Documento de Acción sindical

LA CLASE OBRERA TENEMOS QUE DAR UN PASO AL FRENTE

El cuadro general de la situación en el que celebramos el Vº Congreso y la razón de ser de co.bas

Vamos a celebrar el Vº Congreso de co.bas a 20 años de nuestra fundación y a 17 de nuestro 1er. Congreso (2006). En este tiempo cambiaron gobiernos, estalló una crisis económica sin precedentes desde 1929; se precipitaron crisis políticas o se sucedieron movimientos sociales (Marchas de la Dignidad; 15M; Lucha de las mujeres; las movilizaciones por la sanidad pública; las y los pensionistas….) que con sus flujos y reflujos fueron modelando un escenario en el que gradualmente la clase obrera, el sujeto social que da razón de ser a nuestro sindicato, hemos seguido retrocediendo en derechos, en condiciones de vida y en protagonismo en la lucha social.

Desde nuestro último Congreso (enero 2019) ese cuadro general no solo se sostuvo sino que se agravó en medio de una crisis económica mundial que irrumpió en el 2008 y no ha sido superada, y de una dramática pandemia por COVID que causó estragos y segó la vida de más de 121.00 personas. Un cuadro general que sigue profundizando la crisis energética y los repuntes inflacionarios que precarizan la vida y las condiciones de existencia de millones de trabajadores/as y a lo que se sumó una guerra que perdura y agudiza los elementos de crisis y el drama humano que la acompaña. 

Del hilo de continuidad de estas ya casi dos décadas, dan fe párrafos enteros del documento de nuestro 1er. Congreso:

  “El gobierno del PSOE [Zapatero] –con la inestimable complicidad de IU-IC y ERC en el plano político y, sobre todo, de los aparatos de CCOO y UGT en el sindical– viene imponiendo nuevos retrocesos en derechos y garantías laborales. Para ello cuentan con dos instrumentos: la continuidad de los pactos generales de negociación colectiva entre sindicatos y patronal y el llamado diálogo social entre patronal, gobierno y sindicatos.

Pero en rigor no podemos afirmar que estamos ante “más de lo mismo”, porque las crisis van penetrando en la estructura social, desarrollando la desigualdad en las condiciones materiales de vida, la desigualdad entre países, entre los que reciben “avalanchas migratorias” y los que se vacían huyendo del hambre y la miseria para perder en no pocas ocasiones la vida en la travesía; desigualdad en donde el mal llamado “desarrollo” fuerza a las migraciones que convierten las grandes ciudades en hacinamientos cada vez mas inhabitables al tiempo que dejan zonas enteras “vaciadas”. Una desigualdad que se reproduce en la propia clase obrera, dividida por sus desiguales condiciones salariales, por los derechos o la falta de los mismos, por sus formas de contratación, subcontratación… por el color de su piel, el país de origen, el género o hasta la edad.

Es en ese cuadro general de crisis del sistema capitalista, con sus picos de agudización o de atenuación parcial de las mismas, donde la barbarie se expresa de múltiples formas en la vida cotidiana así se intente “normalizar”.

La lucha de clases se tensa y esas tensiones aparecen entre ellas y en el interior de las clases mismas. Esas divisiones en el cuadro de crisis general del sistema explican las divisiones interburguesas, las tensiones entre Estados y la polarización política que recorre tantos países. Un sector burgués, apuesta por la confrontación directa, por el “fin de las medias tintas”, enarbola las ideas más reaccionarias y autoritarias y defiende a capa y espada las medidas liberales de choque como receta universal. Asienta en general su base material en la economía nacional y en la “defensa del país”, el “patriotismo”. Es el llamado trumpismo o bolsonarismo, cuyas expresiones políticas en el Estado español son los Vox o la mayoría de sectores del PP, en especial los encabezados por Isabel Ayuso, y cuya base material y social de apoyo más destacada está en la patronal hostelera, los sectores vinculados al turismo, servicios, comercio, así como el sector de la agricultura y la ganadería en el campo.

Frente a este “Bloque” burgués reaccionario se conforma otro “Bloque” burgués, el de los sectores vinculados hoy a las grandes multinacionales y los bancos, que siguen apostando por “la paz social”, el “diálogo social”, por la “democracia” como mecanismos de preservación del sistema capitalista y del “orden”.

Se presentan, no como garantes de cambio social alguno, sino como “muro de contención del fascismo”, como representantes de  la nueva socialdemocracia o “bloque progresista” que apuesta por el “crecimiento económico”, el “capitalismo verde” y las pequeñas concesiones a los sectores “en riesgo de exclusión social” a expensas de las bajadas salariales, la desregulación gradual de derechos laborales y sociales, la precarización, el endeudamiento público –antesala de más recortes- y la  decadencia productiva del país, cada vez más dependiente.

En medio de esa polarización que tiñe todo, la mayoría de las organizaciones sindicales, con CCOO y UGT al frente, empujan a la clase obrera a quedar disuelta, sin más destino que ser furgón de cola del bloque burgués de turno. Las clases sociales no existen, existen los “campos”, en rigor dos campos burgueses pero ningún “campo de clase” contra los campos burgueses. Tan es así que a los dirigentes de la izquierda es casi imposible escucharlos mencionar a la clase obrera. Todas y todos somos “clases medias” a lo sumo “clases medias trabajadoras” como tanto repite Pedro Sánchez. 

Más del 70% de la población se considera “clase media”. El desmantelamiento industrial, el recurso a la propiedad inmobiliaria que disparó el rentismo, el tradicional peso en la estructura productiva de la pequeña producción, el comercio y la hostelería, la propiedad agraria y ganadera que genera una legión de agricultores y ganaderos con economías potentes y subvencionadas y un país cuya dependencia del turismo es cada vez más brutal, dan base material de apoyo a esa ideología de las “clases medias”, que anhelan la “paz social” a cualquier precio, que huyen como el demonio de la cruz de las huelgas y el “desorden”.

Toda esa ideología presiona de manera extrema sobre las organizaciones obreras y en especial sobre los sindicatos cuyos dirigentes la reproducen, empujando a los trabajadores/as al resignado papel de tener que tomar partido por uno de los campos, entregarse al mismo, garantizar la paz social y facilitar la gestión al gobierno del campo burgués al que se apoya. ¡Es lo que hay!, ¡Es lo que toca!, son lemas tan populares como reflejo inequívoco de la resignación.

 Todo esto no significa en modo alguno que seamos indiferentes, que pongamos signos de identidad absoluta entre gobiernos a la manera sectaria, pero cuando vamos a cumplir 20 años de existencia, en medio de esta situación se hace vital reafirmar la razón de ser y el proyecto estratégico de co.bas:

Aquí el único “campo” que sigue faltando, el que hay que construir, es el de la clase obrera. No nos resignamos, sino hay viento a favor para desplegar las velas, sacaremos los remos y ¡a remar! pero no hemos nacido para ser furgón de cola de ningún bloque patronal. Gobierne quien gobierne, seguiremos llamando a enfrentar todas las medidas antiobreras que se aprueben, a defender un programa obrero, anticapitalista que garanticen el pan, el trabajo, el techo y la libertad. Un programa para acabar con este sistema capitalista y defender la vida y al planeta mismo. La independencia de clase exige más que nunca la defensa de la independencia del sindicato para conformar una oposición de clase a los gobiernos burgueses de turno.

I.- La crisis, la pandemia y hasta el “crecimiento económico” ponen al descubierto el modelo productivo.

“España va bien”; “Jugamos en la Champions League de la economía mundial”; “España va mejor”, “La economía va como una moto”. Los sucesivos gobiernos repiten como un mantra frases como las citadas de Aznar, Zapatero, Rajoy o Pedro Sánchez, pero cada crisis económica y hasta cada “dato” del  “crecimiento”  deja más al descubierto un modelo productivo periférico y dependiente del exterior, aunque se presenta así mismo con aires de grandeza. Un modelo productivo con multitud de pequeñas empresas y microempresas (tan solo el 0,17% de las empresas son grandes) sustentadas en el trabajo precario, bajos salarios, en muchos casos miserables, horas de trabajo que no se pagan y en un desempleo estructural crónico. Un modelo productivo que tiene como “principal industria” el turismo. Sacan pecho porque se ha vuelto a batir en este verano otro record histórico y en el 2023 alcanzaremos los 85 millones de turistas extranjeros. El turismo representa ya el 14,6% del PIB y el 14,4% del empleo (en torno a los 3 millones de trabajadores/as).

Desde la incorporación a la Unión Europea y la desindustrialización que acompañó ese proceso en forma de “reconversiones industriales”, las “ayudas” que llegan de Europa han venido siendo la contrapartida para convertir la economía española en un gran mercado para las exportaciones alemanas, francesas o norteamericanas, dejando el país como destino turístico, arrasando las costas, las ciudades y el medioambiente en base a una monstruosa red de autopistas, vías de alta velocidad y una tan amplia como irracional red de aeropuertos (la mayoría en desuso).

La pandemia puso sobre el tapete, entre otras, la enorme paradoja de que un país, que durante décadas tuvo una potente industria textil, no tenía mascarillas y hubo que importarlas de urgencia de China para deleite de especuladores y ladrones. Más allá de la anécdota fue el vivo reflejo del desmantelamiento industrial y la dependencia exterior.

  Sobre ese cuadro general estructural, este “modelo productivo”, actúan las crisis económicas, cada vez más frecuentes, largas y profundas, frente a los periodos de “recuperación”, cada vez más cortos y débiles.

II.- Una prolongada devaluación de los salarios que la Reforma Laboral y la espiral inflacionaria agudizaron.

La inflación, la lacra de los salarios, sigue haciendo estragos en las economías obreras y alcanzó en este periodo los niveles más altos desde 1984. El 2022 se cerró con un 5,8% de variación anual y la inflación subyacente (la que no tiene en consideración los alimentos no elaborados (frutas o verduras),  la energía (gas, luz, etc.) y el combustible) alcanzó el 7,5% y era del 6,2% a 31 de julio del 2023.

En rigor estos datos enmascaran la realidad de las economías obreras, porque el IPC de los productos de alimentación, los alquileres y los gastos de luz y gas en las viviendas superan con creces esos índices. Por ejemplo, los alimentos y bebidas no alcohólicas   se incrementaron un 15,7% de media en el 2022 y un 10,8% en lo que va de 2023. Alimentos básicos como el azúcar, el aceite de oliva, las patatas, el arroz alcanzan precios prohibitivos (44,2%; 38,8%; 22,9% y 22% respectivamente a 31 de julio de 2023).  

El precio del alquiler subió en el 2022 como media un 8,4% en el último año, con subidas de un 25,7% en Barcelona, 21% en Valencia o un 11,2% en Madrid. En el 2023 esa dinámica se sosegó si bien el precio de los alquileres se disparató en las grandes ciudades a lo que se suma la carencia de vivienda de alquiler que alcanza en algunos lugares (Baleares es el más sonado) dimensiones insultantes.

Contrástense estos datos con los aumentos salariales derivados de la negociación colectiva. El informe de la Agencia Tributaria (2022) cifraba en el 10,2% el crecimiento medio de los salarios entre 2007 y 2020 -incluidos trabajadores/as del sector público y privado-, mientras que en ese periodo la inflación repuntó, según el INE, un 20,3%, prácticamente el doble.

Añádase a ese cuadro lo acontecido en los tres siguientes años:

A esto hay que añadir, según la Agencia Tributaria, que el IRPF superó por primera vez el umbral de los 100.000 millones de recaudación debido a la evolución del empleo y a las “subidas” de pensiones y del salario de los empleados públicos, lo que disparó las retenciones practicadas.

A esa constante devaluación salarial se  le añadió un nuevo hito en ese descenso: la Reforma Laboral de 2021.

El denominado “gobierno progresista” prometió derogar la Reforma Laboral de Rajoy, pero lejos de derogarla la devaluación salarial ha sido la consecuencia central de su última Reforma Laboral tan aplaudida por la CEOE. El gobierno PSOE-UP y la ministra Yolanda Díaz han vendido dicha reforma como “Un logro histórico para l@s trabajador@s”, aunqueen rigor (apoyándose en figuras contractuales heredadas de las reformas anteriores) ha supuesto la bajada general de los salarios por la vía de los contratos “a tiempo parcial» y los “fijos discontinuos” y los convenios cuyos aumentos salariales que se firman están por debajo del IPC.

Los defensores de la Reforma Laboral gustan poner el énfasis en el crecimiento del número de contratos fijos y de altas en la Seguridad Social. Pero “dato y relato” no cuadran. Dejemos a un lado el problema, nada menor, de considerar “fijos” a los fijos discontinuos haciéndoles desaparecer de las estadísticas del desempleo los meses en los que no trabajan. Pese al record de afiliación a la Seguridad Social (21 millones de personas) el número medio de horas efectivas trabajadas a la semana por el total de los ocupados es menor (última EPA y datos del INE). En el primer trimestre del año 2023, con mayor número de afiliados/as a la Seguridad Social del registro histórico, las horas trabajadas era, un 9,5% inferiores al máximo registrado en el segundo trimestre del 2008 antes de la gran recesión. Lo que los datos indican en esencia es que las horas de trabajo se reparten entre más gente y con ello también los salarios. Es revelador de la caída general de los salarios el constante crecimiento del pluriempleo que se dispara tras la Reforma Laboral y que según la EPA repunta hasta los cerca de 600.000 trabajadores/as que se encuentran actualmente en esa situación. Todo un dato además a añadir para quienes alardean de los “avances” en la conciliación de la vida laboral y personal.

Esa bajada salarial se hace más patente en los sectores feminizados. Cerca de 3 millones de trabajadoras/es trabajan a tiempo parcial, con la consiguiente bajada del salario que se ingresa, el 75,3% son mujeres. En rigor, más de 400.000 tiene jornadas de 1 a 9 hs. semanales; 855.000 de 10 a 19 hs. y el resto de 20 a 30 hs. La subida del SMI (1.080€) así como el Ingreso Mínimo Vital no pasan de ser pobres parches frente a una tendencia general que agudiza la precariedad laboral y los bajos salarios.

Añádase al balance de su Reforma Laboral, que encubre el paro y los despidos amparándose en viejas figuras jurídicas, más que conocidas, como los ERTEs permanentes y los ERES encubiertos, el más notable el de la Administración Pública aplicado a las trabajadoras/es contratados en fraude de Ley. Al igual que son EREs encubiertos los despidos por “goteo” (no superando en 90 días más de 10 despidos en empresas que ocupen menos de cien trabajadores/as o el 10% en empresas que ocupen entre 100 y 300 trabajadoras/es).

A todo esto hay que añadir además que la patronal profundiza un viejo hábito, el de las horas extraordinarias realizadas que no se pagan. Hasta el tercer trimestre del 2022 el número total de horas extraordinarias realizadas a la semana por todos los asalariados/as de las distintas ramas de actividad osciló entre 6,2 y 6,6 millones (INE). Esa cifra equivale en torno a 165.000 puestos de trabajo fijos a jornada completa de 40 hs. semanales. Pero el escándalo pasa a ser un auténtico atraco cuando entre el 43 y el 50% de esas horas NO SE PAGAN.

III.- La pérdida gradual de derechos sociales y el latrocinio de la sanidad pública.

Como hemos repetido en muchas ocasiones, el salario no consiste solamente en la parte que recibimos todos los meses en la nómina. Hay otras partes, como el recibido en forma de salario social (sanidad, educación…) o salario diferido (pensiones) y cuyos recortes y privatizaciones acaban siendo una reducción más de salarios y derechos conquistados.

El deterioro y desmantelamiento de la sanidad pública, en especial de la Atención Primaria, concentra buena parte de la indignación social. Las listas de espera, el cierre de centros de salud primaria   o   la apertura sin personal sanitario convierten en un calvario para millones de personas, y en especial para las de más edad, la atención sanitaria. El deterioro de los salarios, la inestabilidad laboral y las condiciones de trabajo del personal sanitario han generado un efecto huido del mismo, en medio de las protestas y huelgas. Lastrada por los recortes que se vienen aplicando desde el 2008 y llevada al límite porque se calcula que faltan cerca de 100.000 profesionales en enfermerías y más de 6.000 médicos de familia en Atención Primaria (agravado porque se calcula que en diez años se jubilarán 80.000 profesionales).

Detrás de esta situación subyace el proceso de privatización de la Sanidad. Diez compañías son las grandes beneficiarias del creciente negocio de la sanidad, que han multiplicado por tres su facturación en la última década. El negocio de la sanidad se viene beneficiando del auge de los conciertos públicos. Hay once Comunidades en las que más del 60% de sus hospitales privados tienen conciertos con la sanidad pública, entre ellas sobresalen Madrid, con un porcentaje por encima del 70%, y Murcia, que llega al 94%. Valga como dato de esa combinación entre desmantelamiento de los Centros de Salud y el avance de la privatización el hecho de que cerca de un millón y medio de personas contrataron un seguro de salud privado entre diciembre de 2019 y diciembre de 2022, con lo que la cifra total de estos asegurados supera ya la cuarta parte de la población, el 25,32 %, y asciende a algo más de 12 millones de personas.

Otro tanto ocurre con las residencias de mayores. De las 5.567 residencias de mayores que existen en todo el Estado español (2021) más del 70% son privadas, la mayor parte de ellas son residencias públicas de gestión privada. Son empresas como Amavir, Orpea, Domusvi Vitalia, Home, Aralia, Ballesol…, empresas en su mayor parte vinculadas a fondos de inversión o compañías de seguros.

Fue precisamente en las residencias donde la muerte hizo estragos en forma miserable para miles de personas mayores. En ellas fallecieron en este país más de 35.000 personas durante la pandemia.

Parte dramática del deterioro de la Sanidad Pública es el referido a la salud mental. Las enfermedades mentales se dispararon tras la pandemia a tal punto que el informe sobre salud mental, Avance en salud mental 2022 (Headway Mental Health 2022), sitúa a España como segundo país con más casos de trastornos de salud mental de Europa (1 de cada 5 personas en este país sufre algún trastorno de salud mental).

Es un verdadero fracaso de este sistema, que con su falta de inversión en medidas sanitarias acaba haciendo que este drama se viva como algo “individual”. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el año 2022 se cerró con 4.003 suicidios, nunca antes se había superado la barrera de los 4.000 fallecimientos. El suicidio es la primera causa de muerte externa en el Estado español.

Si bien la mayor parte de la responsabilidad de la crisis y desmantelamiento de la Sanidad Pública recae en los gobiernos de las Comunidades autónomas, la privatización de la Sanidad Pública no sería posible si no estuviera sostenida y legalizada por la Ley 15/97 de “Nuevas Formas de Gestión” (aprobada en 1997 con los votos de PP, PSOE, CiU, CC y PNV), y que hoy sigue en vigor sin que el actual gobierno haya movido un dedo por su derogación.

Pero la Sanidad no es más que la parte más visible y sangrante del desmantelamiento general de los servicios públicos, de la educación, la dependencia, el transporte…donde las inversiones capitalistas encuentran la veta de negocio, privatizando los servicios al tiempo que se exigen de los gobiernos la “colaboración público-privada”, lo que éstos conceden a cuenta del erario público y los derechos sociales.

IV.- Nuevas variantes al servicio de privatizar las pensiones 

Las sucesivas reformas de las pensiones, ampliando los años de cotización, aumentando los años del período de cálculo, alargando la edad de jubilación han ido mermando las pensiones y ampliando la desigualdad. El 60% de las pensiones no alcanzan el SMI, a lo que se suma la brecha de género con multitud de pensiones de viudedad que son de miseria.

La importante cantidad de dinero que moviliza la Seguridad Social en pensiones (solo las contributivas representan el 11,8% del PIB) es la base para que bancos, fondos de inversión y aseguradoras hagan de su privatización un objetivo prioritario. En su forma de fondos de pensiones y ahora de entidades de previsión social voluntaria (EPSV), cuentan con el apoyo de la burocracia sindical (en especial, aunque no solo, CCOO y UGT) tanto en la negociación de los convenios, como en las empresas conjuntas de gestión de los fondos.

La lucha de las y los pensionistas fue clave para romper el tope impuesto por el Gobierno Rajoy y ha seguido manteniéndose todos estos años. Es uno de los sectores sociales que más han sostenido las movilizaciones y no se puede entender las subidas de las pensiones o que se hayan retirado medidas como el factor de sostenibilidad sin esa lucha. Nada ni nadie ha regalado un solo euro a las/os pensionistas.

Pero como se viene denunciando desde el movimiento pensionista, seguimos asistiendo (en toda Europa, como muestra Francia) al progresivo desmantelamiento de las pensiones públicas. El gobierno, con el ministro Escrivá al frente, viene negociando con patronal, burocracia sindical y grupos parlamentarios una nueva reforma de pensiones que, entre otras cosas, aumente el periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión de los actuales 25 años a los 30. El aumento sistemático de los años de cálculo para la pensión responde a una de las permanentes reivindicaciones patronales de que la fórmula de cálculo de la pensión acabe alcanzando toda la vida laboral del trabajador/a. Así mismo siguen ampliando el retraso en la edad de jubilación hacia los 67 años y en medio de la actual precariedad conviene recordar que son necesarios 37 años cotizados para percibir el 100% de la pensión o más de 38 años quien pretenda jubilarse a los 65 años.

V.- El creciente problema social de la vivienda  

La vivienda es sin duda uno de los grandes problemas sociales. Se ha convertido en fuente de especulación y riqueza para unos y de dependencia para la inmensa mayoría de las familias, que dedican gran parte de sus salarios a pagar la letra o el alquiler, mientras condena a millones de jóvenes a permanecer de forma indefinida en casa de sus progenitores o independizarse en pisos compartidos con alquileres desorbitados. La proliferación del turismo agudiza más aún este drama de la vivienda sobre todo en grandes ciudades y zonas costeras.

 El boom inmobiliario (1997-2007) convirtió la economía española en un paraíso para los especuladores y en un drama para quienes son desahuciados. El lema que se popularizó con el 15M, Gente sin casas y casas sin gente, sigue teniendo plena vigencia. Mientras los desahucios continúan (en los años 21 y 22, a pesar del llamado «escudo social», se ejecutaron 79.628 desahucios), las/os trabajadores/as desplazados o jóvenes no encuentran vivienda o lo hacen a precios desorbitados, hay más de tres millones de viviendas vacías. Los fondos buitre, los bancos o el SAREB (creado con dinero público), son hoy las principales inmobiliarias.

La Ley de vivienda aprobada (con tres años de retraso) en abril del 2023, ha suscitado numerosas críticas entre los colectivos del movimiento de la vivienda: «La primera Ley por el Derecho a la Vivienda que se aprueba hoy no es esa Ley, ya que la vivienda seguirá funcionando como un bien de mercado con el que especular, en lugar de garantizarse como un derecho al alcance de todas las personas. (…) se han impuesto las presiones del periodo electoral, así como las de los fondos de inversión y las patronales inmobiliarias, y el resultado es una Ley que no ofrece una alternativa a los desahucios, ni garantiza alquileres asequibles, ni asegura la protección de un techo a las personas sin hogar» (inquilinato.org).

VI.- Y mientras, se forran los de siempre

La otra cara de la realidad es la que refleja el informe del Banco de España (diciembre 2022) que constata que los beneficios de las empresas han crecido siete veces más que los salarios.

El informe certifica que las empresas han trasladado el encarecimiento de los costes (energía, transporte, materias primas…) a los precios de venta de sus productos, mejorando su rentabilidad en esta crisis de inflación. Las ganancias de las empresas no financieras han aumentado un 21% de media hasta el tercer trimestre del 2022 respecto a 2021, tanto por la recuperación de la actividad económica tras la pandemia como por las subidas de precios.

Un reciente informe del Banco de España (que ha levantado polémica con la patronal hostelera) señala que “mientras que los costes de producción de bares, restaurantes, cafeterías, hoteles y otros establecimientos crecieron un 5,9% entre 2021 y 2022 sus precios aumentaron un 9,3%, lo que supone 3,4 puntos por encima).

 Más explícito aún es el último informe de Oxfam Intermon, publicado coincidiendo con el inicio del Foro Económico de Davos. En el mismo se enfatiza que el 92,5% del aumento de precios se  explica por los beneficios y márgenes empresariales. El informe detalla además cómo en 2022 “las empresas del IBEX 35 obtuvieron ya un 63% más de beneficios que en 2019 e, incluso, un 55% más respecto a la media de los resultados de los cinco años previos a la pandemia, entre 2015 y 2019”. Y añade que 95 grandes empresas eléctricas y de alimentación doblaron beneficios.

Según el informe de los resultados de la Banca española, las seis entidades más grandes cerraron el 2022 con un ejercicio récord en beneficios. CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja acumularon un resultado de más de 20.800 millones de euros. Varias de ellas, como Santander o CaixaBank han obtenido el mayor beneficio de su historia. Valga comparar esas cifras de resultados declarados con el polémico «impuesto a la banca» que aprobó el gobierno. Ese impuesto representa, en total, en torno a 1.000 millones de euros. Los bancos facturaron más de 97.400 millones de euros, un 13% más que en 2021. Es una de las mayores subidas de la facturación que han tenido en el negocio bancario en los últimos años.

Más recientemente, los informes corroboran esta tendencia, los grandes bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter, Sabadell y Unicaja Banco) han tenido, entre enero y junio de 2023, un beneficio neto conjunto de 12.386 millones, un 20,2% más de lo anotado en el mismo periodo del año pasado.

Esta situación general pone de relieve el brutal aumento de la desigualdad social en España y en el mundo. “El 63% de la riqueza producida en todo el planeta desde 2020 está en manos del 1% más rico de la población. La fortuna de ese 1% más rico aumenta, cada día, en 2.700 millones de dólares, mientras 800 millones de personas se van a la cama con hambre”.

En el Estado español, el número de ricos (que atesoran un patrimonio de más de 30 millones de euros) ha vuelto a crecer (Informe Agencia Tributaria cierre 2021). Eran unos 300 hace 10 años y hoy son 831. Si el año pasado declaraban tener 51.000 millones, ahora declaran 61.500 millones, es decir, cada uno de ellos, como media, declara patrimonios de 74 millones de euros por cabeza.

La brecha entre ricos y pobres se ha intensificado y el 1% de la población de mayores recursos acumula ya el 23,1% de la riqueza. En 2008 ese 1% más rico concentraba el 15,3% de la riqueza neta total. Dicho de otra manera: la fortuna de los ‘milmillonarios’ españoles crece desde 2020 a un ritmo de tres millones al día.

VII.- El papel cómplice de la burocracia sindical de CCOO y UGT

Los sindicatos nacieron como herramienta de organización para la defensa de los intereses de la clase obrera, para la lucha por mejorar sus condiciones de trabajo y de vida.  Hoy, los “grandes” sindicatos, CCOO y UGT han sido convertidos por sus dirigentes en los garantes de la Paz social, en una maquinaria burocrática de desmovilización y división de la clase obrera.  Una maquinaria materialmente dependiente de las subvenciones del Estado al que sirven y de los negocios derivados de sus relaciones con la patronal (gestión de fondos de pensiones; Consejos de Administración; formación, seguros…). Estos sindicatos son percibidos por millones de trabajadores/as como organismos ajenos a ellos/as cuando no como culpables directos de sus penurias.

Es esta burocracia dirigente quien avala y alimenta la división en la clase obrera. Baste como botón de muestra una empresa como Airbus, una multinacional puntera del sector aeronáutico. En el Estado español declara tener 13.000 trabajadores/as en plantilla (febrero 2023), pero en sus instalaciones trabajan prácticamente el doble de ese número, solo que son trabajadores/as de las más de 4000 contratas y subcontrata que trabajan para esta empresa, 200 directamente en España, a lo que hay que añadir las ETTs “que cubren puestos de trabajo temporal” según afirma la propia empresa. Cuando se ha desencadenado alguna huelga o protesta por el convenio, la mejora de condiciones, etc. los trabajadores/as de las contratas, subcontratas y ETTs no han sido convocados a la huelga porque “no les afecta”, “son de otras empresas”. En muchos casos esas contratas la forman los que vinieron a cubrir los puestos de otros trabajadores/as de la empresa que salieron mediante ERES, jubilaciones anticipadas o acuerdos especiales. Ni que decir tiene que los pertenecientes a la “plantilla” mantienen mejores condiciones económicas y derechos sociales que los de contratas. Este ejemplo de Airbus se repite por toda la geografía en multitud de empresas de todos los sectores de la industria, las comunicaciones, el transporte, la Logística, el comercio…y hasta Hospitales plagados de contratas externas al Servicio Público de Salud.

La burocracia sindical ha sido clave en esta división de la clase obrera, en normalizarla y en seguir profundizándola. Se convierten así en los “defensores” de un sector de los trabajadores/as (cada vez más reducidos) con mejores condiciones salariales y laborales, frente a una creciente masa de trabajadores/as precarizados/as: subcontratados/as, mujeres, jóvenes y migrantes. Vía las Reformas Laborales que apoyan o dejaron correr o los convenios o acuerdos de empresa, normalizan las dobles escalas salariales, las subcontrataciones y el uso generalizado de ETTs, abriendo una enorme brecha entre los “fijos de plantilla” o de la “empresa principal” y el resto de trabajadores/as.

Su papel de esquiroles en las luchas y huelgas ha ido subiendo enteros, como ha sucedió a comienzos de este año en las huelgas de los centros logísticos de LIDL, esquiroleando la huelga y alentando a la empresa a contratar ETTs para suplir a las y los huelguistas. Pero incluso cuando salen “a luchar en defensa de los puestos de trabajo”, como se hiciera en la lucha de Nissan, no tuvieron reparo en hablar de los cerca de 30.000 puestos de trabajo en juego, considerando, con total razón, como parte del conflicto a los trabajadores/as de las contratas y la industria auxiliar. Sin embargo el acuerdo final, presentado como un gran triunfo por CCOO, UGT y CGT, se remitió al cierre de las plantas de Nissan en Barcelona -un año después del previsto- y a las condiciones del despido de los 2500 trabajadores/as de la “plantilla de Nissan”, del resto de trabajadores/as de contratas, industrias auxiliares… ni noticias en el acuerdo.

Hablar de la división que hay en la clase obrera culpando a ésta de la misma, no deja de ser un insulto, un agravio a las víctimas al tiempo que se exonera de culpa a los verdugos.

En este papel de agentes patronales en las filas obreras, la burocracia sindical de CCOO y UGT se muestra como la vanguardia del supuesto “pragmatismo”, “modernidad” y “realismo”. Alientan la ideología de que oponerse a los EREs o despidos, es estar fuera de la realidad, lo “realista” es vender el puesto de trabajo. Si les señalas los datos que contradicen su grandilocuente campaña de propaganda sobre la última Reforma Laboral, te responden con el consabido: “pues peor sería si no se pactara y la hiciera el PP”. Si les recuerdas su sumisión acrítica al “gobierno patronal progresista” te responden: ¿y qué queréis, que venga la derecha?  En esencia su modernidad y pragmatismo es tan antiguo como las prédicas religiosas que apelan siempre al miedo y la resignación.

Todo esto genera la creciente desafección de la clase obrera más precarizada, en especial de la juventud, que ve a los sindicatos como aparatos ajenos cuando no cómplices de su precaria existencia. Hoy apenas alrededor del 13% de los/as asalariados están sindicalizados y el rechazo y/o la desconfianza se extiende en no pocas ocasiones a cualquier sindicato.

VIII.-  Las huelgas y la movilización social  

La desmovilización social que alienta la burocracia sindical y el efecto adormidera que estimula el gobierno progresista han sido factores decisivos en estos últimos años. Esta política constante de la patronal de apretar y recortar, unida a la propaganda de la resignación que hace la burocracia sindical, empuja a no pocos trabajadores/as a salir sin más de estos trabajos basura. Una de esas expresiones es la llamada “Gran renuncia”, un término acuñado en los EEUU en 2021, año en el que 50 millones de trabajadores/as norteamericanos renunciaron voluntariamente a su trabajo. En el 2022, en el Estado español, un 170% más de trabajadores/as abandonaron su trabajo mientras la patronal protesta porque hay 200.000 empleos sin cubrir. Este efecto huída, ni mejora las condiciones de trabajo ni, obviamente, conquista derechos.

Sin embargo, con notables desigualdades, es fundamental no pasar por alto que las luchas obreras no han dejado de existir, como tampoco las masivas protestas sociales por derechos democráticos, en un contexto general de creciente descontento social. Movilizaciones y huelgas que se dieron, en no pocos casos al margen de las direcciones de los sindicatos y los propósitos de patronal y gobierno.

Las huelgas obreras, si bien descendieron en el 2020 por efecto obvio de la pandemia, repuntaron en el 2021 y el 2022 con niveles de conflictividad no vistos desde el 2012. Si bien tras la firma del ANE este año cayó el número de huelgas, en cómputo anual el 2023 supera en conflictividad laboral los niveles del 2014 al 2017. Las huelgas fueron mayoritariamente por empresas y vinculadas a aumentos salariales.

Sin embargo desde finales de 2020 en adelante aparecen conflictos relevantes como la lucha de Nissan y las subcontratas, las huelgas en el metal de Cádiz o mas recientemente el de Pontevedra; las huelgas de las trabajadoras/es de LIDL en Galicia, País Vasco y Madrid, las trabajadoras de Inditex o H&M… son todos ejemplos de esa lucha obrera que nunca dejó de existir.

Pero sin duda las que más repercusión social tuvieron en este tiempo fueron las huelgas y manifestaciones masivas de la sanidad pública, que contaron con una enorme simpatía popular pues sus reivindicaciones trascendían lo estrictamente laboral y pusieron en el centro una demanda social: la defensa de la sanidad pública. En estas protestas fue muy notable el desborde sufrido por la burocracia sindical.

Fueron parte de estas movilizaciones las y los pensionistas. Si bien es el País Vasco donde más se ha mantenido un nivel masivo de la protesta, no ha faltado en otros lugares como Aragón, Madrid o Cataluña.

Son parte muy destacada también los diferentes movimientos sociales. En un sentido general la lucha de las mujeres por la igualdad es, con mucha diferencia, la que más siguió avanzando en estos años. Las manifestaciones masivas del 8M, las movilizaciones contra la violencia machista y hasta la reciente respuesta a la agresión a Jenni Hermoso y el trato machista a las futbolistas, refleja una enorme sensibilidad social a la lucha por la igualdad. Incluso el siniestro repunte de la violencia machista en este último periodo, más allá de la notable falta de medios materiales de apoyo a las mujeres maltratadas, no deja de ser expresión del acorralamiento de los sectores que se siente socialmente “atacados por el feminismo” (ver resolución mujer).

 La lucha LGTBI, los movimientos por la vivienda (PAH, Sindicato de inquilin@s), son parte también destacada de esos movimientos sociales.

Todos estos movimientos son primordiales para la lucha por cualquier cambio social, son objetivamente movimientos muy progresivos y por ello debe ser un elemento fundamental a considerar en la construcción de un sindicato obrero como el nuestro. Fundamental porque la clase obrera, disuelta, sin aparecer como tal, es parte objetiva de esos movimientos y hay que ayudar a que su participación sea más masiva y consciente.

La presencia de la clase obrera, comenzando por sus organizaciones como tales, es fundamental para masificar estos movimientos, para extenderlos a todos los rincones de la sociedad y para empujarlos al cuestionamiento mismo de la estructura social, del sistema capitalista. En las direcciones de muchos esos movimientos hay sectores que no solo se niegan a ir al fondo de las estructuras sociales que generan las desigualdades y la opresión, no aceptan las referencia de la clase obrera en esa lucha y mas aún se afanan por echar de la misma todo lo que huela a clase obrera, empezando por impedir la presencia de los sindicatos,  porque opinan que introducir el factor de clase “divide al movimiento”. Son la contracara de quienes opinan que plantear en la clase obrera la denuncia y lucha contra las opresiones “divide a la clase obrera”.

Construir co.bas en las luchas obreras y en las de los movimientos sociales va a exigirnos mucha más audacia, militancia y el establecer puentes directos con estos movimientos en todos los lugares que sean posibles.  

IX.- Un programa de emergencia para una salida obrera, democrática y popular a la crisis.

Que el suicidio sea la principal causa externa de mortalidad no es más que el reflejo de la decadencia de un sistema social que empuja a la desesperación, a la falta de salida social, instalado en la crisis económica permanente, en la creciente desigualdad social y en la propia destrucción del medio ambiente. Una sociedad que padece una auténtica lacra, el sistema capitalista, pero al que los gobiernos de turno no ofrecen más que continuidad aderezada con infinitas fórmulas de la resignación o algún remedio pasajero que evite el estallido social.

Las crisis capitalistas tienen responsables, y al igual que ellos se guían por sus intereses como clase en las “soluciones” a la crisis, nuestras propuestas deben guiarse por un criterio de clase, el de la clase obrera.

Responder a esta situación social nos va a exigir por tanto un doble desafío. El primero es reforzar nuestra propaganda, explicando, explicando y explicando nuestras propuestas y medidas frente a la crisis, combatiendo así tanto la demagogia de la patronal y de los gobiernos como las continuas apelaciones a la resignación que hace la burocracia sindical.

Desde el Sindicato asumimos como parte de nuestra actividad responder, en la medida de nuestras fuerzas, a todo cuanto acontece a los/as trabajador@s, desde la respuesta a un despido o sanción, el apoyo jurídico, la revisión de una nómina…, pero la razón de ser de un sindicato obrero exige no remitirse exclusivamente a eso, ni limitar la acción sindical a las cuatro paredes de la empresa.

Al igual que defendemos salarios, pensiones, derechos…  debemos ser parte de la lucha por la mejora de todo lo que concierne a las condiciones y defensa de la calidad de vida de la clase obrera y los sectores populares.

Este programa no nace pues de una actitud caprichosa o de una improvisación, es el reflejo de nuestra propia historia que hemos ido atesorando Congreso a Congreso y de la lucha de la clase obrera.

Salarios dignos, con actualización automática según el IPC

Si bien son muchas las reivindicaciones que surgen de la actual situación de la clase obrera hay una que ocupa en este periodo el primer plano: salarios dignos. Esa justa demandan exige que, más allá de su defensa en la negociación colectiva, se establezca por ley la escala móvil de salarios, con revisión automática acorde con el IPC, única forma de evitar que la inflación devore los salarios.

Así mismo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debe cumplir con su función real, es decir, ser lo mínimo que cualquier trabajador/a perciba y que le permita atender sus necesidades básicas. co.bas hacemos nuestra la exigencia de los sindicatos obreros más combativos, de que el SMI sea fijado ya  en 1.200 euros.

Así mismo hay que derogar el IPREM (-Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples- 20€/día; 600€/mes) que introdujo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, para volver a que sea el SMI la renta a tomar en cuenta para fijar las ayudas sociales.

Frente  a la desigualdad creciente que se vive en las empresas, la sobreexplotación y el trato discriminatorio, defenderemos en todas las esferas: a igual trabajo igual salario. Desde los Comités de Empresa y las Secciones Sindicales, las y los delegados y activistas sindicales de co.bas, estaremos al frente de la denuncia y la exigencia de acabar con las dobles escalas salariales, las subcontrataciones, la contratación    de ETTs o cualquier discriminación abierta o encubierta por género, orientación sexual o edad.

Para combatir el paro: reducir la jornada sin reducir el salario

Pese los datos triunfalistas que patronal y gobiernos exhiben, el hecho es que después de innumerables Reformas Laborales y cuando “la economía española va en la moto” hay un paro estructural, crónico, que ronda los 3 millones de personas pese a tener una de las tasas de actividad más baja de Europa (52,13% frente a 74,7%).

Los recientes datos de agosto, con 185.385 empleos menos, muestran la fragilidad, la inestabilidad del empleo y corroboran que los contratos fijos no son sinónimos de estabilidad. Pero peor aún, semejante bajada no puede explicarse sin más por la estacionalidad del empleo pues no se trata de trabajadores/as de la hostelería o las empresas vinculadas al turismo. Así, 59.407 profesoras/es fueron despedidos en agosto, 17.262 despidos en la construcción, 15.101 en la industria manufacturera y 12.310 en el sector agrario, frente a los 1.333 empleos que se perdieron en la Hostelería.

La reducción de la jornada laboral ha sido históricamente una batalla constante del movimiento obrero, tanto para garantizar mejorar la calidad de la vida como para repartir el trabajo. Pese a los enormes avances tecnológicos y con ellos de la productividad en el trabajo, la patronal se ha resistido sistemáticamente a reducir un solo minuto de la jornada. La lucha obrera consiguió la jornada de 8 horas diarias y máximo 48 horas a la semana en 1919. Tuvieron que pasar 77 años para que en 1996 entrara en vigor la ley que estableció en 40 horas el máximo de jornada semanal de trabajo. Han pasado 27 años desde ese cambio legal, estamos en la llamada «era de la tecnología digital y la comunicación» pero no han reducido ni un solo minuto la jornada legal semanal de trabajo.

 La batalla por el pleno empleo exige medidas estructurales y una de las centrales sin ningún género de dudas es el reparto del trabajo. La patronal, que se burló siempre de lemas de la lucha obrera como trabajar menos para trabajar tod@s, acabó imponiendo el reparto, a la manera capitalista, aumentando sus ganancias. Los contratos a tiempo parcial o los fijos discontinuos son su particular mecanismo de reparto… de la miseria.

El interés de la clase obrera, la sostenibilidad ambiental y la reorganización general de la economía  exigen la reducción de la jornada para repartir el trabajo existente entra la mano de obra disponible, sin  reducción del salario.

Y mientras esa reducción se va implementando, combatir el desempleo y la miseria que lo acompaña hace necesario un subsidio de desempleo universalizado mientras no se ofrezca una alternativa de trabajo a las personas desempleadas.

Derogación de las Reformas Laborales

Poner freno a la sistemática degradación de los salarios, la precariedad laboral y poder recuperar derechos exige derogar las reformas laborales, en especiallas tres últimas,la de Zapatero (2010), Rajoy (2012) y Sánchez-Yolanda Díaz (2021). Se trata de frenar la constante desregulación laboral, de acabar con la generalización de los contratos a tiempo parcial y fijos discontinuos; de prohibir que las subidas del SMI sean  absorbidas por los complementos salariales; de acabar con la cadenas de subcontrataciones y las ETTs; de recuperar que prevalezca la decisión del trabajador/a de readmisión o indemnización en caso de despido improcedente; que se recuperen los 45 días por año trabajado en las indemnizaciones del despido y los salarios de tramitación; de prohíbir los despidos en las empresas o grupo de empresas con beneficios; de poner fin a la sangría de los despidos vía EREs u ERTEs sean abiertamente o encubiertos como en el caso de los 800.000 trabajadores/as de la Administración Pública contratados en fraude de ley.

Esa derogación se hace necesaria para abrir paso a un Nuevo Estatuto de los trabajadores/as, que recupere derechos como los señalados y haga honor a su nombre frente al actual Estatuto de la Patronal.

En defensa del derecho de huelga

Las protestas y huelgas y en especial las últimas en la sanidad pública, han puesto de manifiesto la imposibilidad para millones de trabajadoras/es de ejercer el derecho a la huelga. Los servicios mínimos son un mecanismo cínico y dictatorial que impide el ejercicio del derecho a la huelga. Garantizar el derecho real a la huelga, exige suprimir los servicios mínimos y serán, como históricamente fue, las y los huelguistas quienes regulen esos servicios mínimos allí donde se hagan imprescindibles para preservar la vida de las personas.

Defender los derechos sociales: Sanidad y Educación 100% públicas

co.bas  defendemos  una Sanidad y Educación integrales y 100% públicas.

• Ni un euro a la privada.
• Integrar todos los sectores sanitarios en el sistema público de salud (residencias, salud mental, odontología, oftalmología, laboratorios, etc).
• Refuerzo del presupuesto sanitario para hospitales y  Atención Primaria y estabilidad,con  condiciones de trabajo y salarios dignos para el personal sanitario.
• Derogación de la Ley 15/97.
• Expropiación de los recursos de la sanidad privada y los servicios socio-sanitarios en manos de la Iglesia, para su integración en la red pública.
• Remunicipalización de los servicios sociosanitarios privatizados.
• Ninguna persona migrante o refugiada puede verse sin el derecho a asistencia sanitaria pública y gratuita.
• Liberalización sin indemnización, de todas las patentes de vacunas y medicamentos.

Si en la última década la expansión de la educación privada se realizó especialmente en las etapas obligatorias (de  6 a 16 años), en lo últimos años se viene dando un notable proceso de privatización en las no obligatorias (Bachillerato, Formación Profesional y Educación Infantil). El mecanismo es siempre el mismo: mayores transferencias de dinero público en favor de la enseñanza concertada, es decir para el negocio privado.

Por eso desde co.bas defendemos:

• Una escuela pública, única, laica, gratuita y de calidad, donde se integren los centros educativos privados y concertados.
• Aumento de plantillas en la educación, garantizando trabajo estable y salarios dignos.
• Fuera la Iglesia católica de la educación pública.

Sistema público de pensiones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado

Desde co.bas nos reafirmamos en el apoyo a las demandas puestas en pie con la lucha de las y los pensionistas sintetizadas en reivindicaciones como:

• Derogación del Pacto de Toledo y las Reformas de las Pensiones de 2011, 2021, 2022 y 2023.
• Oposición total al Plan Europeo de privatización de las Pensiones (PEPP), a los Planes Privados de Empleo, así como a la Mochila Austriaca.
• Pensiones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
• Restablecer la Jubilación Ordinaria a los 60 años o las Jubilaciones parciales con contrato de relevo para todos los trabajadores a los 60 años, y el relevista fijo en plantilla a la jubilación definitiva del pensionista.
• Jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años cotizados = 100%.
• Pensión mínima  de 1.200 euros, que garantice con dignidad la vida de los pensionistas, viudas, etc.
• Recuperación de los 15 últimos años para establecer el cálculo de la Pensión de Jubilación.
• Revalorización automática de las pensiones en relación al IPC real acumulado.
• Desaparición de la Brecha de género en salarios y pensiones.
• Factor reductor de la edad de jubilación a los afectados por el Amianto.
• Pleno e inmediato funcionamiento de la Ley de Dependencia.
• Eliminar todo tipo de Copago.
• Garantía de los suministros básicos (energía, agua, transporte).

En defensa de los servicios públicos.

Los sucesivos gobiernos (estatales y autonómicos) han ido vaciando los servicios públicos de recursos materiales y humanos.

“El objetivo buscado fue imponer el relato de que los servicios públicos son deficientes y caros, cuando está harto comprobado que las empresas privadas ofrecen peores servicios y más costosos. Estas políticas de personal afectan directamente a la calidad de los servicios públicos (…), debilitan un sector muy dividido por desiguales condiciones de trabajo”.

Documento IV Congreso de co.bas

La tarea hoy, como entonces, es defender el empleo público, recuperar lo perdido:

• Remunicipalización de los servicios públicos privatizados. Para que los cuidados, la limpieza pública, recogida de basuras, transporte… pasen a titularidad y gestión pública. Se trata así de garantizar la calidad del servicio; la gestión directa, apoyándose en el control de las organizaciones vecinales y sindicales… poniendo fin al deterioro generalizado de las condiciones laborales de las y los trabajador@s; el ahorro, haciendo desaparecer partidas presupuestarias como el “beneficio empresarial” o el IVA.
• Derecho real a la negociación colectiva.
• Ofertas de empleo público (OPE) que cubran las necesidades reales para garantizar los servicios de calidad. Eliminación de las tasas de reposición.
• Empleo estable, aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligan a la estabilidad en el empleo, al considerar abusivos los nombramientos de duración determinada y sucesivos para atender necesidades permanentes.
• Frente al ERE encubierto contra l@s trabajador@s contratados en fraude de ley, no a los despidos, ¡l@s que están se quedan!.
• Dotación de los recursos materiales suficientes y de calidad que permitan al personal cumplir sus funciones de servicio a la población de forma satisfactoria.
• A igual trabajo igual salario. Acabar con la precariedad, con la brecha salarial, cuya media en las administraciones públicas es del 16% (INE) y llega hasta el 28,2% en la Sanidad y servicios, sector en el que las mujeres representan el 78,4% de la plantilla.
• Acabar con la segregación vertical de género. En Sanidad, Educación y Servicios Sociales la ocupación femenina es mayoritaria, sin embargo las mujeres apenas alcanzan los puestos de dirección.

Parque Público de vivienda de alquiler social

Desde co.bas compartimos la exigencia de las organizaciones que conforman el movimiento por una vivienda digna, que reclaman un plan de choque que comienza por la prohibición de todo desahucioque afecte a personas con bajos ingresos y que carezcan de vivienda alternativa adecuada; renovación obligatoria de los contratos de alquiler social sin que eso suponga que la Administración tenga que complementar el alquiler que ya paga el inquilino.

Abordar la carencia de viviendas rompiendo con el ciclo especulativo actual exige la construcción de un Parque Público de vivienda de alquiler social,que debe conformarse en base, en primer lugar,a los planes de construcción de vivienda social, cuya necesidad se estima en torno a los 2 millones de viviendas, lo que está a años luz de las declaraciones del gobierno y la Comunidades Autónomas.

En el Estado español, cerca de 4 millones de viviendas están vacías, el 14,4% de las casas registradas (INE junio 2023). Solo los 16 mayores tenedores de viviendas con presencia en España, los denominados grandes caseros, reúnen en torno a las 150.000. Y añádase que esas viviendas en su inmensa mayoría son las situadas en las grandes ciudades y zonas turísticas. El Parque Público de vivienda de alquiler social,debe conformarse también en base la confiscación de los pisos vacíos de bancos y fondos de inversión e incluyendo en ello las viviendas de la SAREB.

Desde co.bas, como hemos señalado, apoyaremos las justas demandas presentadas por el movimiento de vivienda que marca la insuficiencia de la reciente ley de vivienda aprobada. (ver https://www.inquilinato.org/la-ley-no-bajara-los-precios-del-alquiler-pero-nuestra-lucha-ha-abierto-brecha/).

Reorganización la economía en base a las necesidades sociales y la sostenibilidad ambiental.

Acabar con la desertización industrial, el turismo como «industria» insignia, la dependencia y la «España vaciada» exige poner en marcha un plan global que reorganice la economía, que aborde un plan de reindustrialización, de reorganización de los servicios, la agricultura y la ganadería, en beneficio de la población y la sostenibilidad ambiental.

La nacionalización de las empresas estratégicas y su control por parte de los trabajadores/as y consumidores, es imprescindible para ello. Salvo para el negacionismo rancio no está en cuestión la necesidad de un plan general de transición energética, pero un plan de verdad no las medidas supeditadas a los intereses de los oligopolios eléctricos e industriales como se viene haciendo desde los gobiernos. Un  plan verdaderamente transformador exige la nacionalización de la red eléctrica garantizando el monopolio estatal de la producción, distribución y comercialización de la electricidad.

Todo el discurso neoliberal se sustenta en la no intervención del Estado en la economía, pero el robo del suelo, el expolio de lo público, el rescate bancario y hasta los ERTEs y ERPEs subvencionados muestran como el Estado, a cargo del erario público, hace de garante de todos su negocios. Baste recordar el saldo final de aquel rescate bancario que superó, oficialmente, los 60.000 millones. Por eso reorganizar la economía en base a las necesidades sociales hace imperioso expropiar la banca y estatizar el sistema de crédito.

Resulta imposible que un gobierno pueda dar pasos en reorganizar la economía con un criterio social sin sacar las manos de la banca de los resortes centrales de la economía, sin tener un sistema único de inversión y crédito, controlado por los trabajadores/as y usuarios/as, para poder planificar la económica al servicio de la clase obrera, el pueblo y la sostenibilidad ambiental.

Una expropiación de los grandes propietarios y accionistas que sería además la única garantía real de proteger los depósitos y ahorros de los pequeños accionistas y garantizar créditos baratos.

Por una agricultura sostenible para la mayoría de la población frente a los oligopolios y latifundistas.

La creciente desigualdad y miseria en el campo que durante años los jornaleros/as andaluces han venido denunciando no ceja.  A ese situación se añade la de miles de pequeños agricultores y ganaderos que se han echado a la calle para exigir medidas contra “los desequilibrios de la cadena agroalimentaria”, que abre un abismo entre los precios en origen (en muchos casos inferiores a los costes de producción) y los precios desorbitados de venta en las ciudades, mientras se lucran intermediarios y grandes cadenas comerciales.

Al tiempo que van disminuyendo las explotaciones agrícolas y ganaderas, aumentan de tamaño las de agricultura y ganadería «industrial», las llamadas “empresas integradoras” las»macrogranjas», ecológicamente insostenibles y participadas por fondos de inversión y de capital riesgo.

Detrás de este expolio de la naturaleza, de miseria para los pueblos que se siguen vaciando, están las grandes agroalimentarias que controlan materias, producción, distribución y comercialización. Son los grandes grupos capitalistas, entre ellos Mercadona, Carrefour, Lidl, Eroski, Ebro, Nestlé…a los que la Unión Europea protege.

Reorganizar la economía en base a la necesidades sociales exige poner en marcha un plan que clausure las macrogranjas y reoriente la agricultura hacia una agricultura sostenible y de proximidad, recuperando el cultivo de tierras fértiles abandonadas.

Así mismo es fundamental establecer un organismo público que garantice el monopolio estatal de la distribución, fijando los precios de origen y finales. Dicho organismo debe estar bajo control de los trabajadores/as del campo, pequeños productores y consumidores y tiene que prohibir y castigar la venta a pérdidas que las grandes cadenas de distribución imponen a pequeños y medianos agricultores.

No al pago de la deuda, no al negocio del endeudamiento público  

La crisis económica disparó de nuevo la deuda pública. En junio de 2023 la deuda pública alcanzaba  en el Estado español la cifra de 1,568 billones de euros, lo que equivale al 113,11% del PIB y supone una deuda por persona (per cápita) de 32.450 €. Actualmente, un tercio de esta deuda está en manos del Banco Central Europeo (BCE), y son también “tenedores de deuda”  fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones y bancos que van escalando en sus cuotas de deuda en función de cómo suben los tipos de interés. Llama la atención que el 45% de la deuda está en manos de No residentes, lo que expresa también en este terreno el nivel de dependencia foránea y la enorme exposición de la economía a los flujos y especulaciones internacionales.

La deuda pública española está íntimamente asociada a la corrupción de sus gobernantes, sea vía las obras faraónicas (AVE, autopistas ruinosas, aeropuertos sin aviones…); el rescate bancario, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria; los grandes gastos dedicados a la industria armamentista, que solo durante lo que va de 2023 aumentó en casi 9.000 millones de euros y en 13 de los 17 Consejos de Ministros celebrados hasta mayo de 2023 se “aprobaron modificaciones presupuestarias tendentes a aumentar el gasto militar. En muchos casos no dependen directamente de Defensa y comprometen partidas durante varios años” (La Marea mayo 2023). En rigor hay que recordar que fue, desde hace 40 años, bajo gobiernos del PSOE cuando mas aumentó el gasto militar.  Y añádase a este cuadro el presupuesto de la Casa Real, los privilegios de senadores y diputados y sobre todo un sistema fiscal estructuralmente deficitario en el que las grandes empresas y fortunas son siempre las mejor paradas.

La Deuda es un mecanismo de los capitalistas para financiar sus inversiones, sobrellevar sus crisis y seguir obteniendo beneficios. PSOE y el PP promovieron conjuntamente en el año 2011, la reforma exprés de la Constitución, convirtiendo el pago de la deuda pública en la “prioridad absoluta” del Estado, por delante de cualquier necesidad social. El no pago de esa deuda pública,para restablecer derechos a los trabajadores/as y el pueblo y para financiar un plan de reorganización de la economía al servicio de la inmensa mayoría.

La lucha contra toda forma de opresión y en defensa de las libertades democráticas plenas

co.bas hacemos nuestra aquella expresión de que nada de lo humano nos es ajeno. Por eso forma parte de nuestro programa, como han señalado los Congresos de cobas, la lucha contra toda forma de opresión, sea el machismo, el racismo, la xenofobia y en defensa de las libertades democráticas plenas. Estos aspectos se hacen más vitales si cabe por la creciente tendencia de los gobiernos al recorte de libertades y derechos democráticos.

 Reafirmamos en este sentido lo aprobado en nuestro IV Congreso:

► En defensa de las libertades democráticas:

▪ Libertad de todos/as los/as presos/as políticos/as y luchadores/as sociales.

▪ Derecho de los pueblos a decidir.

▪ Derogación de la Ley Mordaza.

▪ Amnistía para los/as jóvenes de Altsasu y los cientos de jóvenes catalanes encausados, procesados o condenados por las protestas durante el procés o las posteriores por la sentencia del 2019.

▪ Referéndum Monarquía vs República.

▪ Fuera los/as jueces y fiscales simpatizantes del franquismo. Deben ser inmediatamente depurados. Los/as jueces y fiscales deben ser elegidos/as directamente por el pueblo, que los debe poder revocar ante actuaciones irregulares. Del mismo modo, el sistema de jurado popular debe ser generalizado, acabando con el despotismo de los/as jueces.

► Contra toda forma de opresión:

Contra el machismo:

▪ Pensiones mínimas de 1.200 euros e iguales para todos y todas.

▪ Políticas activas de empleo para las mujeres.

▪ Ley urgente y obligatoria que garantice de forma real la igualdad salarial, porque la brecha salarial de género «sigue existiendo en España. La diferencia del salario anual entre un hombre y una mujer es de 4.915 euros» (Técnicos del Ministerio de Hacienda -Gestha- junio 2023).

▪ Establecimiento, por ley de emergencia, de Educación Pública y gratuita desde los 0 años.

▪ Plan de construcción y habilitación de Centros de Día y Residencias para la atención de mayores y personas dependientes.

▪ Remunicipalización y ampliación de las plantillas para la atención a domicilio.

▪ Junto con estas reivindicaciones, defendemos otras por derechos democráticos de las mujeres, que en los últimos años toman cada vez más importancia, porque se recrudece la violencia de todo tipo hacia la mujer:

▪ Por más recursos para prevenir la violencia machista y proteger a quienes la sufren.

▪ Derecho para todas al aborto libre, seguro y gratuito y a cargo de la Seguridad Social.

▪ Fuera la religión de las aulas y obligación de impartir educación sexual y valores de igualdad como asignatura curricular.

▪ Cierres de los CIES.

▪ Derogación de la Ley de Extranjería.

La lucha contra la catástrofe climática, en defensa de la vida y del planeta

Como señalábamos en el IVº Congreso: “El sistema capitalista global está impactando como nunca antes en la historia humana sobre los equilibrios naturales (…) Algunos índices que nos alertan sobre esta realidad son el cambio climático, la masiva pérdida de biodiversidad, la mengua de recursos energéticos o la pérdida de fertilidad de los suelos”.

Cuatro años después la realidad es aún más sombría: sigue avanzando la erosión del suelo y el proceso de desertización (que alcanza al 74% del suelo español), la pérdida de suelo fértil, el envenenamiento del suelo por la agricultura industrial, la falta de recursos hídricos y la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. El abandono del medio rural, en pleno cambio climático, convierte las zonas forestales en verdaderos polvorines.

Frente a este panorama la Unión Europea y los gobiernos o las Cumbres internacionales  reiteran discursos vacíos y compromisos que no se cumplen. En rigor sus “grandes proyectos” («hidrógeno verde«, la extensión de energías renovables o el coche eléctrico) más allá de la propaganda, no es la apuesta por la transición a la sostenibilidad sino el mantenimiento de las ganancias de las grandes empresas capitalistas, en un contexto de declive de los combustibles fósiles. Es el capitalismo «verde».

Buena parte de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos que le corresponden al Estado español va a manos de oligopolios eléctricos como Endesa, Naturgy e Iberdrola (segunda, tercera y séptima empresas más contaminantes) para construir enormes parques eólicos y fotovoltaicos no sostenibles y con un enorme impacto medioambiental.

La catástrofe ecológica sí distingue entre clases sociales. Es la población que menos contribuye a esa degradación ambiental, la clase trabajadora y los sectores populares, quienes más duramente pagamos y pagaremos las consecuencias.

Rechazamos las concepciones que contraponen empleo y sostenibilidad ambiental, la clase trabajadora es la que produce los medios de vida y la riqueza, es la principal interesada y la única clase social que puede reorganizar la economía al servicio de las necesidades humanas y de la sostenibilidad de la naturaleza.

Combatir la actual catástrofe y recuperar una relación metabólica entre los seres humanos y la naturaleza es el auténtico desafío frente a un sistema que, guiado por la acumulación de capital, rompe esa relación, ese equilibrio armonioso entre la humanidad, la flora, la fauna y la naturaleza en su conjunto.

Por eso todo nuestro programa y nuestra acción deben estar recorridos por medidas que no disocien la lucha por el empleo y las condiciones dignas de trabajo de la defensa del medioambiente y la sostenibilidad.

Se trata de exigir de los gobiernos y la patronal convenciendo a los/as trabajadores/as  de la necesidad de estas demandas y la lucha por ellas. Medidas básicas como:

• La defensa de un plan de transporte público, gratuito y de calidad, que disuada del uso del transporte individual y la contaminación que genera.
• Imponer el control de los productos para acabar con la obsolescencia programada y el gasto, el despilfarro y la contaminación que generan esos productos.
• Poner coto a los productos de un solo uso y a la plastificación de los mismos en las grandes superficies comerciales.
• Acabar con el despilfarro de los bienes de lujo y la producción armamentista.
• Priorizar las energías renovables reduciendo de forma radical el uso de energía fósil y nuclear.

En rigor, la defensa del medioambiente, el combate a esta catástrofe climática, exige, como hemos planteado anteriormente reorganizar la economía en base a las necesidades sociales y la sostenibilidad ambiental. Es imposible hablar de combatir la catástrofe climática sin alterar la actual estructura económica del país. No se puede, por ejemplo, seguir dependiendo de un turismo masivo, que es incompatible con cualquier política de sostenibilidad medioambiental y hasta está generando en algunas ciudades la ya denominada “turismofobia”: Ni cabe pretender depender de un “plan industrial” basado en la industria del automóvil, la aviación o una agricultura industrial que es arrasadora. Reorganizar la economía en este sentido impone acabar con el uso irracional de los recursos hídricos, que aumenta de año en año sin control, lo que exige empezar con algo tan básico  como reducir el regadío y los campos de golf.

Así mismo esa reorganización incluye reequilibrar la relación entre las grandes ciudades y el medio rural, cada vez más vaciado.

No se trata de que no haya medidas reales y prácticas que permitan combatir la catástrofe climática, todo lo contrario, a buen seguro que hay muchas mas iniciativas y propuestas en este sentido. Pero al igual que no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos, no se puede abordar un verdadero combate contra la catástrofe climática  sin combatir al sistema capitalista y a los gobiernos que los sostienen.

X.- 20 años después: reafirmamos los principios y el proyecto sindical de co.bas

Desde nuestra fundación dejamos claro que co.bas no nacía para “auto-proclamarnos un nuevo sindicato alternativo más a añadir a la dispersión sindical” y señalamos nuestro propósito de ser: “un agrupamiento sindical cuyo objetivo es ser un instrumento que motorice el reagrupamiento de la oposición de clase a la burocracia” (1er. Congreso de co.bas). Dijimos que nuestro proyecto estratégico era: “la recomposición de la unidad de la clase obrera, la conformación de una Central Única de los Trabajadores regida por el principio de la democracia obrera”.

Han pasado 20 años y hoy co.bas aún siendo una modestísima organización sindical, avanzamos y mucho. Crecimos en implantación territorial, en afiliación, en delegadas y delegados, en presencia en las empresas y en el desarrollo de una estructura que incluye locales, equipos jurídicos, de salud laboral, administrativos, etc.

Hoy los desafíos para co.bas son mucho más grandes y podemos y debemos crecer, extendiendo el proyecto sindical que co.bas representamos. Sin embargo, no podemos desconocer las enormes presiones de todo tipo que sufrimos, que seránmayor cuanto mayor sea la implantación del sindicato.

La patronal y sus gobiernos buscan por todos los medios convertir a los sindicatos en organismos de gestión, en garantes de la paz social, despojándolos de todo criterio de clase y otorgándoles privilegios que les conviertan en una casta privilegiada con respecto al resto de las y los trabajadores, cuando no en copropietarios de negocios comunes.  Así pues, los peligros de cooptación y de burocratización están siempre presentes y lo están para todos los sindicatos, incluidos los llamados alternativos, si no se identifican y se combaten de manera consciente.

La tarea no es sencilla porque siempre la patronal y la burocracia sindical lo acompañan de un brutal despliegue propagandístico e ideológico, destinado a ganar o confundir a los propios activistas y a los trabajadores/as. Los Delegados/as «no están para confrontar», dicen, sino para «intermediar» y armonizar las relaciones entre trabajadores/as y empresa. No en vano Patronal y CCOO-UGT, han hecho de las «intermediaciones» un buen negocio, a los primeros les reporta paz social, para los segundos una fuente de ingresos derivados (SIMA, SMAC, Conciliación judicial, cobros por negociación de EREs…).

 En una sociedad, donde el individualismo se ensalza a niveles apoteósicos y los pronombres personales conjugados en plural palidecen ante el omnipresente «yo», lo colectivo se desprecia y hasta se criminaliza. El esquirol o esquirola no son trabajadores/as despreciables por su actitud insolidaria y rastrera sino «personas que ejercen su derecho democrático a no hacer huelga» . En esa misma deriva, los puestos de trabajo, en especial, los que conservan mas derechos y antigüedad, se tratan como si fueran propiedad privada de cada trabajador/a y ante cualquier amenaza de cierre o ERE, la presión hacia el propio sindicato o Comité de Empresa no es por defender el puesto de trabajo sino por ver «cuanto vamos a sacar por el despido«.

La burocracia sindical ha sido la principal artífice de todo esto como lo es de la judicialización de los conflictos, si bien de esto no se escapa ni siquiera buena parte del llamado sindicalismo alternativo.  Así la presión, máxime cuando hay desmovilización, no es para buscar las salidas colectivas, las asambleas, los paros, huelgas o simples recogidas de firmas, sino a los abogados y abogadas «que nos arreglen esto». El más elemental criterio de clase exige recordar que el derecho no es otra cosa que un sistema de ordenamientos y normas que fijan y tutelan la defensa del sistema social existente. Dicho de otra forma, en un sistema capitalista y en un país al que lo llaman democracia y no lo es, las leyes, jueces e instituciones están destinados a preservar los intereses, beneficios y dominación de los patrones, los capitalistas. Utilizar el derecho existente para intentar meterse por todas sus rendijas, defendernos con toda arma que tengamos a mano, explotar las contradicciones o lagunas que haya en sus leyes… es una parte muy importante de nuestra lucha, pero entregar la acción sindical de un sindicato obrero a la judicialización es acabar con el sindicalismo de clase, con la lucha obrera y entregarse atados de pies y manos.

Estos peligros de cooptación y de burocratización se expresan también en el intento de convertir derechos conquistados en fuente de privilegios para una minoría. CCOO y UGT tienen en torno a 185.000 delegados/as. Es un derecho colectivo y fundamental conquistado para todos los/as trabajadores/as el que las delegadas/os y miembros de Comités de Empresa tengan Garantías en el ejercicio de su actividad sindical. La Ley les garantiza la prioridad para permanecer en su puesto de trabajo, en el caso de traslado de trabajadores o trabajadoras a otro centro de trabajo; la prioridad de permanencia respecto de los otros trabajadores/as en los casos de suspensión o extinción del contrato por causas tecnológicas o económicas; no pueden ser despedidos/as ni sancionados/as por ac­tuaciones realizadas en el ejercicio de su representación. Esta ga­rantía se extiende a un año después de la expiración de su mandato. A estas garantías se le unen otras dos que son claves. La primera, es que, en caso de despido improcedente, es el dele­gado o delegada quien decide entre la opción de ser readmitido o ser indemnizado. La segunda, es el disponer de un crédito horario para su actividad.

Este derecho, reiteramos colectivo, genera un privilegio en algunos aspectos de los delegados/as con respecto al resto de sus compañeros/as: La burocracia sindical a los delegados/as en utilizar ese derecho como individual y por tanto como privilegio. Firmaron EREs a sabiendas que ellos, por las «garantías» no serán despedidos; usan el crédito horario cuando quieren para su conveniencia personal; en medio de la precariedad y la temporalidad de mucho trabajadores/as, el salir en el Comité les garantiza 5 años de trabajo y hasta llegada la decisión de marcharse de la empresa son innumerables, desgraciadamente, aquellos casos que consideraron un derecho negociar con ésta la cuantía de su «despido».

Esa es la base material sobre la que la burocracia sindical construye con una buena parte de esos delegados/as su guardia pretoriana. La línea divisoria entre las y los delegados fieles a sus compañeros/as, al principio de actuar como sus representantes sin admitir mas privilegio que ser los primeros en la lucha, y los que acaban conformando el eslabón más bajo de la pirámide de la burocracia, no es otra línea que la conciencia de clase. Una línea intangible que es mucho más difícil de sostener y fortalecer que la de los privilegios materiales que son mucho más «tangibles». Por eso debemos insistir que el peligro de la burocratización no desaparece, por lo contrario aumenta cuanto más grande es el sindicato.

Sin embargo, sería ridículo apostar por «no crecer» para evitar los peligros, tan risible como pensar que esos peligros nos condenan hagamos lo que hagamos.

No somos ni resignados ni deterministas, el futuro está por escribir, señalar los peligros es la clave precisamente para sortearlos y fortalecernos. Y sortear esos peligros comienza por ser fieles a nuestros principios y formar a las nuevas y nuevos delegados/as y activistas en ellos. Recordar lo que en nuestro 1er. Congreso decíamos señalando «El sindicalismo por el que apostamos»:

«En primer lugar, apostamos por un sindicalismo de independencia de clase para el cual es imprescindible mantener la independencia económica del Estado, gobierne quien gobierne (…)  Nuestro compromiso es la práctica de un sindicalismo basado en la democracia obrera, es decir, en la soberanía de las asambleas de los trabajadores y trabajadoras (…) Un sindicalismo verdaderamente de clase debe tener un carácter socio-político, es decir, debe actuar sobre el conjunto de los problemas e inquietudes de los trabajadores y trabajadoras, planteando alternativas que apunten hacia su emancipación«.