Como en Francia: ¡hace falta ya una huelga general!
El gobierno “progresista” ha dado una nueva vuelta de tuerca en el proceso de privatización de las pensiones que debería ser contestada. Los trabajadores nos jugamos mucho en ello.
Con el último paquete de reformas, se ponen en práctica de forma encubierta las recomendaciones del Pacto de Toledo: Corregir el “excesivo” gasto en pensiones. La táctica es la de siempre, con algunos pequeños cambios favorables, en los que se corrigen los aspectos más graves de las pensiones mínimas frente a la subida del IPC, la cobertura de lagunas en la vida laboral o la brecha de género se oculta que también se consolidan y se amplían los recortes, y lo peor de todo, se abre la puerta al sistema dual de pensiones. Un plan a 40 años vista, que dice pretender despejar el temor a una supuesta insostenibilidad de las pensiones futuras.
El paripé está montado. Escrivá y el gobierno del PSOE-UP imponen su plan, apoyado por la casi totalidad de la izquierda parlamentaria y la burocracia de CC.OO. Y UGT, y bendecido por Bruselas, que acepta la “estabilización” del Sistema Público de Pensiones, pero abre las puertas a la creación de planes de pensiones paneuropeos, que entregará una parte de las cotizaciones de los trabajadores al capital financiero. El temor de los hombres de negro a que el incendio de Francia se propague por toda Europa pesa en la decisión. La pataleta de la derecha y la patronal por los “enormes” costes que supone, parecen darle credibilidad al engaño. Si el PP-Vox y la CEOE se oponen, por algo será. Y si alguien todavía duda, sólo hace falta recordarle que estamos en año electoral, y que sin este gobierno “progresista” sería peor.
– La nueva reforma no se centra en los planes de ajuste de las prestaciones, sino que amplía los ingresos a la SS con el factor de “equidad intergeneracional”, con el que aumenta un 0,1% anual de la cotización de los trabajadores desde 2024, desde el 0,6% actual hasta el 1,2% en 2029.
– La medida más importante es el destope de la cuota máxima para los próximos 25 años (IPC+1,2), aunque el techo de la pensión también subirá de modo similar. Por consiguiente, el incremento de las bases y las pensiones máximas no implicará una mejora de la financiación del sistema público. El criterio de la cuota de solidaridad es positivo, porque recaudará un 1% (irá subiendo hasta el 6%) en la parte del salario que supera la base máxima (hasta ahora exenta) y que afecta a los salarios más altos. Esto explica la bronca de la CEOE y de la CEPYME. En realidad, los aportes patronales se han ido reduciendo gradualmente con la excusa de que perjudicaban la creación de empleo, lo que ha contribuido a vaciar la caja de la Seguridad Social.
– El período de cómputo pasa de los 25 años actuales a 29, permitiendo durante los próximos 20, elegir el modo de cálculo más favorable, entre los 25, o los 29, descartando los dos años más desfavorables. Sin embargo, consolida el retraso de la edad de jubilación a los 67. La medida favorecerá ahora a unos y perjudicará a otros, pero a la larga la juventud será la más perjudicada (con carreras más precarias) y también agravará la brecha de género.
– Se establece una revisión a los tres años sobre la sostenibilidad del modelo, encomendada al AIREF (un organismo que pedía la reforma del sistema y que está supeditado a la voluntad del gobierno de turno). De este modo, en 2027 puede haber nuevos recortes, sin necesidad de que tengan que pasar por las Cortes, mucho más sujetas a la presión popular que un grupo de “técnicos” sujetos a la voluntad del gran capital.
Lo que ahora nos venden como un cambio favorable a los trabajadores pensionistas, la garantía del IPC (medio, no real), la mejora de las pensiones contributivas más bajas (un 22% hasta el 2027, un índice favorable, pero que no contempla que la inflación puede reducirlo a la nada) en realidad consolida el desmantelamiento del sistema público, hacia un sistema dual, en el que ganarán peso los sistemas privados (de capitalización individual) y donde las pensiones públicas apenas estarán por encima del umbral de pobreza (el criterio que ahora siguen con las no contributivas).
Pedro Sánchez presume impúdicamente de “paz social”, una paz social conseguida con el cerrojo que han puesto los “progresistas” parlamentarios y los burócratas sindicales subvencionados. Mienten cuando dicen que no hay dinero para pagar las pensiones. Para nosotros, los trabajadores en activo y pensionistas, Francia es el ejemplo a seguir. La unidad en la acción que han conseguido sólo puede explicarse por la enorme presión que los trabajadores ejercen sobre sus organizaciones, a la que se han sumado los estudiantes y los chalecos amarillos y ha acabado arrastrando a una parte importante de las llamadas “clases medias.
co.bas y otros sindicatos combativos tenemos que seguir la senda abierta por nuestros hermanos, los trabajadores franceses. Y el primer paso es llevar el debate de las pensiones a las empresas, a través de esa unidad de acción que se está tejiendo por todo el estado. Organizar asambleas en las escuelas, en las universidades, en los barrios y localidades, que sirvan para que los trabajadores y las clases populares se empoderen y se organicen en defensa de sus conquistas sociales.
La pensión no es una prestación concedida gracias a la generosidad de papá Estado, sino salario diferido, destinado para el final de la vida laboral. Por lo tanto, cualquier recorte o privatización es en realidad un robo a los trabajadores.
Ahora toca movilizarse en los centros de trabajo y en la calle. No podemos dejar que nos arrebaten todo lo que es nuestro y que tanto costó conseguir. Preparemos entre todos un plan de lucha y movilizaciones.
¡Hace falta ya una huelga general!
Por la jubilación a los 65 años.
Por una pensión mínima de 1200 euros, revalorizada con el IPC real.
Contra la brecha de género en las pensiones
Por la derogación de las reformas de las pensiones.
