Campaña Internacional a 2 meses de su desaparición
La historia de la desaparición forzada de personas vuelve a suceder en Argentina. En el corte de una ruta de la zona de Esquel en la Patagonia —durante una manifestación en la cual los mapuches reclamaban la libertad de su líder Jones Huala y la propiedad de unas tierras que originariamente pertenecían a este pueblo y que fueron compradas por Benetton a una sociedad inglesa— se encontraba apoyando la acción un joven artesano de 28 años, Santiago Maldonado. La Gendarmería Nacional recibió la orden de intervenir y reprimió a las pocas personas que participaban en la manifestación. Todos los participantes pudieron escapar cruzando un río, excepto Santiago Maldonado, que según algunos testigos fue capturado. Desde ese día —primero de agosto— no se sabe nada más de él, negando el gobierno el haberlo detenido. Todo hace prever la muerte de este militante. Los primeros días el aparato mediático al servicio del gobierno trató de desviar la atención afirmando que alguien lo había visto a más de 1.500 km de distancia o sugiriendo que habían sido los mismos mapuches los que lo habrían secuestrado o que se habría ido fuera del país. Táctica muy conocida en la época de los setenta del siglo pasado donde la dictadura decía que los 30.000 desaparecidos estaban en Europa descansando.
El operativo represivo estaba conducido por el jefe de gabinete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo cual demuestra la importancia que se le da a la lucha de los mapuches y a la voluntad decidida de terminar con la misma.
Los mapuches son uno de los pueblos originarios que habitaban en la Patagonia mucho antes de la constitución de lo que después fue la República Argentina. Ocupaban una parte de estas extensísimas tierras hasta que fueron prácticamente aniquilados y sometidos en el siglo XIX por la operación que se denominó la ‘Conquista del Desierto’, llevada adelante por el general Julio A. Roca. A los cautivos que sobrevivieron los utilizaron como mano de obra esclava en trabajos del campo, siendo las mujeres separadas de sus hijos y repartidas para servir en las casas de la oligarquía. Constan avisos de este reparto en los diarios de la época que atestiguan de estos hechos. La Campaña del Desierto y sus consecuencias ha sido calificada posteriormente como un genocidio de los pueblos originarios y su objetivo final fue apoderarse de las tierras mapuches, las cuales fueron distribuidas entre los generales y oficiales victoriosos y un pequeño número de hacendados que hoy representan la oligarquía terrateniente argentina. Sus nombres son bien conocidos.
A fines del XIX, el presidente Uriburu donó a siete ingleses, como forma de pago por las armas recibidas, 900.000 hectáreas de esas tierras. Aquellos ingleses constituyeron una sociedad para administrar dichas tierras, las que hoy —más de un siglo después— venden a Benetton. La lucha de los mapuches por sus tierras viene de lejos, pero desde hace unos años ha cobrado una relevancia mayor dadas las victorias judiciales que van obteniendo así como el reconocimiento en la Constitución de sus derechos. Esto comienza a preocupar seriamente a sus dueños actuales, los que ven peligrar la propiedad de la tierra y se aprecia nuevamente en esta lucha una alianza del Gobierno con los terratenientes.
Dos cuestiones merecen ser resaltadas en relación con la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Por un lado, el manejo del hecho que lleva adelante el gobierno, quien podría haberlo resuelto de manera más lógica en una democracia, reconociendo las circunstancias en las cuales fue detenido y luego probablemente murió Santiago Maldonado y propiciando el castigo que legalmente correspondiese a los responsables. Por duro que fuera, era mejor que optar por negar lo sucedido y transformarlo en un desaparecido. ¿Pensaron quizás que detenían a un mapuche y no a un blanco criollo y creyeron soberbiamente que podrían manejar la situación, dejar el hecho impune e instalar el terror en la comunidad mapuche? Si así fuera, la jugada les salió mal y no aprendieron nada de la historia reciente de Argentina en cuanto a la lucha por los Derechos Humanos ni tomaron nota de la formidable movilización ciudadana del 10 de mayo cuando intentaron imponer la reducción de la condena a los militares genocidas presos.
Como efecto, todo el arco parlamentario terminó votando en contra de la decisión del Tribunal Supremo y los militares siguen cumpliendo el total de la condena. No hay lugar para desplegar nuevamente una política de desapariciones por parte de un gobierno democrático, aunque son preocupantes sus muestras de simpatía con los militares asesinos. Si no se trata de un resultado no buscado en el uso de la fuerza sino de una política de terror y escarmiento, nos encontraríamos con el accionar de la dictadura pasada pero ejercido ahora en democracia, lo cual resulta inadmisible.
Por otra parte, la inmediata movilización popular y de los organismos de derechos humanos ha conseguido causar el interés ciudadano sobre la necesidad del esclarecimiento sin ambages de esta desaparición, no siendo tolerable ninguna impunidad. Todos los medios de comunicación, opositores y oficialistas, se ocupan de este tema y la pregunta «¿Dónde está Santiago Maldonado?» emerge a cada momento, tanto en la calle como en los estadios de fútbol, en las colas de los bancos, en eventos musicales y en las redes sociales, consiguiendo una repercusión internacional suficiente como para hacer intervenir a la ONU. Y es así porque está instalada en la sociedad argentina, de forma transversal a todas las clases sociales, la certeza de que la desaparición de una persona es una frontera que no se puede volver a traspasar. Esta es una gran victoria cultural del pueblo argentino. No hay motivo ni argumento en un Estado de Derecho que justifique esta barbarie ni es soportable el retorno a la década donde la dictadura practicó la desaparición sistemática de personas. Esta frontera es parte de la posición ética que hoy constituye mayoritariamente a los argentinos y sin la cual no sería posible construir un país mejor.
El esclarecimiento de los hechos hace a la profundización de la democracia. Que paguen los responsables.
Escribe: Joaquín Caretti
