A 134 años del primer 1º de Mayo, y a 132 años del primero que se celebró internacionalmente, la clase trabajadora alrededor de todo el mundo nos enfrentamos a una situación sin precedentes. Y en medio de esta situación dramática los trabajadores/as están combatiendo en primera línea contra la pandemia, haciendo la mayor demostración de que la clase obrera es la única clase capaz de salvarnos de esta pandemia y de la debacle a la que nos arrastra este sistema social.
A la emergencia sanitaria del coronavirus, se suma una crisis económica que ya venía larvada, pero que esta pandemia ha detonado definitivamente.
Las perspectivas son de una situación aún más grave que tras la crisis económica que comenzó en 2008; el FMI proyecta una caída de hasta el 8% del PIB. El capitalismo intentará de nuevo hacernos pagar a los trabajadores y trabajadoras la factura. Los primeros pasos en esta dirección ya nos alertan de ello.
El confinamiento se ha descargado sobre nuestros hombros, con la colaboración de CCOO, UGT y otros sindicatos burocráticos. Hubo más de un millón de despidos, y 3´5 millones de trabajadr@s afectados porERTEs (subvencionados con dinero público). Todo para que grandes corporaciones, que acumulan beneficios multimillonarios cada año, no tuvieran que poner un céntimo.
Tras la parada económica (de la que se tendrán que devolver las horas con total flexibilidad para la patronal), la reactivación de las actividades no esenciales se ha hecho contra el criterio sanitario y científico, de manera apresurada y sin que ni siquiera estuviera asegurado el suministro de los equipos de protección necesarios. Esto pone en riesgo la vida de aquellos trabajadores y trabajadoras obligados a volver al tajo, y la de sus familiares.
Aquí, como en los demás países, quienes toman las decisiones son las grandes corporaciones económicas y la banca: los gobiernos están sometidos y obedecen. Se deja al descubierto que el sistema capitalista es un cúmulo de irracionalidades: ponen en riesgo lo que hasta ahora se ha conseguido sobre el control de la pandemia, en pos de que el IBEX 35 pueda reactivar la caja registradora lo antes posible.
Mientras se realiza una masiva operación de salvamento al gran capital, los trabajadores y trabajadoras más precari@s se enfrentan a una situación límite.
Ante la falta de ingresos en muchas familias, el gobierno en lugar de suspender el pago de alquileres,se ha limitado a facilitar y avalar créditos con bancos.
Las mujeres trabajadoras sufren doblemente esta realidad, al concentrar las mayores tasas de temporalidad, trabajo irregular y bajos salarios. Ahora que la epidemia ha obligado a tener a l@sniñ@s en casa, o a cuidar de l@s mayores, son las mujeres las que se han hecho mayoritariamente cargo, teniendo que reducir sus jornadas, ahondando aún más la brecha salarial y la mayor temporalidad femenina.
También los trabajadores y trabajadoras migrantes se ven expuestos a situaciones especialmente graves. En muchos casos, al carecer de permiso de residencia o trabajo, no se pueden acoger a ningún tipo de ayuda o prestación pública. A veces, ni siquiera tienen condiciones de alojamiento básicos, viviendo hacinados o en poblados chabolistas, como l@s temporeros/as del campo.
Defender y reforzar los servicios públicos
En esta situación extrema ha aflorado la inutilidad, la rapiña, de las empresas privadas y su intromisión en la sanidad, las residencias para mayores o los servicios de atención a domicilio.
Ha tenido que aparecer esta enfermedad contagiosa y descontrolada para que la importancia de los servicios públicos se haga patente. Hoy cobran más razón que nunca las denuncias y la lucha que venían librando la Mareas Blanca y organizaciones sociales, sindicales y políticas en defensa de los servicios públicos.
El desmantelamiento de la sanidad, antes del coronavirus, con recortes de materiales, de espacios sanitarios y de profesionales, ha potenciado el colapso del sistema sanitario, provocando mala atención y miles de personas fallecidas por no ser atendidas debidamente.
Por su parte, las residencias de mayores se han convertido en una verdadera trampa mortal para miles, en las que la privatización de estos centros provocaba una pésima atención. En los Servicios de Atención a Domicilio también se ha hecho notar la falta de recursos.
Cuando una empresa privada recibe la externalización de un servicio básico como éstos, su primer objetivo es ganar el máximo dinero posible. Es decir, gastar lo menos posible en materiales o en personal. Bajo esa premisa, es imposible esperar que la atención sea buena. Por ello, es vital devolver a manos públicas todos los servicios, invirtiendo en ellos los suficiente.
Confinamiento no es resignación: preparemos la salida
Este 1º de Mayo no podremos tomar las calles. Pero no nos podemos permitir que eso signifique resignación. Se acerca el desconfinamiento, y con él debemos recuperar el pulso de la lucha. La clase obrera no podemos perdernos en medio de los canticos al patriotismo y a los Pactos Sociales, por eso desde Co.bas llamamos a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas a construir una respuesta unitaria para reclamar una auténtico Plan de Choque Social para la clase trabajadora:
- La declaración como “nulos por decreto” de todos los despidos, con carácter retroactivo, desde el comienzo de la emergencia sanitaria.
- Que ninguna familia se quede sin poder afrontar los gastos esenciales. Suspensión de pagos hipotecarios, de alquileres y de facturas de luz, agua y gas para personas vulnerables.
- La actividad laboral se debe minimizar estrictamente a lo esencial mientras dure la emergencia sanitaria. Todos los trabajador@s que realicen actividades esenciales deben hacerse los test, a ellos y a las personas con las que convivan y aislar a los positivos. Las empresas deben asegurar medidas suficientes de protección de la salud y la entrega de equipos de protección completos a todos los trabajadores y trabajadoras antes mencionados.
- Sanciones a las empresas que han impuesto bajo chantaje la toma de vacaciones o disfrute de días libres para estos días de confinamiento.
- Cumplimiento del carácter de “permiso retribuido” para la situación de las y los trabajadores de las empresas afectadas por el cierre obligado del 30 de marzo al 9 de abril sin la imposición de “recuperable”.
- Refuerzo inmediato de la sanidad pública, revirtiendo los recortes sufridos desde 2008. Nacionalización de la sanidad privada, para integrarla en el sistema público.
- Para costear esa inyección de recursos en la sanidad: recuperación de los 65.000 millones que la banca no devolvió del rescate financiero y que los Borbones entreguen el dinero de las cuentas en Suiza y fondos en Panamá.
- Impago de la deuda externa (contraída por los grandes banqueros) que nos ata las manos a la hora de realizar cualquier medida que anteponga nuestros servicios sociales al interés de las grandes corporaciones. Esto nos obliga a luchar contra las imposiciones de la UE.
Coordinadora Estatal
