La extensa legislación y su complejidad dificultan el conocimiento por parte de las trabajadoras y trabajadores, así como del resto de la ciudadanía, de las obligaciones empresariales para prevenir que su actividad genere impactos al medio ambiente. Conocer las leyes medioambientales es un paso fundamental para luchar contra las agresiones que a diario se producen contra nuestro entorno, con las consecuencias sobre el clima y la salud que todas y todos conocemos y padecemos.
A continuación se ofrece un listado de las normas básicas y más relevantes que cualquier empresa debe respetar :
- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental: aplicable a todo tipo de actividades económicas, esta norma regula la responsabilidad de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales. Establece la obligación de reparar el daño causado con independencia de las sanciones administrativas o penales que también correspondan.
- Ley de Aguas, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas: las autorizaciones administrativas sobre establecimiento, modificación o traslado de instalaciones o industrias que originen o puedan originar vertidos, se otorgarán condicionadas a la obtención de la correspondiente autorización de vertido.
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados: aplicable a todo tipo de organizaciones establece el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y de los suelos contaminados. Incluye las obligaciones de las actividades que generan residuos, la documentación asociada a la entrega de dichos residuos, etc.
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases: afecta a los agentes relacionados con la fabricación y utilización de productos envasados y sus residuos.
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido: establece sanciones de hasta 300.000 euros para infracciones muy graves que impliquen la superación, por parte de los emisores acústicos, de los valores límite de contaminación acústica.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: el último texto de este instrumento preventivo destinado a determinar la compatibilidad ambiental de un determinado proyecto, incorpora novedades de tramitación que trasladan al promotor del proyecto gran parte de la carga del procedimiento.
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación: aunque sólo afecta a las actividades recogidas en su anexo, regula la Autorización Ambiental Integrada, cuya vigencia ha quedado supeditada a la aparición e incorporación de mejores técnicas disponibles para cada sector de actividad.
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera: establece el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, entendidas como aquellas que por su propia naturaleza, ubicación o por los procesos tecnológicos utilizados constituyan una fuente de contaminación cuyas características pueden requerir que sean sometidas a un régimen de control y seguimiento más estricto. Regula los procedimientos de autorización o notificación de actividades incluidas en los grupos A, B y C de dicho catálogo.
- Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero: establece la autorización de emisión de gases de efecto invernadero exigida a las instalaciones que desarrollen actividades enumeradas en la propia ley, así como todos los elementos necesarios para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
- Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP), que lo modifica: norma que, entre otras muchas cuestiones, tipifica como falta muy grave la comercialización sin la ficha de datos de seguridad de sustancias y mezclas que reúnan los criterios para ser clasificados como peligrosas o el incumplimiento de la obligación de adjuntar en la ficha de datos de seguridad el anexo relativo a los escenarios de exposición.
