El capitalismo está en crisis y necesita descargar todo el peso de sus contradicciones sobre los trabajadores y las clases populares, para prolongar su agonía indefinidamente, aunque sea a costa de llevar a la humanidad a la barbarie y poner en peligro la existencia misma de la vida sobre el planeta. La brutal acumulación de capitales existente necesita seguir reproduciéndose hasta el infinito, y para eso penetra por todos los poros de la sociedad hasta taponarlos y asfixiarla.
Uno de sus objetivos del gran capital es el llamado “Estado del bienestar”, que no es más que el conjunto de derechos conquistados por los trabajadores, a lo largo de décadas de lucha. Necesita expropiar las conquistas sociales para transformarlas en nuevas fuentes de plusvalía. En todo el mundo capitalista estamos asistiendo a su progresiva liquidación. Los gobiernos, de derechas, o de izquierdas, aplican las mismas recetas. No importa que, lejos de mejorar hagan que los servicios sean cada vez peores. De esta forma se obliga a todo el que puede, a pagarse sus propios servicios (mutuas médicas, colegios privados, planes de pensiones…) y se reducen al mínimo para todos aquellos que no pueden. Deberíamos preguntarnos, por ejemplo, porqué siendo la sanidad norteamericana una de las peores y desiguales del “mundo desarrollado”, es el modelo a seguir.
Mientras se regalan las joyas de la corona del sector público, se destinan cantidades crecientes de los presupuestos sociales a los capitales privados para que la máquina de los beneficios siga funcionando. Desde los años setenta del siglo pasado, los gobiernos capitalistas se han dedicado a rebajar los impuestos a las empresas y a la burguesía, e incluso a las llamadas clases medias (así aumentaba el consumo, aunque hubiera menos dinero para los presupuestos sociales), cambiando la política fiscal por deuda que ahora acabamos pagando nosotros los trabajadores.
La deuda pública se ha incrementado de tal manera que se ha vuelto insostenible. Esto no es obstáculo para que se haya transformado en un mecanismo de drenaje, por el que los grandes capitales siguen aumentando sus plusvalías a costa de empeorar las condiciones de vida de los trabajadores y las clases populares. Tal como dice el artículo 135 de la Constitución española (aprobada por el PP y el PSOE) el pago de los intereses de la deuda externa, está por delante de cualquier otro tipo de gasto (las pensiones, por ejemplo).
La destrucción de los sistemas públicos de pensiones y su privatización se han convertido en uno de los objetivos. Por mucho que digan los expertos a sueldo del capital, que nos bombardean a diario desde los medios de comunicación, sobran las experiencias. La destrucción del sistema público en muchos países ha llevado a las pensiones muy por debajo del nivel de subsistencia.
En Chile, la dictadura de Pinochet impuso la privatización de las pensiones, que pasaron en 1981 a manos de las administradoras (AFP) de los bancos (entre ellos el BBVA y el Santander). Los trabajadores tenían que entregar un 10% de su salario a sus planes personales, mientras que las empresas dejaban de cotizar por esa cantidad. De todos los elementos del modelo chileno de desregulación, privatización y ortodoxia fiscal, el que más elogios suscitó en las conferencias bancarias internacionales fue el sistema de capitalización de las pensiones, basado en un sistema de ahorro forzado, que canalizaba miles de millones de euros hacia las arcas del sistema financiero.
El resultado fue la caída de las pensiones a niveles por debajo del nivel de subsistencia. Según una comisión asesora impulsada por la presidenta Bachelet, en 2014, el 79% de las pensiones estaba por debajo del salario mínimo y el 44% se situaba por debajo del umbral de pobreza. Los trabajadores se veían obligados a trabajar hasta los 70 años para no caer en la miseria. Hasta la actual reforma, la mitad de los trabajadores que han cotizado entre 25 y 33 años, se jubilan con una pensión inferior al 21% de sus salarios. Sin embargo entre 2010 y 2015 las AFP duplicaron sus beneficios y sólo en los primeros meses de 2015 aumentaron sus ganancias un 71,4% respecto al año anterior. La quiebra del sistema de pensiones fue una de las causas del estallido de la revuelta social.
En Alemania, el índice de pobreza se ha disparado. El 48% de las pensiones está por debajo de los 800 euros mensuales y el 62% no llega a los 1.000. Para las mujeres, las pensiones inferiores a 800 euros alcanzan al 64% del colectivo. Un ingreso per cápita inferior a 969 euros es oficialmente ser pobre. El aumento de los empleos de servicios en detrimento de los industriales, más cualificados y con mejores convenios, va estrechamente unido al crecimiento de las pensiones bajas. La precarización de importantes sectores económicos va ligada a la pobreza entre los pensionistas. Siguiendo las recetas neoliberales, el sistema público ha sido tan vapuleado en los últimos años que ya no evita la pobreza. Millones de pensionistas se ven obligados a trabajar en sus casas (minijobs) para llegar a final de mes.
La expropiación de una parte de las pensiones de los trabajadores viene siempre acompañada del endurecimiento de las condiciones de acceso. ¿Cuál es el objetivo? Que el importe de las pensiones de los trabajadores que han llegado al final de su vida laboral siga reduciéndose hasta llegar a niveles de subsistencia.
La lucha de la clase obrera francesa contra la reforma de las pensiones impuesta por el gobierno Macron nos ofrece lecciones de lucha y unidad sindical que hay que aprovechar. Los grandes sindicatos como la CFDT y la CGT practican el pacto social y la conciliación como aquí hacen UGT y CCOO pero a diferencia de éstos, no han abandonado la movilización y la práctica unitaria de base. Empujados por un amplio movimiento obrero y popular han formado una Intersindical unitaria y convocado ya 12 jornadas de huelga además de bloqueos estratégicos, concentraciones y manifestaciones para paralizar la actividad económica. Esta dinámica desplaza el centro de decisión a las asambleas de zona o de sector (refinerías, basuras, ferroviarios, etc) en las que se integra una organización plural de miles de activistas que recogen el contenido anticapitalista que no quiso defender la izquierda parlamentaria dividida y superada por la crisis. Y también a ella la presiona el movimiento obrero hacia la unidad y la confrontación con los planes del gran capital y del imperialismo.
Estado español: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
El estado español no es una excepción. El capital financiero reclama el control del sistema público de las pensiones. Algo así como que se le entregue al zorro el control del gallinero. Sin embargo, el primer gran problema con el que tuvieron que enfrentarse era que éste gozaba de buena salud y no podía justificarse su entrega sin más ni más. Lo primero que había que hacer era “deteriorarlo”.
Desde el inicio del actual sistema, la LGSS regulaba dos cosas. La primera, que, “las cuotas, bienes y derechos, acciones y recursos de la SS son patrimonio único afecto a sus fines e independiente del patrimonio del estado”. La segunda que cuando los excedentes superaran a los gastos, pasarían a un fondo de reserva con el fin de recurrir al mismo cuando fuese necesario para cubrir las prestaciones contempladas en la ley. Se encargaba a la TGSS, la gestión en los siguientes términos: “los fondos de nivelación y garantía que no se destinen de inmediato al pago de obligaciones reglamentarias serán invertidos buscando finalidad social compatible con la seguridad social”.
Los sucesivos gobiernos nunca lo han cumplido. Desde que en 1974 se promulgó la LGSS, han puesto sus manos en nuestro sistema de pensiones para robarnos los recursos, saltándose los principios básicos de la ley y su literalidad. De derechas, o de izquierdas, han venido a cargar sobre la caja del sistema público, lo que eufemísticamente llaman “gastos impropios”, que debía pagar el Estado a través de los Presupuestos Generales (pensiones no contributivas, complementos a mínimos, gastos de la administración, mantenimiento de edificios…). Además, durante años se han ido recudiendo las cotizaciones empresariales con el pretexto de incentivar el empleo. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, perteneciente al “gobierno más progresista” de la historia, tuvo que reconocer que por este camino se han perdido unos 23.000 millones de euros anuales. El Tribunal de Cuentas, que entre 1989 y 1913 desaparecieron 103.690 millones de euros, mientras que otras fuentes calculan que el monto total del saqueo podría superar los 500.000 millones.
Está bien que se denuncie la desaparición de los recursos de la caja del sistema público, pero nadie habla de devolverlos. Por lo tanto, cuando dicen que no hay dinero, para justificar los recortes, nos ocultan que no lo hay porque antes se lo llevaron para dedicarlo a otros menesteres que no tenían nada que ver con las pensiones. La exigencia de una auditoría debe ir acompañada del reclamo de su devolución. No importa el Estado ya no tenga esos recursos. En cualquier caso no es culpa de los pensionistas, y no son éstos los que tienen que pagar las consecuencias.
La caída de los salarios, la precariedad laboral, el fraude, el trabajo en negro y los contratos con bonificaciones empresariales han provocado la disminución de las pensiones presentes y futuras, ya sea porque las cotizaciones son cada vez más bajas (causando el déficit, ya que con ellas hay que pagar las pensiones actuales), o porque los trabajadores que ahora cobran salarios cada vez más reducidos, también cobrarán el día de mañana pensiones más bajas. No hay que olvidar que nuestro país tiene una de las fiscalidades más bajas de Europa Occidental, que favorece a las rentas más altas, para descargar la mayor parte de su peso, en las de los trabajadores, lo que nos lleva a un gasto en prestaciones sociales con respecto el PIB, por debajo de la media europea.
Después del saqueo de la caja de las pensiones, el siguiente paso se llevó a cabo en 1997: romper el principio de solidaridad y la caja única, modificar las fuentes de financiación y separar la Seguridad Social de los Presupuestos Generales del Estado. Con la creación del Pacto de Toledo (*) (1995) se disimulaba el incumplimiento de la Constitución, que exige que el Estado sea: El garante, vía presupuestos, de pensiones adecuadas y de la actualización del poder adquisitivo. Todo en medio de un bombardeo de propaganda y pensamiento único del régimen del 78.
Todo esto se hizo en un momento en el que había excedentes, para blanquear la maniobra. Sin embargo, cuando los ingresos superaron a los gastos, la mayor parte de ese dinero sobrante no fue a parar a la hucha de las pensiones. En el año 2000, de los 6.800 millones de euros, de superávit, el gobierno sólo ingresó 600 millones. El resto se destinó a otros objetivos que nada tenían que ver. Si se hubiera aportado lo que correspondía entre 2000 y 2011, y se hubieran limitado los “gastos impropios” tal como correspondía, en 2017 el superávit habría sido de 108.866 millones de euros.
Después vino la crisis, los recortes, la caída de los salarios, las reformas laborales, la explosión del paro, la precariedad laboral. La puntilla contra la hucha de las pensiones se la dio Rajoy, con el cambio de la ley para saltarse el tope del 3% de disposición anual. Una vez la hucha se agotó y, supuestamente para evitar el colapso, los gobiernos del PP y del PSOE-UP, no echaron mano a los Presupuestos Generales del Estado, como tenía que ser, sino que se dedicaron a conceder préstamos ficticios a la Seguridad Social (como si fuera una entidad distinta y separada del estado). La deuda de la Seguridad Social supera los 100.000 millones de euros, que algún día tendrán que pagarse. O el Estado asume que todo es un engaño y asume su responsabilidad, o bien da un nuevo hachazo al sistema público y entrega el patrimonio de ésta a los capitales privados.
¿El objetivo? Justificar la salvación del sistema público de pensiones, cuando en realidad lo que se está procediendo es a su progresiva liquidación y entrega a los bancos y aseguradoras. La supuesta falta de dinero también ha servido para avalar el endurecimiento de las condiciones de acceso a las pensiones y su congelamiento. Los pretextos utilizados para justificar lo injustificable constituyen un verdadero insulto a la inteligencia de los trabajadores, repetidos incansablemente como un mantra por la corte de “expertos” a sueldo del capital financiero.
¿Cómo pueden decir sin que se les caiga la cara de vergüenza, que la causa de la supuesta crisis del sistema público de pensiones es el aumento de la esperanza de vida, o la llegada de la generación del baby boom? ¿No lo sabían hace 40 años, cuándo decían que el sistema estaba asegurado?, Y si fuera así, ¿por qué los distintos gobiernos no sólo no tomaron medidas para evitarlo, sino que su política agravó la situación? ¿Cómo pueden ahora proponer prolongar la vida laboral de los trabajadores cuando el 29,3% de los jóvenes no encuentra trabajo?
Es cierto que cada vez hay menos trabajadores activos por cada pensionista (nadie habla del ejército de desempleados que no encuentra trabajo), pero también lo es que la productividad en nuestro país se ha multiplicado por seis en cuarenta años. Con menos trabajadores se produce más que antes, con plantillas más numerosas. ¿Dónde están los beneficios de ese aumento de la productividad? En los bolsillos de la patronal. Con la complicidad de los gobiernos, el capitalismo ha provocado la tormenta perfecta: Ha saqueado el sector público y ahora, supuestamente para preservarlo, exige seguir endureciendo las condiciones de acceso, recortar las pensiones y abrir la puerta a los planes de pensiones privados obligatorios (una parte de las cotizaciones a la SS se entregarán a los bancos y aseguradoras, con lo que agravará el déficit). Todo con tal de meter mano en el pastel de los 140.000 millones de euros que supone la recaudación anual del sistema público.
La implantación del nuevo modelo obedece a las presiones del FMI y del BCE, representantes de los intereses del capital financiero. Los planes privados siempre han fracasado en nuestro país. Los bajos salarios impiden el ahorro y por consiguiente que se puedan hacer aportaciones. Pero es que además, no han conseguido superar la desconfianza de la población. Ni siquiera han servido las ventajas fiscales. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Si los trabajadores no quieren planes privados, será cuestión de obligarles. Y en eso estamos.
Cada reforma, cada recorte, se ha llevado a cabo, acompañado de pequeñas mejoras cosméticas, con el aplauso de los medios de comunicación y una corte de “expertos”, para evitar que la verdad llegara a la población. Las cúpulas de CCOO y UGT que hace años se oponían, ahora, previamente engrasadas, jalean y colaboran con entusiasmo. Desde la creación del Pacto de Toledo no ha habido gobierno que no haya puesto su granito de arena en el proceso de deterioro del sistema público. Sin embargo el paso más importante lo ha hecho del PSOE-UP, con la aprobación de los planes de empresa. En el momento en el que sean aprobados por convenio, una parte de las cotizaciones de los trabajadores que iban destinadas a la SS, irá a parar a manos del capital financiero.
Con el Pacto de Toledo, el capitalismo pretende imitar el cuento de la rana y el caldero. Que nos vayamos acostumbrando a que las cosas vayan cada vez peor, sin rebelarnos. Tras la cortina de humo de la unidad de los partidos parlamentarios, la patronal y los sindicatos del régimen, se intenta que los trabajadores aceptemos los recortes como algo irremediable y objetivo, un mal menor para salvar el sistema público de las pensiones, o que simplemente demos nuestro visto bueno a la idea de que en el futuro éstas se van a ir reduciendo hasta desaparecer.
Las recomendaciones del PdT no intentan resolver la crisis de ingresos, sino que plantean recortes al reparto, que permitan rebajar las cuotas patronales, agravar la situación de la caja y facilitar la gestión privada. El objetivo es cambiar nuestro sistema solidario y de reparto por otro basado en tres ejes: unas pensiones públicas de subsistencia, complementadas con otras, procedentes de los planes de empleo, negociados por los sindicatos del régimen y gestionados por las entidades financieras, y por los planes individuales para los pocos que se los puedan pagar, contratados directamente. Estos dos últimos, generadores del gran negocio de comisiones para la banca.
La entrega de una parte de las cotizaciones de la SS a los planes privados de pensiones controlados por las entidades financieras es un verdadero regalo a una banca que cada vez tiene más problemas de supervivencia. Los fondos privados no tienen ninguna garantía de rendimiento, ni siquiera de mantener el valor del capital aportado. La gestión totalmente opaca de los fondos de permite al capital financiero endosarles los valores de su cartera que tienen pérdidas, sin coste alguno. Al fin y al cabo, independientemente de cuales sean los resultados, con pérdidas o ganancias, cobran la misma comisión. Este es el gran negocio de las gestoras, que están en manos de los bancos y aseguradoras, y en menor medida los sindicatos del régimen que forman parte de las mismas.
Con frecuencia los resultados de los fondos privados son inferiores al IPC y muchos de ellos arrojan pérdidas importantes. En realidad, sólo resultan interesantes a los propietarios de los grandes patrimonios por las desgravaciones fiscales que obtienen, pero no a los trabajadores con salarios medios (los de salarios bajos ni siquiera pueden permitirse hacer aportaciones regulares).
Algunos contemplan la posibilidad de que el Estado acabe sea el garante de que estos fondos obligatorios no quiebren, o tengan pérdidas, con la finalidad de que el impositor obtenga al final, por lo menos el dinero invertido. Si esta cláusula acabara aplicándose, seríamos todos los que, a través de los Presupuestos Generales, acabaríamos pagando los tejes y manejes de la banca.
A pesar de que algunas de las reformas recién aprobadas contemplan su realización a medio o largo plazo, no debemos llamarnos a engaño. Se realizan paso a paso, para evitar la posibilidad de que el malestar social pueda transformarse en movilizaciones. El ejemplo de Francia pesa en los planes. No es aventurado predecir que si las circunstancias acompañan, el próximo gobierno, conservador o “progresista”, encontrará razones para nuevas reformas. El objetivo de esta serie ininterrumpida de reformas es arrancar cada vez nuevos pedazos de plusvalía a los trabajadores, vía futuras pensiones. Al fin y al cabo las pensiones no dejan de ser una parte de nuestros salarios en diferido, para poder vivir al finalizar nuestra vida laboral. La crisis del capitalismo, provocada por la caída de la tasa de ganancias impulsará nuevos ataques contra las conquistas y derechos de los trabajadores.
¿Por qué es importante el debate de las pensiones para los trabajadores?
El movimiento pensionista nació como consecuencia del abandono de las direcciones de CCOO y UGT de la defensa del sistema público de pensiones. Desde su nacimiento, el movimiento contó con su hostilidad, que intentaba acallar las voces que denunciaban su traición. Con su complicidad, el sistema creó un muro de silencio y desinformación para que el proceso de desmantelamiento del sistema público de pensiones y su progresiva privatización, no llegara a los trabajadores. Un muro que co.bas y el resto de los sindicatos de clase nos hemos propuesto derribar.
Como trabajadores pensionistas que somos, estamos en contra del Pacto Social que se está tejiendo contra nuestros derechos y conquistas. Pensionistas y trabajadores activos somos la misma clase. Cuando atacan a unos, nos atacan a todos. La lucha en defensa del sistema público de pensiones es la lucha por unas pensiones dignas y suficientes, presentes y futuras. Por consiguiente no atañe sólo a los pensionistas, como los voceros del sistema pretenden hacer ver, sino también a todos los jóvenes y trabajadores en activo que son los pensionistas del futuro. La caída de los salarios afecta a las cotizaciones a la Seguridad Social y por consiguiente agrava la crisis de ingresos, y en su momento repercutirá en el endurecimiento del acceso y el importe de las futuras pensiones. Que los trabajadores tengan salarios más altos implica que las pensiones también serán más elevadas.
Un sistema público y redistributivo es un factor cohesionador que refuerza la conciencia de clase. Defender unas pensiones suficientes ahora implica que los trabajadores activos podrán disfrutarlas cuando se jubilen. La consumación de la reforma y el triunfo de los planes del capital implican romper definitivamente el sistema solidario, para transformarlo en una guerra de todos contra todos. Cada trabajador tendrá su propia mochila, que será de su responsabilidad que aumente o no. Los trabajadores estarán cada vez más solos e impotentes frente al Estado y el capital financiero. Al final de su vida laboral, descubrirán la realidad: una paga del Estado con la que apenas podrán sobrevivir y otra procedente de lo que quede del dinero gestionado por los bancos (probablemente menor que la suma de ingresos realizados durante su vida laboral y que en el mejor de los casos tampoco dará para mucho). Cuando eso ocurra, no podrán apoyarse en sus hermanos de clase porque las pensiones habrán dejado de ser una reivindicación colectiva.
Los fondos de empleo gestionados por la banca, tras firmar los sindicatos convenios en las empresas para detraer parte de la cuota de la seguridad social, como el sistema creado hace 30 años por los vascos Geroa Pensioak, que son similares a los propuestos en la recomendación n.º 16 del Pacto de Toledo, tienen problemas de liquidez y sólo están permitiendo que se reembolsen 180 euros mensuales para complementar la pensión pública.
Es importante denunciar el miserable papel que están cumpliendo las cúpulas de CCOO y UGT, apoyando los planes de empresa y formando parte de las gestoras que administran estos fondos, a cambio de sendas comisiones. Esto ha llevado a sus dirigentes a justificar y promover los planes privados, sin importarles las consecuencias.
¿Qué podemos hacer como sindicato?
– Nuestros métodos en las empresas.
De todo lo que se ha dicho, se desprende que la principal obligación de co.bas (y del resto de sindicatos clasistas) es llevar el debate de las pensiones a las empresas, a través de las secciones sindicales, de los comités de empresa, o de los mismos trabajadores en sus centros de trabajo.
1) La lucha por las pensiones es un instrumento para el desarrollo de co.bas. Hemos de llegar a las empresas en las que todavía no estamos implantados y la lucha por las pensiones es una oportunidad para hacerlo. Apostamos por la formación de una sección sindical estatal de los pensionistas afiliados a co.bas. Hemos de convencer a los compañeros que están a punto de jubilarse (o prejubilarse) que dejar de ser trabajadores activos no los convierte en otra clase social. Que no se desafilien y se pasen y organicen en la sección sindical de Pensionistas del Sindicato.
Los problemas seguirán siendo los mismos. Cambia el marco, pero la lucha de clases sigue siendo exactamente la misma. A los que NO se desafilian y se siguen manteniendo por solidaridad en la sección sindical donde estuvieron activos durante su vida laboral, de una forma natural se pasen y organicen a la sección sindical de la “nueva empresa” a la que pertenecen. Y de estos compañer@s, un llamamiento especial a los que siguen siendo “activistas” de una sección sindical en la que ya no viven en carne propia los problemas diarios, que pueden ser un tapón para que se desarrollen nuevos activistas y equipos. Y que su experiencia podría venir fenomenal para fortalecer la “poco ortodoxa” Sección Sindical de Pensionistas. Recordad que en los últimos años hemos sido activos y hemos incidido, aun con nuestra poca implantación, en los Movimientos de Pensionistas y en las Movilizaciones a nivel Estatal.
Por otra parte, los compañeros que están trabajando y todavía les queda tiempo para poder jubilarse, tienen que ver que ellos son parte de esta batalla. Los principales ataques recaen sobre ellos, porque el Estado capitalista es consciente de que normalmente estos recortes pasan desapercibidos para la mayoría. Preocupados por lo inmediato (el poder adquisitivo de los salarios), no se dan cuenta que les están haciendo la cama, para cuando lleguen al final de su vida laboral.
2) Estudiar la posibilidad de publicar un boletín de co.bas-pensionistas estatal, que recoja la información que vaya apareciendo, así como las luchas, las movilizaciones y los debates que se hagan sobre el tema. Esta experiencia ya se está llevando a cabo en algunas comunidades.
3) Preparar un programa de formación para los delegados (obligatorio) y afiliados (voluntario). Hemos de saber dar respuestas ante tanta confusión y tergiversación extendida por la patronal, el gobierno y los sindicatos colaboracionistas.
4) Buscar la forma de que allí donde se pueda, se hagan asambleas para informar, discutir y tomar medidas. Si es posible, dentro de la empresa, donde no lo sea, fuera. Hay que advertir a los trabajadores lo que se les viene encima.
5) A través de nuestros hijos, familiares o antiguos compañeros de trabajo… Hay que buscar todos los medios para llevar esa información (octavillas, carteles…) a las empresas donde todavía no estamos implantados.
6) Con la ayuda de los abogados laboralistas que colaboran con nuestro sindicato.
7) Pese a nuestras grandes diferencias con las direcciones de CCOO y UGT, en estos sindicatos existe mucho malestar y una creciente desconfianza hacia sus dirigentes. Muchos compañeros afiliados a estos sindicatos, participan en las movilizaciones del movimiento pensionista y defienden su programa. Es importante que trabajemos estas contradicciones para levantar una resistencia clasista y antiburocrática en el seno de estas organizaciones. Las puertas de nuestro sindicato siempre estarán abiertas para ellos.
8) En diversos lugares del estado, y desde hace tiempo, se están haciendo intentos serios de aproximación entre los distintos sindicatos clasistas. En Catalunya, concretamente estamos trabajando para que esa tendencia hacia la unidad en la acción dé un paso hacia adelante, a través de la Mesa Sindical Pensionista. Las organizaciones que forman parte de ella, corresponden a las agrupaciones de pensionistas de los sindicatos combativos (CGT, CNT, IAC, COS, SO y co.bas). Desde este organismo nos hemos propuesto llevar la información y el debate sobre las pensiones a los centros de trabajo y hacer comprender a los compañeros de su importancia. El alcance de la unidad en la acción dependerá de los acuerdos a los que podamos llegar en el seno de estos organismos (piquetes de unidad sindical, asambleas en las empresas…)
9) Establecer una web de co.bas, en la que se pueda facilitar información y en la que los afiliados puedan hacer sus consultas.
10) Establecer y consolidar la Reunión Mensual por Videoconferencia para todos los Pensionistas de las distintas Comunidades Autónomas, como embrión para organizar la sección sindical Estatal.
11) El Compromiso de elaborar entre todos una Plataforma Reivindicativa actualizada propia de la Sección Sindical de co.bas Estatal.
Del anterior Congreso de Cobas y de nuestra participación en el movimiento de Pensionistas algunos puntos para su consideración:
– Recoger las pensiones como un derecho constitucional, derogando el artículo 135 de la CE, e incluirlas en los presupuestos generales del estado, recuperando el No pago de la Deuda.
– Restablecer la Jubilación Ordinaria a los 60 años. O las Jubilaciones parciales con contrato de relevo para todos los trabajadores a los 60 años, y el relevista fijo en plantilla a la jubilación definitiva del pensionista.
– Jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años cotizados = 100%.
– Recuperación del Subsidio por desempleo para “todos” los mayores de 52 años. Elevación del salario mínimo interprofesional a 1200 euros.
– Pensión mínima igual al salario mínimo interprofesional: 1200 euros, que garantice con dignidad la vida de los pensionistas, viudas, etc.
– Derogación del Pacto de Toledo, las Reformas Laborales del 2010, 2012 y 2021. Así como la derogación de las Reformas de las Pensiones de 2011, 2021, 2022 y 2023.
– Oposición total al Plan Europeo de privatización de las Pensiones (PEPP), a los Planes Privados de Empleo, así como a la Mochila Austriaca.
– Recuperación de los 15 últimos años para establecer el cálculo de la Pensión de Jubilación.
– Revalorización automática de las pensiones en relación al IPC real acumulado. Previa recuperación de la “Paguilla” anual entre el IPC previsto y el real a final de año.
– Recuperación económica de lo perdido desde 2011.
– No a la aplicación de ningún Factor de Sostenibilidad. Por la Auditoria de las cuentas de la Seguridad Social por el Tribunal de Cuentas. Así como la devolución de todo lo substraído…
– Desaparición de la Brecha de género en salarios y pensiones.
– Factor reductor de la edad de jubilación a los afectados por el Amianto.
– Pleno e inmediato funcionamiento de la Ley de Dependencia.
– Eliminar todo tipo de Copago, restablecer los derechos sanitarios. Residencia 100% Publicas.
– Garantía de los suministros básicos (energía, agua, transporte).
– Derechos Humanos, (Derecho a la Vida, a la Libertad, al Trabajo, Sanidad, Vivienda, Refugiados, Extranjería, etc.).
Nuestros métodos fuera de los centros de trabajo.
La mayor parte de los trabajadores no están afiliados a ningún sindicato. Esto nos lleva a la conclusión de que hay que recuperar la calle. Nuestra lucha como sindicalistas no termina en la puerta de los centros de trabajo. co.bas está donde estén sus afiliados, en las movilizaciones en defensa de la sanidad y la enseñanza pública, contra las salvajadas que en nombre del “progreso”, el capitalismo lleva a cabo contra los trabajadores y las clases populares.
Proponemos organizar las Ágoras. Asambleas en la calle en las que la gente puede informarse, discutir y proponer y aprobar formas de lucha. Por supuesto, esto va mucho más allá de las pensiones y atañe a cualquier tema que afecte la calidad de vida de la clase obrera (sanidad y educación públicas, las reformas laborales, la Ley Mordaza, la inmigración, el racismo y la xenofobia, la discriminación de género… Las Ágoras son una forma de colaboración entre las distintas fuerzas vivas en los barrios, distritos y localidades (organizar las asambleas, invitar a los que presentarán los temas, dar a conocer entre los vecinos cuando y donde se realizarán, son las tareas que deben asumir los movimientos organizados). Pero debe quedar claro que un Ágora no es un mitin, ni una clase magistral, es una asamblea, y por lo tanto la función de las organizaciones se limita a crear las condiciones para que la gente participe, diga lo que piensa, discuta y vote las iniciativas, La proliferación de las Ágoras, la periodicidad con la que se realicen, puede llevarnos a la posibilidad de que en un futuro éstas se coordinen y se asuman respuestas colectivas, y que por lo tanto potencien su capacidad de movilizar la calle.
Las Ágoras también pueden llevarse a cabo en los centros de trabajo para llegar a todos los trabajadores, afiliados o no. La naturaleza asamblearia y democrática de co.bas le permite ver las Ágoras como un instrumento al servicio del sindicalismo clasista y combativo.
* Las primeras reformas del Sistema Público de Pensiones fueron contestadas con sendas huelgas generales (1986, 1988, 1992). Eso hizo que el gran capital se planteara la necesidad de un consenso político para lograr sus objetivos. Un método más lento, pero más seguro. Una vez abierta la puerta, se trataba de abrirla cada vez más. El Pacto de Toledo fue creado en 1995, para implantar imponer los recortes y la privatización que reclamaba la UE y el IBEX-35, con una apariencia de objetividad a lo que no era más que un flagrante saqueo al bolsillo de los trabajadores. El bipartidismo y el resto de partidos del sistema se apuntaron con entusiasmo en medio de la feria de las puertas giratorias. La burocracia de CCOO y UGT también se dejó seducir oliendo poder institucional, protagonismo en la negociación colectiva y una nueva fuente de financiación.