¡No son muebles, son una familia!
El 31 de mayo tendrá lugar el cierre de lo que en su origen fue un centroreferencial de atención a la discapacidad a nivel Europeo, cierre que afectará a139 usuari@s y una plantilla de 69 trabajador@s.
El cierre de este complejo residencial es otra crónica más de la “muerte anunciada” de la atención a las necesidades sociales por parte del Estado, con políticas públicas infradotadas y acuerdos empresariales donde cada gasto se considera una pérdida.
Pero ¿cómo se ha pasado para que un centro referencial inaugurado con tanto boato por la Reina Sofía a inicios de los años 80 llegue al cierre definitivo en el 2024?
En su origen, este proyecto es iniciado por una entidad creada como ayuda a los familiares con discapacidad de los trabajadores de la Telefónica. El proyecto consistía en la atención integral a la discapacidad, con especialistas de vanguardia en la materia y un complejo asistencial con un colegio de educación especial, un centro de día para las personas con discapacidad gravemente afectadas con una residencia asociada, así como un centro ocupacional y su residencia para personas con discapacidad intelectual moderada.
Es a partir del 2008 que el cambio en la calidad de la asistencia se hace evidente, coincidiendo con la creación de la sociedad Servicios Sociales Habilitadores (en adelante SSH). A partir de aquí entra la aportación de los conciertos económicos de la comunidad de Madrid, a través de los acuerdos marco así como la participación en la sociedad -además de Atam- de otras empresas de lo social, como Eulen o GRUPO 5, hasta que en el año 2015 Atam desaparece de SSH vendiendo todo su capital social al grupo ABD y desentendiéndose definitivamente de la atención en el complejo.
Forma parte de la historia del centro y del deterioro de la atención de estos años de SSH, la ocurrencia de dos expedientes de regulación de empleo así como el cierre en el año 2012 del colegio de educación especial ADARVE. En aquel momento, cuando SSH todavía era propiedad de ATAM se hizo patente lo que, de hecho, los directivos de ATAM daban como razones “es que el coste de vuestros hijos es 5 veces mayor que el de otro niño”, esto es, los elevados costes económicos en los que incurre el centro.
Poco más de una década después vuelve a ocurrir lo mismo, nos dicen que los costes del transporte e instalaciones son inasumibles, pero ahora la solución es definitiva, el cierre. Se nos niegan otras medidas, otras posibilidades. Mientras tanto ATAM, quien en el pasado mes de octubre organizaba grandes actos conmemorativos de su 50 aniversario, ahora está totalmente desaparecida del panorama, ha sido dificilísimo que el Consejo rector o el Director General de Atam se reúna con los familiares, o que incluso se permita plantear la cuestión en los ruegos y preguntas de la última junta de accionistas de Telefónica, celebrada el pasado viernes 12 de abril. Tampoco el grupo ABD, accionista principal ahora de SSH baraja otras opciones, imaginamos que la discapacidad ya no les parece un asunto rentable ni de donde sacar rédito público como entidad social.
Pero no podemos olvidar el papel de las Administraciones públicas en todo esto, la Comunidad de Madrid no ha hecho otra cosa que ponerse de perfil, felicitándose por “su buena labor de reubicación”.
Mientras muchas familias pasan años esperando una plaza de la Comunidad, esta misma nos confirma que tiene “bolsas” de plazas y puede reubicar a 139 usuarios en ¡un plazo de 1 mes!; Se nos han negado
otras opciones que no sean la reubicación y el consiguiente despido de los 69 trabajadores, por eso en las concentraciones gritamos “no son muebles, son una familia”. No es suficiente con que la Comunidad nos diga que “no son plazas que se pierden porque se contratan en otro sitio”
Ni como trabajadoras/es ni como usuarios aceptamos lo que está pasando, aquí y en todos los trabajos relacionados con la intervención social: que un servicio social se rija por las normas de un negocio privado.
No aceptamos además pagar las consecuencias de la falta de fiscalización y vigilancia de la Comunidad sobre las empresas con las que han contratado la atención de sus servicios ¡hace tan solo cinco meses!.
¿Esto tiene solución? Si se quiere sí, no es en forma alguna un problema irresoluble. Basta con que la Comunidad de Madrid deje de privatizar un servicio esencial para que las empresas privadas hagan negocio para abandonarlo y garantice la gestión pública del centro bajo supervisión de las familias y las trabajadoras. Y basta con que una compañía como Telefónica, que celebra a bombo y platillo su centenario no mire para otro lado y deje en estacada a usuari@s y trabajador@s.
¡Queremos quedarnos dónde estamos y con quien estamos!
¡No al trato inhumano a los usuarios, no al despido de las trabajadoras/es!
