El acuerdo que han firmado, sin luchar, los dos sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT), junto a la patronal, y el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos, por su grave-dad, debe ser informado en centros de trabajo y en asambleas de barrio.
Como aspectos positivos solo señalar que, por cinco años, la subida de la pen-sión se liga al IPC, y en el caso de que hubiera inflación negativa, no se bajaría. –aunque ya han anunciado la intención de retocar más adelante, con un sistema de revaloración algo menor que el IPC–. Se equiparán las pensiones de viudedad de las parejas de hecho con las de los matrimonios, (una injusticia que ya algu-na sentencia había demostrado). Y que los autónomos pagarán sobre ingresos reales, mientras que los becarios, al fin, cotizarán algo.
Lo negativo es abundante y ocultado en los medios:
Aplazan los recortes a los próximos me-ses con el cambio de nombre de la for-mula; de factor de sostenibilidad a equi-dad intergeneracional.
Se reafirman los recortes del 2011, de PSOE, UGT y CCOO, en los que se alar-gó la edad de jubilación a los 67 años, con un paro juvenil que alcanza el 40 %, y unos trabajos físicos que, a esas eda-des, no son recomendables para la salud.
Aumenta el recorte, si te jubilas antes de 67, incluso para los que tengan más de 44 años cotizados, que tendrán una re-ducción del 13 % por jubilarse dos años antes. (Ver tablas).
No entregan el informe prometido para que se puedan jubilar con el 100 % los que llevan más de 40 años cotizados.
No se recupera el poder adquisitivo per-dido en años por debajo de IPC (ver ta-bla)
No saldrán de estar por debajo del nivel de pobreza (60 % ingresos medios) tres millones de pensionistas que cobran de 750 €. Dignidad es subir las pensiones mínimas a 1080 € al mes para cumplir el 60 %.
Se deja para futuras luchas feministas eli-minar la brecha de género. La mayoría de pensionistas pobres son mujeres. Las mujeres tienen un 30% menos de pen-sión que los hombres, el 82,17 % de quienes están en el tramo de por debajo de 500 euros, son mujeres.
Mientras, sigue la precariedad provocada por las reformas laborales del PP y PSOE, (bajos salarios y reducidos ingresos a Seguridad Social) que afectará a las futuras pensiones.
Se mantiene la idea de desarrollar los planes privados de empleo para pensiones en las empresas, facultando a los bancos a seguir jugando a la ruleta con el dinero de futuras pensiones.
En resumen, estos sindicatos que firman sin consultar los recortes en pensiones y esta patronal, que no se conforma con evadir impuestos, sino que saca otra tajada del Pacto de Toledo, con una reducción del 75 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por IT, de los trabajadores con más de 62 años que estén de baja.
No reponen ni los 103.000 millones de euros en los que el Tribunal de Cuentas estimó que
se debería abonar por el «saqueo» de la caja de la Seguridad Social. No aceptan hacer una
auditoria, porque podría llegar la cifra a 5 00.000 millones, aunque reconocen que han sustraído
y podrán 22.000 millones a partir del 2023.
Lo que nos venden como avances es el resultado de las movilizaciones persistentes que sindicatos no firmantes de recortes como co.bas, junto a movimientos sociales de pensionistas, como COESPE y otros, hemos realizado en los últimos años, consiguiendo, hace 2 años, eliminar la congelación del IPC al 0,25 %.
Ahora queda aún convalidar la nueva ley en el Congreso de Diputados. Vienen más reformas en otoño, han pactado sacarlas a trozos, a través de varios decretos. Queda claro que si se consiguen avances es con la lucha en la calle y así seguiremos.
Todas las personas en activo, pensionistas o paradas, tenemos que implicarnos en no dejar en manos de la banca el futuro de las pensiones, exigir que sean públicas y dignas.
