante estos días otro movimiento para reducir el espacio político de municipios.
Las instituciones de la UE están en la fase final de negociar un acuerdo sobre el “Procedimiento de Notificación de Servicios” (que es parte de la revisión de la Directiva de Servicios de la UE, conocida como la “Directiva Bolkestein”). La propuesta retrasaría o enfriaría masivamente las iniciativas municipales progresivas.
El “Procedimiento de Notificación” propuesto obligaría a los municipios a informar a la Comisión Europea sobre cualquier nueva medida reguladora que afecte a los servicios, tres meses antes de tomar la decisión. La Comisión Europea evaluaría y tomaría una decisión vinculante sobre si las medidas violan o no la Directiva de Servicios. Actualmente la notificación solo ocurre después de adoptar las medidas. Como parte de su ofensiva neoliberal, la Comisión Europea podría poner obstáculos a una amplia gama de iniciativas municipales progresistas (como gestoras públicas de electricidad y agua, regulaciones contra los pisos vacacionales de AirBnB, clausulas socio-ambientales para la contratación pública, entre otros). El borrador de la Comisión Europea también propone dar la oportunidad a las “partes interesadas” (incluidas las empresas multinacionales y sus grupos de presión) de comentar las medidas notificadas por las autoridades públicas.
Existe el peligro de que las instituciones (Comisión, Parlamento, Consejo de la UE) lleguen a un “acuerdo”, por lo que es urgente que nuestras voces sean escuchadas.
Detengan el Procedimiento de Notificación de Servicios de la UE:
el municipalismo necesita un espacio democrático para proteger los intereses y derechos de la ciudadanía.
Nosotras y nosotros, representantes de municipios europeos, grupos de la sociedad civil y sindicatos, expresamos nuestra profunda preocupación por el “Procedimiento de Notificación de Servicios” propuesto. Si es aprobado, en lugar de informar con posterioridad, las nuevas reglas y leyes municipales tendrían que ser notificadas antes de ser adoptadas y recibir la aprobación previa de la Comisión Europea.
Como se indica en una resolución del ayuntamiento de Ámsterdam de septiembre de 2018, la propuesta del “Procedimiento de Notificación” crea retrasos innecesarios y “perjudica gravemente la autonomía de gobiernos locales y, por lo tanto, representa una amenaza para la democracia local”.
La propuesta crearía nuevos obstáculos para políticas municipales progresistas, tales como medidas muy necesarias con el fin de proteger los servicios públicos o la vivienda asequible. El procedimiento propuesto es desproporcionado y está en desacuerdo con el principio de subsidiariedad, así como la obligación de la UE de respetar el autogobierno regional y local, tal como se describe en el Tratado de Lisboa.
El municipalismo tiene un papel crucial que desempeñar en la solución de los problemas sociales y ambientales de Europa, así como en la profundización de la democracia con la participación activa de la ciudadanía. El “Procedimiento de Notificación de Servicios” y sus intentos de restringir el espacio democrático de los municipios es por lo tanto completamente inaceptable y debe ser rechazado.