“El encierro de más de 500 migrantes en la cárcel de Archidona es un fraude de ley”
Ramiro García de Dios (Palma de Mallorca, 1946) es uno de los tres jueces encargados de supervisar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid. Sus autos han permitido mejorar sustancialmente las condiciones de vida de sus internos en aspectos tan básicos como que puedan ir al baño durante la noche –antes tenían que hacer sus necesidades en botellas de plástico y bolsas–, que sean informados de cuándo van a ser deportados con 24 horas de antelación como mínimo –antes llegaban a su país de origen sin que hubiesen podido informar ni siquiera a su familia–, que sean designados por su nombre y no por un número, que puedan utilizar sus teléfonos aunque sea una hora al día, o que algunas ONGs puedan entrar en el centro, entre otras muchas cuestiones básicas para el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de estas personas que, en su inmensa mayoría no han cometido ningún delito. Su única falta, administrativa, carecer de permiso de residencia.
Contrario a la existencia de los CIEs, a los que considera “mucho peores que las cárceles”, sus denuncias sobre “la opacidad e impunidad policial” en estos centros le han valido intentos de descrédito por parte del cuerpo armado.
Pero García de Dios es mucho más que el juez que ha conformado una “jurisprudencia garantista que se ha extendido a otros CIE gracias a una valiente y decidida labor de defensa de los derechos de las personas extranjeras privadas de libertad”, como destacó la Asociación Pro Derechos Humanos de España cuando le concedió su premio anual en 2016. Con 30 años de trayectoria al frente del juzgado número 6 de Plaza de Castilla, se ha convertido en un testigo privilegiado de las consecuencias de la crisis en España.
«…Se utiliza excesivamente la prisión provisional y las penas elevadas, cuando el código penal da margen para imponer otras penas, como multas, trabajos en beneficio de la sociedad….. Se ve en el uso tan elevado del internamiento de personas en CIEs por parte de jueces que no tienen formación en materia de extranjería y que se traduce en que una gran parte de ellas no son expulsadas. Por tanto, algo está fallando en los mecanismos de actuación de los jueces de instrucción…»
De hecho, el 70% de las personas encerradas en los CIEs en 2016 no fueron deportadas finalmente. Pero, volviendo al uso abusivo de las penas de prisión, encontramos que la mayoría de los presos son hombres y mujeres pobres, condenados por delitos menores contra el patrimonio y por el tráfico de estupefacientes. ¿Estamos condenando a las personas por ser pobres?
Efectivamente, la mayoría de estas personas entrarían en la categoría de pobres o que han caído en la pobreza. Y es por la poderosa presión que reciben los legisladores de los lobbiesde las grandes cadenas comerciales. No es normal que se considere delito la mera tentativa de llevarte una piruleta que vale sesenta y cinco céntimos. O llevarte unos calcetines de Primark de 1,75 euros. La pena para el primer intento es una multa. Pero si reinciden o caen en una mera tentativa de hurto de algo que valga más de 400 euros, ya entrarían en prisión porque hay reincidencia.
De los veinte juicios por delitos breves que puedo tener un día, diecinueve son por tentativas de hurto que no llegan a 400 euros: latas de atún, paquetitos de chorizo… Y son para comer. Personas como una de 68 años que me reconoció que había robado ropa en El Corte Inglés para venderla y sobrevivir el mes porque tenía una pensión de poco más de 400 euros que se llevaba prácticamente el alquiler de su vivienda. ¿Quién está detrás de la reforma que ha eliminado las faltas, que no tenían penas de prisión y que no generaban antecedentes? Las grandes patronales de las cadenas que vieron aumentar los hurtos por la crisis.
Usted ha sido un testigo privilegiado de las consecuencias de la crisis.
Pues sí y son personas que no tienen nada. Lo sabemos porque lo comprobamos en el registro de bienes cuando les impongo una multa y no pueden pagarla ni a plazos. Muchos están viviendo con sus familiares y otros en albergues, de ONGs o en la calle.
Con lo cual, se está atascando la Administración de Justicia con causas que no tienen…
Que no tienen ninguna entidad. Es un disparate además por el coste de todo el proceso: atestado policial, detención de la persona, elaborar la denuncia, la citación de los testigos, de los perjudicados… El trabajo de los funcionarios, del secretario, del juez… Miles y miles de euros porque los que controlan el llamado orden socioeconómico buscan escarmentar.
Desde la ciudadanía se entiende que la Policía está absolutamente supeditada a la Administración de la Justicia. ¿Es realmente así?
El subsistema policial, desgraciadamente, aspira a convertirse en un poder autónomo, y constantemente intenta escapar del control del judicial. Pero no existe un poder policial, sino que éste es el brazo operativo del ejecutivo. Esta situación no es consecuencia, sin embargo, de una democracia más o menos degradada, sino que los Estados liberales democráticos han buscado siempre que tuvieran los mecanismos que le permitieran alcanzar fácilmente la impunidad y desarrollar sus decisiones de manera discrecional, mecánica. De ese modo, el control de esas actuaciones por parte del poder judicial es más difícil.
Asimismo, aspira a tener una serie de privilegios en su tratamiento. Por ejemplo, en el Derecho administrativo la declaración de un policía sigue gozando de una presunción de veracidad. Y hay una pretensión de tenerla también en el Derecho penal, lo que es de una irracionalidad absoluta propia del Absolutismo porque en la ley de enjuiciamiento criminal y en un derecho penal y procesal constitucionalizado no puede existir ningún privilegio entre testigos. Pero ellos lo siguen intentando y se sienten muy incómodos cuando sus declaraciones son sometidas a contradicción. Se inventan la teoría de que los jueces tienen que colaborar cuando es el subsistema policial el que tiene que hacerlo. Pero esta tendencia va en aumento en toda Europa y se materializa en la tan repetida y grotesca frase de que “Nosotros detenemos a los delincuentes, que entran por una puerta y salen por la otra”. Lo dicen porque quieren que sus atestados –que sólo tienen el valor de mera denuncia– valgan casi tanto como el escrito de acusación y la condena.
Los miembros del poder judicial tenemos que ser conscientes de esa tensión para ser independientes y no transigir.
De hecho, en 2016 la Unión Federal de Policía formuló una queja ante el Consejo General del Poder Judicial en la que le acusaban de “trato déspota” a unos agentes antidisturbios en el CIE de Aluche por recriminarles que fueran con armas de fuego, con chalecos antibalas, cascos… ¿Cómo es la relación con la policía que controla el CIE?
Desde que se creó en 2009 la figura del juez de control, ya notamos que les molestaba que se les controlase, que se visitase el CIE. Cualquiera que los haya visitado ve que se usa un lenguaje que distorsiona absolutamente la realidad. Llaman ‘salas de ocio’ a unos espacios en los que lo único que pueden hacer los internos es pasar las horas muertas. Los patios son mínimos y es ridículo que a las mujeres les hagan hacer unos dibujitos como esparcimiento. Hablan de biblioteca cuando lo que hay es una estantería con unos pocos ejemplares. Lo único que hacen los trabajadores del servicio médico, externalizado, es mantener su puesto y no generar problemas al subsistema policial.
Molesta que el juez esté allí en visitas prolongadas, cuando para ver lo que pasa hay que hacerlo y de manera habitual. Se trata de una estructura carcelaria, pero mucho peor que cualquier prisión española.
¿Qué es un CIE para usted?
Son centros de sufrimiento y espacios de opacidad e impunidad policial. Centros de sufrimiento porque toda privación de libertad apareja sufrimiento. Pero si encima recae sobre un gran número de personas que no han cometido un delito en su vida, sino que simplemente están internados para ser expulsados por irregularidad, por no tener papeles –bien de origen, o por haber caído en ella porque no han podido encontrar una oferta de trabajo y, consecuentemente, han perdido su permiso de residencia– eso es dramático. Personas que se pueden ver abocadas a la expulsión dejando aquí familiares, una vida.
Opacidad porque lo lógico es que los medios de comunicación tuvieran acceso a los CIE como lo tienen a las prisiones. Pero también por la fortísima presencia de los policías, que actúan sobre la más mínima actividad. No es normal, por ejemplo, que para que te dé una cita el médico tengas que tener el permiso de un policía en lugar de un trabajador social. Y opacidad también en la transmisión de lo que pasa a los jueces de control. Cuando hay una protesta, los informes vienen sobredimensionados. A lo mejor un interno ha tenido unas palabras altisonantes con un policía y ya se habla de amenazas, injurias, ofensas y te ocultan la realidad.
E impunidad porque, ya en general, el subsistema policial opera con un grado intenso de corporativismo por el que si un policía se atreve a denunciar una práctica delictiva de un compañero, es llevado al ostracismo. Tal es así que han tenido que crear unas unidades de asuntos internos, que obran prácticamente en la clandestinidad, porque si se supiese quiénes son sus miembros, les harían la vida imposible.
Ese cierre en banda en centros como los CIE, donde tanto las víctimas de un delito como los testigos pueden ser expulsados en cualquier momento, fomenta la impunidad por la dificultad para investigar unos hechos. Y, si se llega a juicio, su final será la absolución porque las posibles pruebas se han venido abajo.
En agosto de 2016 hubo una sonada protesta en las azoteas del CIE de Aluche. Tengo información de que estaba motivada por el maltrato sufrido por algunos internos por la policía: sonido de películas pornográficas por los altavoces, dejar las luces encendidas durante la noche, pisotear un Corán… ¿A usted le llegaron estos datos?
No porque aquel día le tocaba el turno de control a otra jueza, que además no estaba porque tenía un curso, por lo que tuvo que retomar el tema después. Lo que sí sé es que, supuestamente, entraron los antidisturbios y golpearon indiscriminadamente a personas que no habían participado en la protesta.
Antes de ser juez de control del CIE de Aluche, ¿se podía imaginar lo que ocurre allí dentro?
Sí porque como juez de instrucción tenemos derecho a ir a los CIE si ingresamos a una persona, como también he ido a prisiones cuando he tenido presos preventivos. Precisamente por eso puedo decir que el CIE de Aluche, y no digamos ya el de Algeciras o Tarifa, son bastante peor que las cárceles: en configuración, en medios… Algo radicalmente distinto de la situación en los de Londres o París, donde pueden utilizar teléfonos móviles todo el tiempo, tienen libre acceso a ordenadores y a Internet, existe un gimnasio bien equipado…
¿Cómo valora que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ordenase el encierro de más de 500 personas –que acababan de llegar en patera– en la cárcel de Archidona?
Es un auténtico fraude de ley puesto que con la legislación española vigente no se puede meter en ninguna cárcel, con independencia de cómo estén sus instalaciones, a las personas inmigrantes en situación irregular.
Lo único que autorizó el Tribunal Supremo es que, en base al reglamento de los CIE, en casos de urgente necesidad se pudiera alojar provisionalmente a los inmigrantes en centros que tuvieran las condiciones íntegras similares a un CIE. Y eso significa, que tuvieran los mismos derechos y servicios de tipo asistencial, de ocio, servicio médico, de tramitación de solicitudes de asilo, de servicios de asistencia jurídica, de visitas y control de la situación por parte de un juez de control… Y en Archidona no los tienen. Además no se ha justificado la necesidad, puesto que los habrían podido repartir por los distintos CIE del Estado.
Reportaje completo: http://bit.ly/2mwgNvU
