Desde co.bas queremos expresar nuestra más profunda indignación y rechazo ante las recientes informaciones aparecidas en prensa, que revelan un escandaloso caso de corrupción en Tragsatec. La contratación privilegiada de Jessica Rodríguez, quien percibía un salario sin desempeñar trabajo alguno, constituye un insulto a la plantilla y a la ciudadanía.
Nuestro sindicato ha estado implicado desde el principio en la lucha del personal temporal e interino de las Administraciones Públicas, junto a otros sindicatos alternativos, y en colaboración con la Coordinadora Madrileña de Emplead@s Públic@s en Fraude de Ley. Los esfuerzos de sindicatos, plataformas y asociaciones han sido ingentes, todo para defender la estabilidad de miles de trabajadoras y trabajadores, quienes sí han accedido por procesos selectivos válidos a la Función Pública.
Todo este personal se encuentra ahora amenazado por un ERE encubierto en el sector público, mediante unos procesos de (des)estabilización que parecen diseñados expresamente para dejarles en la calle. Son personas que, en muchos casos, llevan a sus espaldas décadas de servicio público.
Este, por suerte, no ha sido el caso de Tragsatec, donde sí se ha realizado un proceso de consolidación de empleo que ha respetado los derechos laborales, pero eso precisamente hace que sea repugnante que un Gobierno, supuestamente “progresista”, eche a la calle a trabajadoras y trabajadores en abuso de temporalidad, mientras, por otro lado, enchufa a saber cuánta gente “recomendada” en empresas públicas como la nuestra.
Este caso de corrupción no sólo representa un flagrante despilfarro de dinero público, sino que también tiene graves consecuencias para la plantilla de Tragsatec, la cual ha demostrado con creces rendir con excelencia a pesar de las nulas recompensas y los bajos salarios.
El escarnio público es total, y trabajadoras y trabajadores se sienten avergonzados ante la opinión pública, a causa de las acciones de unos pocos, que empañan la imagen de la empresa.
El síndrome del burn-out se extiende: la plantilla, que ha logrado beneficios récord con su esfuerzo, se siente frustrada e indignada al ver cómo esos beneficios se dilapidan en favores y privilegios, en lugar de traducirse en mejoras laborales.
Este escándalo se produce, además, en un momento crítico, cuando la empresa, dentro de la negociación de un acuerdo de homologación actualizado, propone recortar derechos y empeorar las condiciones de trabajo, según las informaciones que, como a vosotros, nos llegan de las secciones sindicales participantes en esa negociación, en la que por desgracia no estamos presentes.
Dentro de las lesivas propuestas, se encuentran:
- Aumentar la jornada laboral por encima del límite de masa horaria de 37,5 horas semanales
- Se quieren eliminar los cheques comida y reducir la flexibilidad.
- No se contempla ningún complemento ni mejora salarial.
Resulta inaceptable que, mientras se exige austeridad a la plantilla, se derroche dinero público en contrataciones irregulares y privilegios injustificados. ¿Dónde quedan los principios de mérito, capacidad e igualdad en el acceso al empleo público? Este caso los pone en entredicho. Después de hacer pasar a la plantilla por procesos selectivos para poder conservar su empleo, resulta que presuntamente se adjudican puestos a dedo cuando les conviene.
Nos gustaría que este asunto sirviera para que de una vez por todas la empresa llevase a cabo una verdadera política de transparencia en todos los procesos de selección, incluidos los de promoción interna, estableciendo unas normas claras y uniformes en el desarrollo del proceso, y manteniendo informadas a las personas candidatas en todas las fases del mismo. De esta manera se disminuirían los posibles casos de “enchufismos”, como el que acabamos de conocer.
Ante el caso de Jessica Rodríguez, reclamamos transparencia y rendición de cuentas. Hace falta una explicación clara y contundente sobre cómo se produjo esta contratación y qué medidas se van a tomar para garantizar la transparencia y la legalidad en el futuro. Las medidas internas tomadas hasta el momento, como el cese de una gerente, a todas luces cabeza de turco, no son suficientes.
Es por ello que exigimos:
- Auditorías exhaustivas para esclarecer todos los detalles de este caso y determinar las responsabilidades, llegando hasta el eslabón más alto responsable, sea o no de la empresa.
- Denuncias ante las autoridades competentes para que se investigue y se castigue a los responsables.
- Máxima transparencia en la gestión de los recursos públicos.
En co.bas creemos que, ante la gravedad de este caso, con una persona presuntamente enchufada por mediación de una trama corrupta, sin pasar por la oficina, ni fichar, ni trabajar, de confirmarse debería provocar la dimisión al menos del presidente del Grupo Tragsa y de su director de Recursos Humanos.
Desde co.bas, no vamos a tolerar ni un atropello más. Defenderemos los derechos de la plantilla y exigiremos que se haga justicia. Que el compromiso no sea unidireccional, el personal también se ha ganado que se comprometan de verdad con él, y que sea escuchado y respetado.
¡BASTA DE CORRUPCIÓN! ¡LA PLANTILLA EXIGE RESPETO!
Sección sindical de co.bas Tragsatec
