Desde el sindicato co.bas llevamos tiempo denunciando el mal llamado “Acuerdo por la mejora del empleo público», firmado el 29 de Marzo de 2017 entre el gobierno anterior y las direcciones sindicales de CCOO, UGT y CSIF.
Dicho acuerdo es una estafa y un lavado de cara para ocultar el hecho de que miles de empleados públicos estamos en abuso de temporalidad porque los distintos gobiernos incumplieron durante años sus propias leyes. La temporalidad en el sector público, igual que en el privado, va acompañada de una discriminación laboral respecto al personal fijo, pese a que llevamos años realizando el mismo trabajo, ocupando puestos estructurales y cubriendo necesidades básicas.
26O: Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden.
Desde Cobas no creemos que ninguno de los partidos con representación parlamentaria que se presentan a estas elecciones vayan a solucionar el problema de la temporalidad en el empleo público. Porque todos ellos se disciplinarán al ajuste del déficit público y al recorte en gasto social que imporndrá la Troika, al servicio de los intereses de la banca y las multinacionales. Y aunque algunos hagan referencia a este problema de la temporalidad de forma vaga, no incluyen en sus programas de forma clara ninguna de las reivindicaciones de quienes trabajamos desde hace años en el sector público en condiciones de enorme precariedad.
Tampoco confiamos en que iniciativas como la reciente ILP presentada en el Parlamento Andaluz para estabilizar por concurso de méritos al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía llegue a buen puerto, menos aún si no va acompañada de la lucha y la movilización en la calle. Las enmiendas que le hagan los grupos políticos durante su tramitación pueden acabar desvirtuándola por completo, y además esta ILP no es ninguna solución para el personal en fraude de ayuntamientos, o para los que trabajamos en las distintas agencias y otros entes instrumentales de la Junta de Andalucía.
Pese a ello, nos parece una iniciativa loable que pone encima de la mesa el problema de la temporalidad en el sector público, y por eso y pese a sus limitaciones, la defendemos frente a quienes de forma rastrera y servil al poder, pretenden usarla para enfrentar al personal interino con el personal fijo y los miles de opositores. No puede caber ninguna duda: los gobiernos y NO el personal interino son los únicos responsables de que durante años no se hayan ofertado y sigan sin ofertarse las plazas que legalmente corresponderían, y menos aún las que harían falta actualmente para atender las necesidades sociales
¡Ninguna confianza en las instituciones. Más que nunca, unificar las luchas!
Desde Cobas nos parece un error plantear nuestra lucha desde el corporativismo, y por ello la planteamos desde la defensa de los servicios públicos, contra los recortes sociales y su privatización, y desde la solidaridad de toda la clase trabajadora.
En un momento como el que estamos viviendo de ataques brutales a la clase trabajadora, la lucha de los trabajadores temporales de la administración por su derecho a la fijeza y por unos servicios públicos y de calidad, tampoco puede separarse de otras demandas sociales y laborales, como la exigencia de derogar las reformas laborales del PPSOE o por unas pensiones dignas e iguales para tod@s.
E igualmente va unida a la batalla por la igualdad, ya que somos las mujeres las que como trabajadoras dentro del sector público, ocupamos los puestos más precarios. En la administración, la brecha salarial de género es de media un 19%, llegando hasta el 27% en algunos sectores como la sanidad, donde somos mayoría, al igual que en educación o servicios sociales. A esto se añade el hecho de que el ataque a los servicios públicos nos supone en el ámbito privado una sobrecarga en los trabajos domésticos y de cuidados, de los que el Estado se desentiende, y de los que esta sociedad patriarcal nos responsabiliza.
Respecto a las demandas, somos los primeros en animar a denunciar ante los tribunales nuestra situación en fraude de ley, y consideramos muy positivo que gracias a las miles de demandas interpuestas la pelota sobre nuestra situación esté ahora en el tejado del Tribunal superior de Justicia de la UE. Evidentemente, una sentencia favorable del TJUE sobre la sanción que corresponde a la administración española por el abuso de la temporalidad en el empleo público será un argumento legal poderoso para exigir a los gobiernos que legislen a nuestro favor.
Pero no podemos confiar ciegamente en un sistema judicial que sabemos no es imparcial, y tantas veces ha demostrado estar del lado de los poderosos. El propio trabajador cuya causa prejudicial se verá el 17 de octubre en Bruselas ya ha dicho que su caso no termina ahí, sino que cuando haya sentencia, su caso volverá a Madrid donde el Supremo y el Constitucional no están a favor de reconocer su fijeza en el puesto. Sólo con presión popular y movilizaciones masivas es posible cambiar el sentido de sentencias injustas, como ocurrió en el caso de «La Manada».
Frente a la burocracia sindical traidora, necesitamos un sindicalismo de clase y combativo que unifique las luchas y no se limite a judicializar todos los conflictos laborales, sino que a la batalla judicial o en las mesas de negociación, le sume la lucha y la movilización en las calles como principal táctica sindical, y sobre todo que recupere el protagonismo de las asambleas de trabajador@s para decidirlo todo con democracia obrera.
Desde Cobas Sevilla llamamos a todas las empleadas y empleados públicos, y en especial a aquellos que estén en lucha por su estabilidad laboral y cuyo puesto de trabajo esté en peligro, a participar con nosotr@s junto a la plataforma «Empleados públicos por la estabilidad laboral», en la manifestación del próximo 26 de octubre en Sevilla, en defensa de unos servicios públicos de calidad y por nuestros derechos sociales y laborales.
